Bárbara Figueroa, la primera mujer, feminista y comunista en encabezar la embajada de Chile en Argentina, destacó en diálogo con Télam la posibilidad de que ambos países exploten de manera conjunta el litio, también con Bolivia, pero con respeto por el medio ambiente, uno de los principios que guían al Gobierno de Gabriel Boric, así como por el cuidado de las condiciones laborales de los trabajadores.
«Lo que hagamos en materia de integración bilateral, sólo tendrá sentido y razón si le llega a todos, si beneficia al ciudadano de a pie», expresó Figueroa, que al caminar por el largo pasillo que lleva a su despacho, en el que cuelgan medio centenar de retratos de embajadores anteriores, no ocultó su orgullo por ser la única mujer que integra el grupo de representantes diplomáticos de su país en Argentina, uno de los destinos importantes de la política exterior chilena por historia, por la extensión de la frontera común y por el volumen del intercambio comercial, entre otros.
Militante del Partido Comunista (PC) desde los 15 años, egresada en Filosofía y Psicología, fue además la primera mujer en presidir la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, una trayectoria que la puso en el centro de las críticas de sectores opositores y conservadores chilenos desde que su nombre figuró como representante diplomática, un cargo que finalmente asumió a fines de marzo.
– ¿Cuáles son los desafíos y claves de su gestión?
– Lo primero es que es un gran privilegio para quienes estamos comprometidos con la política ser parte de un proyecto que permite sumar, sobre todo en un tiempo particularmente interesante para la región, para nuestros países y para la integración. Es también un tremendo honor para nuestro partido en momentos en que la coyuntura mundial posiciona al Conosur y la América pujante, nuestra Latinoamérica, como un sector y un área estratégica. Pero es también una gran responsabilidad, pues tengo la misión de traer a la relación con este país hermano los principios de nuestro Gobierno y simultáneamente romper los límites que buscan que los militantes comunistas y los actores del mundo social y sindical sólo estemos en la trinchera de la lucha de derechos laborales colectivos, y no crucemos hacia los espacios más institucionales. Hay entonces un valor particular, una contribución específica de ese mundo sindical y militante, vinculado a los procesos que se están viviendo en Latinoamérica y el mundo, golpeado geopolíticamente por las tensiones a nivel de los grandes bloques hegemónicos y ante un reordenamiento que requiere de todas las miradas. En un tiempo donde tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que mirar el mundo con otros ojos, tenemos que hacernos cargo de la sostenibilidad de nuestro planeta y pensar en que esta casa común la tenemos que resguardar y cuidar. Tenemos asimismo una fuerte agenda de derechos humanos, y el año que viene se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile y 40 de la recuperación de la democracia en Argentina.
– ¿La impronta ambientalista es parte del mandato que trae a Argentina desde La Moneda?
– Hay grandes ejes que están guiando tanto nuestra política nacional como la exterior. Uno de ellos es el medioambiental, que hemos llamado la política exterior turquesa, un simbolismo en el que el verde representa el territorio físico y el azul el océano, y el turquesa -resultado de combinar ambos- da cuenta de la preocupación por ambos aspectos. Hay que complejizar la mirada respecto a los modelos de desarrollo. No podemos, so pretexto de lo económico, depredar el medio ambiente, exterminar comunidades, desalojarlas de sus territorios o actuar en contra de la propia condición humana. Esto va a requerir también una mirada distinta en relación a cómo hemos entendido hasta ahora, no solamente las relaciones comerciales, sino que también los encadenamientos dentro del modelo de desarrollo mutuo.
– ¿Cómo se traduciría esto en políticas concretas?
– Chile y Argentina tienen el privilegio de alojar el litio, que podríamos explotar de manera conjunta en el triángulo del litio, integrado por Argentina, Bolivia, Chile. Pero es fundamental que la protección de los ecosistemas, los océanos, y que el cuidado de las comunidades esté en la mesa de negociaciones de esa extracción, una exigencia para quienes quieran invertir, mientras el Estado resguarda la soberanía sobre estos procesos, además de hacerse cargo de garantizar derechos de los trabajadores implicados, para que accedan a su actividad en condiciones de dignidad, es decir, que no le paguen «dos chauchas». Nuestra misión también trae un énfasis en retomar la exportación del gas, porque eso se traduce en bienestar a nuestra población y constituye una tradición con Argentina.
– ¿Que gravitación tendrá su militancia feminista en esta gestión?
