Bajo la gestión Vidal, el Ministerio de Seguridad organizó viajes con funcionarios judiciales, que luego armaron causas contra sindicalistas y empresarios.
Buenos Aires/12 accedió a documentos que acreditan que, durante los primeros meses de 2017, el entonces ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y su jefe de gabinete, el abogado Marcelo Rochetti, organizaron un viaje a Miami con el fiscal Sebastián Scalera. Ritondo y Rochetti pertenecían al Poder Ejecutivo y Scalera era y sigue siendo parte del Poder Judicial.
El material gráfico es un elemento más de la promiscuidad entre funcionarios macristas y judiciales. El viaje a Lago Escondido dista de ser un hecho aislado y parece un hito más de una práctica habitual.
Una de las fotos a las que accedió este diario los muestra distendidos, en una mesa al aire libre, compartiendo una cerveza como grandes amigos. Ellos son Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti, Sebastián Scalera y Vicente Ventura Barreiro. Pero hay más documentos en juego, en línea con una suerte de réplica bonaerense del Liverpool, equipo de fútbol que se desempeña en la quinta «Los abrojos» de Mauricio Macri y no en Inglaterra. Allí revistan los funcionarios judiciales Diego Luciani y Rodrigo Giménez Uriburu, famosos por su actuación en la causa sobre la obra pública de Santa Cruz.
Fuentes del ámbito judicial bonaerense subrayan que ese viaje a Miami es apenas anterior a hechos y detenciones resonantes, como la del dirigente de la UOCRA platense Juan Pablo “Pata” Medina, el denominado “rey de La Salada” Jorge Castillo y el líder de la barra brava de Independiente Bebote Álvarez. En este último caso, el arresto se produjo con el fin de obtener una declaración suya contra Hugo y Pablo Moyano. Las fuentes consultadas, que pidieron reserva de identidad, aseguran que el viaje fungió tanto de favor o dádiva como de instancia de planificación.
Las causas mencionadas tuvieron amplia cobertura mediática, porque formaban parte de lo que la gestión Vidal predicaba como “el combate a las mafias”. Combate que, en muchos casos terminó en sobreseimientos, faltas de mérito y denuncias contra los jueces y fiscales. Recientemente, Ritondo denunció al juez Alejandro Daniel Esmoris, por mal desempeño y prevaricato, por haber declarado la nulidad de lo actuado contra Juan Pablo “Pata” Medina.
Pero esa decisión judicial, tanto como la de la Cámara de Casación -sala Víctor Violini, Ricardo Borinsky, Daniel Carral-, que resuelve la nulidad de la causa contra Hugo y Pablo Moyano, parten del informe producto de la investigación parlamentaria de la comisión bicameral de inteligencia. Allí quedan demostrados el espionaje y las presiones para obtener testimonios, entre otras prácticas habituales de este sistema, cuya cabeza visible era -es- el procurador provincial Julio Conte Grand.
Hay, además, otro elemento común. Los perseguidos eran hombres poderosos, que administraban enormes sumas de dinero. Para las víctimas, se trataba de eso. “Querían hacernos a todos lo que al Caballo Suárez: meternos en cana para intervenir el gremio, el club, la feria en mi caso o lo que fuera, y vaciarlo”. afirma Jorge Castillo. Efectivamente, tras la detención de Suárez, Macri designó a Gladys González interventora del SOMU. De ese paso, la actual senadora acumula denuncias de fraude y corrupción.
Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense hasta 2019, hoy es diputado nacional integrante de la comisión bicameral de inteligencia y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Inició su carrera como dirigente justicialista en el barrio porteño de Mataderos. Su jefe político era Miguel Ángel Toma, ex secretario de Seguridad Interior durante el menemismo y ex jefe de la Side durante la gestión de Duhalde, con quien compartía además una excelente relación personal. Ritondo pasó del PJ al Pro a instancias de Carlos Grosso.
