Edición n° 3337 . 10/01/2026

La pata macrista de la estafa Vicen­tin al Nación

La Jus­ti­cia ordenó la inhi­bi­ción de bie­nes de direc­ti­vos macris­tas del Banco Nación, impu­ta­dos junto a direc­ti­vos de Vicen­tin en una estafa por 300 millo­nes de dóla­res.

(Por Raúl Dellatorre en Página/12/DIRECTOR DE MOTOR ECONÓMICO) La Justicia ordenó la inhibición de bienes de directivos macristas del Banco Nación, imputados junto a directivos de Vicentin en una estafa por 300 millones de dólares 

La Justicia Criminal y Correccional Federal dispuso el embargo y la inhibición de bienes de los economistas del macrismo Javier González Fraga y Lucas Llach, quienes ocupaban los cargos de presidente y vice del Banco de la Nación en el año 2019, al considerarlos responsables de la estafa por 304 millones de dólares contra la entidad, a través de créditos a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA (del mismo grupo empresario) “que hasta la actualidad siguen considerados de cobro incierto”.

La imputación, firmada por el titular del Juzgado 10 del citado fuero, Julián Ercolini, sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentín SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75″.

Vicentin, firma agroindustrial que en esos años llegó a encaramarse en el primer lugar del ranking de exportadores de cereales y oleaginosos, recibía créditos por prefinanciación de exportaciones, cuya garantía estaba dada por los cobros de las ventas al exterior, que la firma recibía a través de cuentas especiales en el mismo Banco Nación.

Por dichas cuentas, “número 4280047390 en dólares y 4280047287 en pesos, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos, entre agosto y diciembre de 2019 circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902, respectivamente”, señala la imputación firmada por el juez.

Pero, en vez de preservar la intangibilidad de esos fondos de garantía, sobre todo cuando la firma Vicentin ya estaba en posición de deudora morosa del banco, “los funcionarios habrían posibilitado entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 que desde las dos cuentas mencionadas se liberaran un total de $ 43.449.104.966, al autorizar que dicha suma fuera progresivamente transferida a través de 125 operaciones a la cuenta corriente nro. 4282044266 –también radicada ante el BNA–, desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”, apunta la decisión judicial.

La imputación sostiene que, a través de dicha maniobra, “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentín SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75″.

De esa forma, en vez de intimar a las empresas del grupo Vicentin el pago de la deuda que se hallaba vencida, les otorgaban sucesivos permisos (a veces, varios en una misma semana) para que distintos directivos de la empresa retiraran los fondos de las cuentas constituidas como garantía, liberando así su disponibilidad.

Adicionalmente, en el mismo período, el directorio del BNA dispuso el “otorgamiento presuntamente irregular de veintiocho préstamos por un total de U$S 105.500.000, que fueron concedidos al Grupo Vicentin entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019”. Es decir, a un ritmo de casi dos préstamos por día hábil.

“Para ello, los funcionarios habrían omitido considerar que el grupo empresario al 7 de noviembre de 2019 ya contaba con una deuda vencida y exigible de U$S 149.500.000, que se hallaba excedido en la normativa GERC del BCRA desde por lo menos el 31 de julio de 2019”, sentencia la resolución. Esto último se refiere a que Vicentin concentraba prácticamente el 20 por ciento del total de la cartera crediticia del BNA, una proporción no permitida por la normativa del Banco Central.

Unos días después del útimo retiro de fondos, y horas antes de que Mauricio Macri abandonara el cargo de presidente de la Nación (y González Fraga y Llach sus asientos en el Directorio del Banco Nación), Vicentin se declaró en cesación de pagos (el 6 de diciembre de 2019), pese a la suculenta cifra de 105 millones de dólares retirados de la entidad durante el mes anterior.

Fuentes extraoficiales aseguran que las “facilidades” por fuera de las normas que obtenía Vicentin eran gestionadas directamente por los hermanos Sergio y Gustavo Nardelli en Casa Rosada, máximas autoridades de Vicentin en ese momento, desde donde se supone que salía la orden al Nación para otorgar los beneficios descriptos. Sefrá tarea del juez verificar la exactitud de la versión y la eventual complicidad de las autoridades políticas. Los Nardelli, y Vicentin, figuraban a la cabeza de los aportantes a las campañas electorales de Mauricio Macri.