La ofensiva de La Libertad Avanza para eliminar tasas en 116 distritos reabrió una discusión de fondo en la política bonaerense: la debilidad fiscal de los municipios, la concentración de recursos en Nación y Provincia y una autonomía local que, en los hechos, sigue siendo limitada. Entre la baja de recaudación, la caída de la coparticipación y una ley orgánica de 1958, el conflicto excede largamente la discusión impositiva.
(por Antonio Muñiz)
La pelea por las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires ya dejó de ser una discusión meramente tributaria. Detrás de la ofensiva libertaria para eliminar o reducir tributos locales se abrió un debate más profundo, incómodo y estructural: cómo se financian los municipios, qué grado real de autonomía tienen los intendentes y hasta dónde puede llegar un gobierno local cuando cada vez asume más funciones, pero no recibe recursos en la misma proporción.
La Libertad Avanza decidió llevar su discurso de baja impositiva al plano municipal con una avanzada simultánea en 116 distritos bonaerenses. El plan contempla proyectos para eliminar 138 tasas y reducir otras 122, bajo el argumento de que existen “impuestos encubiertos” que afectan la producción y castigan a los contribuyentes. La movida agitó el debate político, pero también obligó a oficialistas, radicales e incluso a intendentes de distinto signo a poner sobre la mesa una pregunta más de fondo: si se eliminan tasas, ¿con qué recursos sostendrán los municipios los servicios que hoy prestan?
La ofensiva de La Libertad Avanza para eliminar tasas en 116 distritos reabrió una discusión de fondo en la política bonaerense
Desde el gobierno de Axel Kicillof la respuesta fue inmediata. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, rechazó la ofensiva libertaria y sostuvo que el peso de las tasas municipales en la estructura tributaria total es marginal. Citó para ello un informe de FADA según el cual, sobre la renta agrícola, el 93,6% de la carga impositiva corresponde a tributos nacionales, el 5,7% a provinciales y apenas el 0,7% a tasas municipales. Con ese dato, la Provincia buscó desmontar la idea de que el problema de competitividad productiva se explica por los tributos comunales.
Pero el oficialismo bonaerense no fue el único que aprovechó la discusión para correr el foco hacia el reparto de recursos. Desde el radicalismo también surgió una lectura crítica del sistema actual. La senadora Nerina Neumann Losada planteó que la controversia por las tasas es una oportunidad para revisar cómo se financian los municipios y recordó una foto fiscal que explica buena parte del malestar de los intendentes: aproximadamente el 80% de los ingresos tributarios queda en manos de la Nación, el 16% en la Provincia y apenas el 4% llega a la órbita municipal.
Ese dato no es menor. Los municipios son la primera ventanilla del Estado ante el vecino, pero al mismo tiempo son el eslabón más débil del esquema fiscal. Recolectan residuos, mantienen calles, sostienen parte de la atención primaria de salud, intervienen en seguridad, responden ante emergencias sociales y ejecutan obra pública menor. Sin embargo, dependen en gran medida de la coparticipación provincial y de una estructura institucional que muchos intendentes consideran obsoleta.
Uno de los que lo expresó con más claridad fue el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua. El jefe comunal advirtió que el debate por las tasas vuelve a exponer un problema estructural que la política arrastra hace décadas: hay responsabilidades crecientes en el nivel local, pero sin una asignación equivalente de recursos. Además, reclamó revisar la Ley Orgánica de las Municipalidades, el decreto-ley 6769/58, al que calificó como un marco vetusto para demandas que hoy exigen otra velocidad y otra capacidad de respuesta.
La situación financiera de varios municipios explica por qué la discusión no puede reducirse a una consigna antiimpuestos. En Tandil, el intendente Miguel Lunghi alertó que la cobrabilidad de tasas cayó al 56%, cuando históricamente se ubicaba bastante más arriba, y vinculó ese deterioro a las dificultades económicas de las familias y a una pérdida multimillonaria de ingresos. En Trenque Lauquen, Francisco Recoulat reveló que hacia fines de febrero había ingresado apenas la mitad de los fondos previstos, una señal de alarma para administraciones que deben sostener salarios y servicios con una caja cada vez más ajustada.
En ese contexto, el radicalismo bonaerense propuso una salida política y fiscal: elevar de manera progresiva la coparticipación municipal del 16,14% actual al 20% en un plazo de cuatro años. La idea es reducir la dependencia de los distritos respecto del poder provincial y darles mayor previsibilidad para financiar gastos corrientes y obras básicas. El proyecto incorpora, además, la obligación de aprobar un plan de obras municipales junto con el presupuesto, de modo de garantizar un piso de inversión local con recursos más estables.
La discusión, sin embargo, no termina en la coparticipación. En la Legislatura bonaerense también empezó a asomar otro debate de largo alcance: el de la autonomía municipal consagrada por la Constitución Nacional de 1994, cuyo artículo 123 obliga a las provincias a asegurarla en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. Buenos Aires es, históricamente, uno de los casos más discutidos por la distancia entre ese mandato y el funcionamiento real de sus municipios.
En esa línea se inscribe el proyecto del diputado provincial Héctor Gay, exintendente de Bahía Blanca y actual referente de La Libertad Avanza, que propone reformar distintos artículos de la Constitución bonaerense para garantizar una autonomía municipal más amplia. La iniciativa apunta a modificar el régimen vigente en los artículos 190 a 197 de la Constitución provincial y a adecuarlo a la manda federal. Más allá de las diferencias partidarias, el dato político es significativo: la ofensiva libertaria contra las tasas convive, al mismo tiempo, con una bandera histórica de muchos intendentes de todos los colores, que reclaman mayor margen de decisión y menos tutela provincial.
Esa convivencia de discursos revela una contradicción de época. Por un lado, se impulsa una poda de tasas con fuerte contenido político y electoral. Por el otro, se admite que el régimen municipal bonaerense necesita una reforma de fondo. La pregunta es si la discusión actual servirá para encarar esa transformación o si apenas quedará en una nueva batalla discursiva entre oficialismo y oposición. Porque si se avanza sólo en la eliminación de tributos sin rediseñar el reparto de recursos ni las competencias, el resultado puede ser una mayor asfixia de municipios que ya llegan exigidos a mitad de camino.
La pelea por las tasas, en definitiva, destapó algo más importante que una controversia impositiva. Puso al descubierto la fragilidad del municipalismo bonaerense. Expuso que los intendentes gestionan cada vez más problemas con herramientas limitadas. Y reabrió una deuda política que la provincia arrastra desde hace décadas: discutir en serio autonomía, coparticipación y responsabilidades, para que los municipios no sigan siendo la cara visible de un Estado al que se le exige mucho, pero se le niega financiamiento.