Marcelo Rochetti fue el jefe de gabinete de Ritondo en su paso por Seguridad, pero su relación data de muchos años. Denunciado por Carrió, tuvo que abandonar el ministerio en 2018, pero siguió prestando servicios sin cargo. Rochetti, amante de los Porsche, operador judicial y abogado, suele tomar a su cargo causas de alta visibilidad: representó al jefe de la barra brava de Boca “Rafa” Di Zeo y, más recientemente, a Matías Morla, en su disputa con la familia Maradona por la marca del astro o el divorcio de Rodrigo De Paul. La causa conocida como “Gestapo Pro”, iniciada a partir de la filtración del video de una reunión en oficinas del Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra el Pata Medina, entre otros, fue derivada hacia Comodoro Py. Marcelo Rochetti, es hoy abogado defensor de varios involucrados en dicha causa.
Sebastián Scalera, el fiscal de Lomas de Zamora, es oriundo de zona sur, tiene cuarenta y siete años de edad, ingresó a la justicia a los veinte. Cuenta con línea directa con su jefe, Julio Conte Grand, que lo considera de su máxima confianza. “Acá no existe el cuentapropismo, olvidate. Scalera viaja enviado por Conte Grand”, afirman fuentes judiciales.
El procurador bonaerense acumula denuncias en su contra. La más reciente, impulsada por la diputada Susana González, por negarse a investigar irregularidades cometidas por funcionarios de Juntos por el Cambio en Astilleros Rìo Santiago, por un monto de 95 millones de dólares. Pero en la cámara alta hay paridad absoluta -23 a 23-, empate que impide su juicio político y consecuente remoción.
Scalera fue el fiscal del caso “La Salada”, por el que Jorge Castillo irá a juicio oral. Los demás aceptaron autoincriminarse a cambio de penas menores. Castillo sostiene que lo detuvieron porque el macrismo quería quedarse con la recaudación de los puestos callejeros, que entonces superaba los tres millones de dólares mensuales, y él se negó. “Querían la recaudación de La Rivera, que en realidad es un negocio de cada frentista, de la gente del barrio con la que yo me crié y no estaba dispuesto a traicionar. Todo lo que vino después fue el vuelto de eso. Comimos dos veces en La Ramona, en General Paz y Provincias Unidas. Una pagué yo y la otra pagó el abogado de ellos, los dos con tarjeta de crédito. La reunión era a las 13. Como pasaron quince o veinte minutos y el tipo no aparecía lo empezaron a llamar y a llamar.»
Vicente Ventura Barreiro en 2017 era subsecretario provincial de Planificación, Gestión y Evaluación de Seguridad. Tenía a su cargo la Superintendencia de Inteligencia Criminal y se veía a sí mismo como sucesor de Ritondo en un hipotético segundo mandato de Vidal, mandato que la voluntad popular se encargó de abortar.
“Ritondo siempre quiso manejar Independiente”, afirman cerca de los Moyano, y recuerdan que Bebote Álvarez fue detenido ese mismo año por el presunto delito de extorsión contra Ariel Holan, entonces entrenador del club. Bebote aceptó el acuerdo que le propusieron los fiscales e incriminó a Moyano en un supuesto fraude a través de un fideicomiso, para quedarse con el dinero de la compraventa de jugadores. La jugada no salió, porque el juez que entendía en la causa, Luis Carzoglio, no cedió a las presiones de la AFI. Por tal motivo, continúa suspendido.
Finalmente, Ritondo logró hacerse del tan ansiado control del club: su candidato, Fabián Doman, ganó las elecciones a principios de octubre con un contundente 72 por ciento y el macrismo vuelve a manejar un club de primera división, un grande histórico aunque de presente muy devaluado. ¿Le devolverán su viejo esplendor? Curiosamente, el club recibió recientemente una denuncia millonaria por incumplimiento de contrato del DT Miguel Brindisi, que lo dirigió pocos partidos hace casi una década.
Fuente: Pagina 12
