( Por Norberto E Crovetto* / Especial Motor Económico ) Desde el comienzo del tratamiento del acuerdo con el FMI, la imposibilidad de alcanzar el financiamiento del gasto fiscal es uno de los temas en discusión. El programa acordado determina un sendero de reducción no considerando el pago de los intereses ni la amortización de la deuda pública, pues se asume que es siempre posible renovar el capital más su interés; ocultando los problemas financieros heredados. Cabe preguntarse, en consecuencia, acerca del razonamiento que sostiene tal afirmación. En su elucidación veremos que esta situación tiene su fundamento en un círculo perverso donde la deuda externa genera endógenamente más deuda externa.
En la economía prima la circularidad de sus procesos. Todo acto económico significa una relación entre dos o más personas; si alguien compra otra vende, si alguien paga otra cobra y así sucesivamente. El instrumento que posibilita ese proceso son los “pesos”, el dinero. De igual manera, sucede con las cuentas del sector público. Los pesos que “cobra” por impuestos se utilizan para remunerar al personal y a la obra pública. De modo que se pueden reconocer dos partes en este circuito: el sector privado y el público. Y las cuentas se equilibran si para ambos sectores lo que egresa es igual a lo que ingresa. Pero, si alguno de los dos sectores tiene ingresos mayores que sus egresos monetarios (superávit) el otro sector debe ser simétricamente opuesto, los egresos deben ser mayores que los ingresos monetarios (déficit). Una primera conclusión que puede sacarse es que el financiamiento del déficit está garantizado en el superávit del sector privado, de modo que no puede haber una falta de “pesos”.
Un ejemplo puede aclarar lo dicho. Supongamos que el ingreso del sector público por impuestos es de $100, por tanto, el sector privado tiene un egreso equivalente a $100. El sector público, con la recaudación de $100, los aplica a pagar sueldos a los empleados por $80, que a su vez los gastan totalmente en adquirir alimentos y otros bienes producidos por las empresas privadas. Los $20 restantes, el gobierno los utiliza en realizar obra pública (una ruta, por ejemplo) y, por lo tanto, los percibe el sector privado empresario. Como se observa, los $100 de impuesto “volvieron” a las distintas cajas de las empresas privadas.
Ahora bien, supongamos que el Estado gasta más que lo que recauda. Siguiendo el ejemplo anterior, en lugar de aplicar $20 a la obra pública, eroga $40. Así tendrá un déficit de $20 (recaudación $100 menos sueldos $80 y $40 obra pública). ¿Quién percibe el déficit? El sector privado empresario. El déficit financiero del sector público de $20 es el superávit financiero del sector privado empresario.
El lector se preguntará por los ingresos provenientes de la remuneración al trabajo. Si bien es posible que tenga un gasto menor que sus ingresos (un ahorro en pesos), en la realidad son montos no significativos. Se puede considerar, por tanto, que todo el excedente financiero lo poseen las empresas privadas.
Ahora bien, si el sector con superávit financiero es el sector privado, ¿cuál sería la razón por la cual no le “preste” su excedente de pesos al sector público? Dos son las respuestas habituales. La “rentabilidad” que le ofrece el sector público no es adecuada, o bien deciden la adquisición de moneda extranjera de las reservas en poder del Banco Central o lo utilizan en la cancelación de un préstamo otorgado en pesos por los bancos.
Comencemos analizando el primer caso. Las empresas deciden invertirlo en la ampliación de sus negocios, pues tienen mayor rentabilidad que lo ofrecido por los bonos del sector público. Nuevamente, la expansión se realiza aplicando el excedente en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la ampliación de sus actividades. Por tanto, el excedente de pesos no desaparece, sino que cambia de “mano” dentro del sector privado empresario. El excedente no se esfuma y sigue disponible para financiar el déficit público. Se trata de una falacia de composición.
Analicemos el segundo caso. Veamos en primer lugar la cancelación de una deuda del sector privado con los bancos. Los bancos privados serán ahora los que tienen en sus cajas el excedente financiero consecuencia del déficit fiscal. La decisión se traslada dentro de los distintos integrantes del sector empresario privado.
Analicemos ahora, la posibilidad de aplicar el excedente financiero a la adquisición de moneda extranjera o divisas para ser utilizadas para pagar importaciones o para hacer inversiones en otros países. El sector privado con excedente de “pesos” demanda divisas en el mercado de cambios, las cuales están en poder dentro del mismo sector privado exportador. En nuestro país, y también en los países latinoamericanos, la demanda de divisas suele ser superior a su oferta. La institución monetaria (el Banco Central) es el que puede equilibrar el mercado con sus reservas, las cuales también se agotan si la restricción de divisas es persistente y no temporal. El excedente financiero en pesos es entregado a la institución monetaria (el Banco Central) a cambio de las divisas.
Juntemos todo. La única posibilidad que el sector público no tenga financiamiento de su déficit es cuando el equivalente al superávit del sector privado se convierte en demanda de divisas para pagar importaciones superiores a las exportaciones o para la formación de activos externos o fuga de divisas. Tiremos un poco más de la barra. ¿Para qué, entonces se toma deuda pública en divisas? No es difícil deducir, estimado lector, que es para sostener la demanda de divisas que no alcanzan las exportaciones a “ofrecer”. La persistencia de esta situación resulta en una deuda pública externa creciente.
Por último, la paradoja mayor. Una proporción no menor de esa demanda excedente de divisas son transferencias a los fondos de inversión financieros del exterior, aquellos mismo que luego prestan al Estado (deuda externa). Nuestra propia producción exportada se transforma en deuda externa de todos los argentinos.
¿Que rol juega, entonces, el FMI?
( * ) Marcela Crovetto es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos
Aires, Magister en Investigación en Ciencias Sociales y Licenciada en Sociología
por la misma institución. Se especializó en el estudio de las movilidades espaciales
cotidianas y residenciales rural-urbanas en torno al trabajo agropecuario y en los
espacios rururbanos en la Patagonia argentina. Actualmente es JTP Interino del
Seminario “Trabajo y trabajadores/as del agro argentino. Problemáticas del
trabajo y los/as trabajadores/as del agro extrapampeano.” (Cátedra Aparicio) y
Ayudante de Primera Regular en Análisis de la Sociedad Argentina (Cátedra
Sidicaro) de la Carrera de Sociología, FSoc-UBA. Dicta Taller de Tesis I en el
Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA, es Investigadora del IIGG en el Área
Estudios Rurales. Integra los grupos responsables de proyectos de investigación
sobre mercados de trabajo agropecuarios, movilidad espacial y territorial y
estudios sociales agrarios. Participa también de otras líneas de investigación del
área vinculadas al trabajo infantil agrícola.
