Edición n° 2653 . 26/02/2024

La justicia habilitó la feria para tratar el amparo de la CGT contra el DNU de Milei

La sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo definió este martes habilitar el receso judicial para tratar el recurso que presentó la CGT contra el decreto 70/2023 de Javier Milei. La central obrera pidió que se declare la inconstitucionalidad y se deje sin efecto la aplicación del «Título IV Trabajo» que busca desregular las condiciones laborales de los trabajadores.

La Cámara Nacional del Trabajo habilitó la feria para tratar los planteos de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei –con el que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) pretende regular la economía y el mundo laboral en beneficio de los grandes grupos económicos.

Después de una presentación de la CGT, la sala de feria de la Cámara del Trabajo –integrada por los jueces María Dora González y José Alejandro Sudera– resolvió que los planteos se analicen durante el receso de enero.

“Frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria solicitada”, escribieron los camaristas del fuero del trabajo.

El 27 de diciembre pasado, la CGT mostró en sociedad la que será su táctica frente al DNU de Milei: la impugnación judicial y la movilización en las calles. Ese día, presentó un amparo que quedó radicado en el juzgado de José Ignacio Ramonet. En la presentación, la CGT pedía que se declarara la inconstitucionalidad del DNU y que se dictara una medida cautelar para impedir que sus efectos empezaran a golpear a los trabajadores.

El juez Ramonet aceptó la competencia del fuero laboral, pero dijo que no podía dictar una cautelar porque entendía que el DNU no estaba en vigencia –en efecto, entró el 29 de diciembre. El magistrado, además, emplazó al Poder Ejecutivo a responder en un plazo de tres días a los planteos de la CGT.

El gobierno de Milei, consciente de que el fuero laboral no es un terreno que vaya a favorecerlo, quiere que todos los planteos se concentren en los tribunales en lo contencioso administrativo. En esa línea, le pidió al juez Esteban Furnari –el primero que aceptó tramitar el amparo colectivo que presentaron el economista Claudio Lozano (Unidad Popular), la CTA Autónoma, ATE y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad– que atraiga todos los cuestionamientos que se impulsaron judicialmente contra el DNU.

La CGT recurrió tanto la decisión de no dictar una cautelar contra el DNU como el pedido de Furnari para que le manden también esa causa a su juzgado. El tema se dirimirá durante la feria. La Cámara del Trabajo ya le pidió al fiscal que dictamine.

Otro magistrado que decidió habilitar la feria para resolver un amparo presentado contra el megadecreto fue Juan Pablo Augé, de la justicia federal de Lomas de Zamora. Ante un planteo de Roberto Federico Crespo Armengol, Augé consideró que era un tema para tratarse en enero pero lo remitió al juzgado de su colega Furnari. Lo hizo siguiendo el dictamen del fiscal Sergio Mola, quien afirmó que la presentación de Crespo Armengol era análoga a la de Lozano, la CTA Autónoma, ATE y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad.

En las últimas horas, el abogado Jorge Rizzo –expresidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) y referente de la agrupación Gente de Derecho (GDD)– pidió que el fuero contencioso también habilite la feria. “¿Qué tema es de mayor gravedad para las instituciones de la Patria cuando se pone en jaque la forma de gobierno representativa, republicana y federal que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional? ¿O acaso lo que se demanda en los presentes obrados no es haberse expoliado a uno de los poderes constituidos del Estado de derecho a través del DNU 70/23, más precisamente el Poder Legislativo?”, escribió Rizzo.

La decisión de distintos fueros y de distintas jurisdicciones de habilitar la feria para analizar el DNU a priori parece desentonar con la resolución de la Corte Suprema, que ante un planteo del gobierno provincial de La Rioja –patrocinado por el excortesano Raúl Zaffaroni y el constitucionalista Gustavo Ferreyra– decidió posponer el tratamiento para febrero.