(#MotorDomingo ) ¿Por qué el Gobierno venezolano acepta este dictamen y decide participar en un pleito legal en las instancias jurídicas occidentales dándole ese nivel de legitimidad y reconocimiento?
Que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, decida abrir una investigación sobre presuntas violaciones de los derechos humanos al Gobierno de Venezuela no es una sorpresa, bajo ningún concepto; es de hecho algo esperable según los lineamientos que han asumido las instituciones del ‘establishment’ occidental: Gobierno de EE.UU, Unión Europea (UE), Organización de Estados Americanos (OEA) y mediática mundial.
Sin embargo, que el anuncio se haga en el palacio de Miraflores, con memorando de entendimiento incluido, bajo la mirada directa y el reconocimiento de la plana mayor del oficialismo que está siendo señalada, eso sí resulta sorpresivo e inesperado.
El memorando plantea, según lo determinado por el fiscal, que «ha concluido el examen preliminar y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad».
De esta manera, más que el hecho ocurrido en torno a la decisión de la CPI, lo que resulta más importante es indagar en cómo se oficializó el anunció del fiscal Khan, ya que no se encontraba en su oficina de La Haya, sino en el oeste de Caracas en la sede del Ejecutivo: ¿por qué el Gobierno acepta este dictamen y decide participar en un pleito legal en las instancias jurídicas occidentales dándole ese nivel de legitimidad y reconocimiento?
Es aquí donde encontramos, hasta ahora, apenas dos interpretaciones posibles para entender lo sucedido esta semana en la avenida Urdaneta de Caracas.
¿Una decisión inesperada?
La primera interpretación es que el presidente Nicolás Maduro y la plana mayor del chavismo se están abriendo a jugar en un escenario de reconocimiento de instancias internacionales hostiles, llenándose de memorandos de entendimiento donde está participando prácticamente el mundo entero. De esta manera, planta cara a las instituciones de Justicia internacional para luchar por la inocencia de su Gobierno bajo el tradicional lema «el que no la debe, no la teme». Prepara así un escenario de post-conflicto, de normalización de relaciones y de salida de la crisis por medio de escenarios electorales competitivos.
Y la segunda, la más ingenua: Maduro y el oficialismo esperaron revertir la decisión del fiscal hasta el último momento para que cerrara el caso Venezuela I –como había ocurrido en Colombia días atrás a pesar de ser este un caso de mucha mayor envergadura–, y se sorprendieron tanto como el resto de mortales cuando el fiscal le planteó su decisión.
De igual forma, nunca iniciaron una relación confrontativa con el fiscal después de su decisión, sino que más bien mantuvieron una actitud colaborativa, asumiendo públicamente su reconocimiento al Tribunal para así abrir un proceso de acompañamiento judicial que podría o potabilizarlos ante el mundo, o por el contrario, terminar enjuiciados en instancias internacionales.
Maduro ya no es solo el hombre que vestido de militar está dispuesto a ir a una guerra contra EE.UU., sino que también es el presidente que no tiene miedo de abrirse a la arquitectura de la Justicia internacional.
Estamos hablando que el paso realizado por el fiscal es el primero de su tipo en América Latina, es un caso histórico y bajo el reflector está fundamentalmente Nicolás Maduro, aunque la decisión detalla que en la investigación no hay sospechosos.
En todo caso, no es la primera vez que Maduro se enfrenta a un proceso internacional; de hecho, ya en los tribunales de EE.UU. está acusado, y el Gobierno de este país puso precio a su cabeza y a la de otros funcionarios de su administración, civiles y militares de su entorno.
Por su parte, la CPI no tiene policías o ejércitos para entrar a un país y arrestar a ningún político o militar, algo que sí tiene EE.UU., que con el anterior presidente planteó como opción invadir Venezuela, aunque el actual Gobierno de Joe Biden ha cambiado este discurso.
De esta manera, puede parecer que el escenario de La Haya le da al Gobierno de Maduro al menos un chance de abrir un pleito judicial, cuando ya por la mayor potencia mundial está prácticamente condenado.
Además, la actitud trata de producir un cambio de imagen de Maduro ante el mundo: ya no es solo el hombre que vestido de militar está dispuesto a ir a una guerra contra EE.UU., sino que también es el presidente que no tiene miedo de abrirse a la arquitectura de la Justicia internacional tal como la conocemos y con los intereses geopolíticos que la rodean.
Un juicio… pero con tribunal
Maduro expreso: «Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Y en ese marco hemos firmado un acuerdo que garantice, ahora sí y de manera efectiva, la cooperación, la complementariedad positiva, el apoyo mutuo y el diálogo constructivo para buscar la verdad y la justicia entre el Estado venezolano y sus instituciones y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».
De todas formas, es un giro inesperado, pero que no le resta zona de confort al oficialismo, que controla las instituciones militares y políticas del país. Al segundo mandato de Maduro aún le restan tres años en el poder y consideró que está en un buen momento para enfrentar un pleito de esta naturaleza.
Venezuela trata de abrir un escenario diferente para su gestión, de menor criminalización internacional, de demandas delimitadas en torno a determinados casos, y utiliza su derecho a defenderse en un juicio que tiene un tribunal, a diferencia del que ha hecho el Gobierno de EE.UU.
Los casos que se están mencionando hasta ahora permiten al Gobierno politizar el debate. Todos ellos corresponden a las manifestaciones opositoras donde, al fin y al cabo, murió gente de ambos bandos. Además, la Justicia venezolana, especialmente su fiscal Tarek William Saab, considera que respondió a varias de las denuncias y judicializó a los culpables. La institución judicial y legislativa ha venido operando los últimos días para reabrir casos, dictar sentencias y modificar leyes, como forma de «ponerse al día» en relación a la investigación que venía adelantando la oficina de Khan.
Independientemente de sus resultados, la decisión del propio Maduro, más que la del fiscal, trata de abrir un escenario diferente para su gestión, de menor criminalización internacional, de demandas delimitadas en torno a determinados casos, y utiliza su derecho a defenderse en un juicio que tiene un tribunal, a diferencia del que ha hecho el Gobierno de EE.UU., en el que ya la decisión estaba tomada de antemano.
Este es un proceso largo, de posiblemente varios años, y durante su curso muchas cosas pueden cambiar, tanto en Venezuela como en el mundo.
Ociel Alí López
Es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.
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