En 2025, la Argentina registró un récord histórico de suicidios. Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, 5.209 personas se quitaron la vida durante el año pasado, un 22,6% más que en 2024, cuando se registraron 4.249 casos. La tasa nacional trepó a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial de 9,1 que estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS), y desde 2023 el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta en el país, con una cifra que triplicó a la de los homicidios dolosos. Esta dramática tendencia se viene expresando con particular fuerza entre las fuerzas de seguridad del país, muy golpeadas por las políticas salariales del Gobierno de Javier Milei.
Para las especialistas consultadas, el fenómeno no admite una lectura individual. Alicia Stolkiner, referente en Salud Mental Comunitaria, sostuvo que «la acumulación de riqueza y el aumento de la desigualdad en la Argentina y el mundo fue impresionante, y eso vino de la mano de la ruptura de los lazos comunitarios que generan condiciones para que aumente el sufrimiento». En la misma línea, Laura Poverene, doctora en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, ubicó el problema en un escenario de precarización laboral y pérdida de horizontes compartidos, y advirtió que «no puede ser reducido a un problema individual o psicopatológico, ni descontextualizado».
Dentro de ese panorama general, las fuerzas de seguridad federales aparecieron como el sector con mayor incidencia entre los trabajadores públicos. La propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, admitió que durante 2025 los suicidios dentro de las fuerzas federales crecieron un 30% respecto de 2024. La funcionaria reconoció los altos niveles de endeudamiento formal e informal del personal y la insuficiencia de los salarios, precisando que un policía o un gendarme está cobrando alrededor de 900.000 pesos, una cifra que dejaría a un grupo familiar por debajo de la línea de pobreza.
Pese al diagnóstico propio, la respuesta oficial no pasó de gestiones una vaga promesa de próximas gestiones al respecto. Monteoliva señaló que mantiene conversaciones junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, con la Jefatura de Gabinete y el equipo económico para avanzar en una recomposición salarial y evaluar ayudas financieras para el personal endeudado. «Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo», sostuvo la ministra, aunque hasta el momento el Gobierno no anunció ninguna medida concreta al respecto.
El endeudamiento no es un dato menor ni ajeno a la dinámica del suicidio en las fuerzas sino que, según la evidencia académica, constituye uno de sus principales desencadenantes. Un estudio de 2024 del investigador Santiago Galar, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (CONICET-UNLP), relevó el fenómeno entre el personal de las fuerzas federales para el período 2016-2023 y encontró que la tasa de suicidios en ese ámbito duplicaba a la tasa nacional ajustada por edad. La investigación identificó a las «situaciones de deudas financieras» como una de las principales circunstancias precipitantes del suicidio policial, junto con los problemas de pareja y los diagnósticos de enfermedades terminales, y señaló como factores de riesgo estructurales el acceso continuo al arma de fuego y las barreras institucionales para la consulta en salud mental. Y, desde la asunción de la administración de Javier Milei, la situación económica de las fuerzas de seguridad no ha hecho más que agravarse.
El cruce de estos datos presenta un escenario dramático, en el que el propio Gobierno reconoce que la deuda y los salarios insuficientes golpean con más fuerza a quienes integran las fuerzas de seguridad, mientras la evidencia académica confirma que el sobreendeudamiento es uno de los principales desencadenantes de la decisión suicida en ese colectivo. Sin una recomposición salarial concreta, la administración de Javier Milei sigue perdiendo la pulseada contra una crisis que, como reconoció su propia ministra de Seguridad, ya se cobró decenas de vidas dentro entre las fuerzas.
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