El trabajo del CEPA enumera los pasos que marcaron el retroceso del Estado en sus funciones. El análisis de los costos para el ciudadano. La desestructuración económica y social
Con las facultades delegadas que le otorgó la Ley Bases, el Gobierno desmanteló el Estado, favoreció la concentración económica, recortó la inversión social y aumentó el desempleo público. También retrocedieron derechos laborales y sociales, mientras se avanzó en la entrega de activos estratégicos mediante privatizaciones. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe donde repasa y evalúa todas las medidas que la administración de Javier Milei ejecutó desde el 8 de julio del año pasado, cuando se aprobó la Ley Bases, normativa que le dio la posibilidad de gobernar sin depender de la órbita legislativa.
Hasta el 4 de julio de este año se dictaron 157 decretos de carácter legislativo: 75 de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 delegados, de los cuales 61 se autoamparan en la Ley Bases, sostiene el informe. “Esta concentración de poder no solo vació de sentido el rol del Congreso, sino que habilitó una avanzada sin control sobre las instituciones públicas”, indicó el informe.
Con el eufemismo de la Reforma del Estado (Título II de la Ley), el Gobierno avanzó en la disolución de organismos y fondos fiduciarios, en transformaciones de organismos y empresas públicas (en sociedades anónimas como paso previo a privatizarlas) y en modificaciones de las funciones de dichos organismos. Además, se desregularon actividades privadas, siguiendo el camino abierto por el DNU 70/2023.
La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es uno de los 9 casos que presenta el CEPA. Y deben sumarse también los próximamente sancionados INTI e INTA, así como de los Institutos Nacionales de Agricultura Familiar, campesina e indígena, el de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Además de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otras.
La disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, del Progresar, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el del Programa Pro.Cre.Ar, son otros ejemplos en más de 20 que recapitula el informe donde el Estado se corre de sus funciones.
“La desarticulación de estos organismos genera costos para los ciudadanos ciudadanos. Un ejemplo es el cierre de las delegaciones del renombrado ARCA que no beneficia a nadie más que a los evasores”, sostiene Alejandro Vanoli, economista y ex presidente del BCRA. También advirtió que “el extremismo de este Gobierno –que hace que no sea sostenible ni económica, ni política, ni socialmente- genera altas posibilidades de que haya un cambio en las reglas de juego, y eso desestimula la inversión”.
“No hay garantías de rentabilidad para el sector privado, ni en el mercado interno ni como competitividad exportadora, salvo los altamente rentísticos. A pesar del RIGI, el retiro del Estado reduce la inversión privada, al igual que el clima permanente de conflictividad. Se necesitan acuerdos a nivel país para generar estímulos para incrementar la productividad”.
Sobre las transformaciones de organismos, el informe del CEPA repara en que “estuvieron atravesadas por una mirada ideológica, en contra de las políticas de Derechos Humanos (como los vinculados al Museo de la Memoria, al Sitio ESMA y Datos genéticos) y en contra de íconos de la cultura y la historia argentina (Institutos Sanmartinianos, Yrigoyeneano, Eva Perón, Comisión de bibliotecas populares, instituto de Asuntos Indígenas, entre otros)”.
Otras transformaciones tuvieron que ver con el impulso a las privatizaciones, “como un mecanismo orientado a conseguir financiamiento externo”, sostiene el CEPA. Se habilitó la privatización total o parcial de ocho empresas: Energía Argentina SA (Enarsa), Corredores Viales, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (privatización parcial) y Nucleoeléctrica Argentina SA (privatización parcial).
Y, por fuera de la Ley Bases, se avanzó sobre Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, y también sobre el Banco Nación, al que intentó convertírselo en sociedad anónima hasta que una medida judicial la impugnó.
A contramano del mundo
“Un proceso de desregulación de mercados tan profundo y desestructurante como el que encarna el actual Gobierno ocurre en un marco internacional que se mueve en una dirección diametralmente opuesta. En el mundo, los Estados están consolidando la regulación de los mercados a la luz de la crisis de hegemonía, el enfrentamiento de bloques y la crisis real”, sostiene Roberto Feletti, economista, ex diputado nacional y ex Secretario de Comercio de la Nación. “En el mundo se valora la producción interna, la soberanía alimentaria y energética. No se dejan libradas a decisiones del sector privado. Se planifican las economías, un claro ejemplo es la política de Trump en Estados Unidos”.
“Es muy grave retirar al Estado de la economía en este contexto, deja a Argentina indefensa frente al flujo de comercio excedente de las otras naciones”, resalta Feletti.
“La desregulación no puede ser generalizada. Se puede dar en algunos sectores donde haya vocación de estimular la competitiviadad o productividad en función de una mirada global de la economía y aplicando políticas sectoriales. Pero la desregulación masiva deja a la población a expensas de la voracidad del sector privado”, agrega el especialista.
Según el relevamiento del CEPA, la desregulación según la Ley Bases involucró sectores tan disímiles como los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) y la telefonía móvil; la actividad aerocomercial; la navegación y la marina mercante y también la tenencia de armas.
“Las regulaciones se pusieron para proteger a los ciudadanos de los monopolios e impulsar desarrollos que se articulen con proyectos más colectivos”, concluye Feletti.
Destruir el Estado
“La idea de Milei de que es un topo que vino a destruir el Estado desde adentro no era para subestimarla. Es lo que hicieron también con vehemencia en estos últimos meses que destruyeron un área del Estado cada día porque se les terminaban las facultades delegadas. Este proceso, hecho así, nos impide tener una discusión democrática sana sobre reformas que deberían darse en el Estado a favor de las mayorías”, sostiene la economista y docente, Delfina Rossi.
“Estamos viendo un Estado que funciona solamente para emitir deuda y garantizar el carry trade. Pero que se corre de cuestiones mínimas de regulación de los mercados, como también de la garantía de derecho: cuando vemos un Estado que no le importa el Garrahan, que desfinancia la ciencia y la tecnología, y la cultura, y reduce el sueldo a los trabajadores y cierra centros de memoria histórica”, agregó.