– Este es otro elemento dentro de los principios de nuestro Gobierno. Es un tema muy amplio, obviamente, pero entre otras cosas estamos abordando cómo enfrentar una red de cuidados y protección como política de Estado, acorde a los desafíos actuales y con políticas articuladas. Esto quiere decir que buscamos evitar que lo que alguien hace en Chile le permita después cruzar la frontera y andar por la vida, violentando mujeres, digamos. También es importante la incorporación de mujeres al mundo del trabajo en mejores condiciones, porque sin autonomía económica, sin esta soberanía, es muy difícil poder avanzar en estos estándares que nos estamos proponiendo.
– Una agenda de enorme amplitud y grandes expectativas.
– Y todavía falta (sonríe). Acá entra otro elemento que es la descentralización. El Gobierno chileno se propuso que todo lo que estamos pensando y todo lo que tengamos que pensar en materia de modelo de desarrollo, incluya una mirada desde los territorios. No vamos a pretender que alojados en La Moneda, o acá en esta sede diplomática, se va a resolver todo. Es imperativo mirar cuál es el proceso que se está viviendo en las provincias, las regiones, las comunas, para también poder identificar polos productivos y generar políticas de desarrollo. Esto tiene mucho que ver con el despliegue que estamos haciendo en las provincias. Estuvimos en el Comité de Integración en La Rioja, en Bariloche en un seminario sobre hidrógeno verde, en Córdoba con eventos de emprendedores. Vamos a estar en Rosario, en San Juan. El presidente nos dijo que vayamos a recorrer todo el territorio, pero no solamente estamos cumpliendo ese mandato, sino que además tenemos mucha convicción de que efectivamente por ahí es por donde nosotros podemos generar estas mayores alianzas productivas. En resumen, lo que estamos buscando es hacer entender que los países dejan de crecer cuando no estamos todas y todos incorporados.
LA NUEVA CONSTITUCIÓN DEBE RESPONDER «AL ESPÍRITU DEL ESTALLIDO DE 2019»
Figueroa cree que la discusión central de cara al plebiscito en el que los chilenos decidirán el 4 de septiembre sobre su nueva Constitución es si el texto «responde o no al espíritu de aquello que le dio sentido al momento constituyente, el estallido social de 2019», según señaló en una entrevista con Télam, en la que destacó la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
– ¿Cómo ve el proceso constituyente chileno y qué expectativas tiene a un mes de la histórica consulta?
– Creo que por el tono que ha adquirido este debate en Chile hay que ser tremendamente cuidadosos, sobre todo desde el rol que a mí me toca jugar hoy día, cuya prioridad es el vínculo bilateral. Aclarado eso, yo sostengo que lo central es no perder el eje de la discusión. Desde el estallido iniciado el 2019, que abre la puerta a este acuerdo institucional del 15 de noviembre de 2019, la posterior elección de convencionales y todo el proceso constituyente, transcurrieron casi tres años en medio de una enorme expectativa, ante la urgencia de cambios y frente a una institucionalidad muy desacreditada. No hay que perder de vista que todo esto nace precisamente de la desafección de la población por nuestra institucionalidad política.
– El ímpetu inicial que se evidenciaba en los medios parece desinflarse al calor de encuestas, que registran un resultado incierto.
– Nadie podía pretender que no iba a haber crítica, por lo que decía recién, es decir, por el descrédito de nuestra institucionalidad, el problema es que esto que naturalmente podía ocurrir se terminó transformando en un instrumento de quienes no querían cambios y en parte de su relato para poder ir horadando y horadando. Cuando se habla de la institucionalidad hay que entender que no solo abarca los partidos políticos, es el Estado, las organizaciones tradicionales que tienen relación con el Estado, es el Parlamento, el Poder Judicial, es decir, hay una fractura entre la ciudadanía y toda esa institucionalidad que aún existe y es parte de lo que tenemos que sanar, recuperar y fortalecer.
– ¿Una campaña repleta de denuncias de fake news logró correr el eje del debate?
– Creo que sí. Lo central es entender que lo estamos discutiendo hoy día es si ese texto constitucional propuesto, si lo que está plasmado ahí, responde o no al espíritu de aquello que le dio sentido al momento constituyente, es decir, el estallido social, que algunos hemos identificado como el punto de inflexión en un proceso de acumulación de luchas que no tuvieron respuesta y que derivaron en esta explosión orgánica e inorgánica.
– Los adherentes del «rechazo» acusan al presidente Gabriel Boric de falta de prescindencia y de parcialidad.
– Creo que el Gobierno está haciendo exactamente lo que le corresponde hacer, lo correcto: decirle a la ciudadanía que lea el texto, que lo revise y se informe, para superar la campaña de la ficción que efectivamente existe. El texto establece garantías y derechos, por ejemplo el artículo 1º define al país como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico, pero todo eso debe consagrarse después en leyes. Creo que habría que ser extremadamente ingenuo para creer que el 4 de septiembre, al margen de la opción que se imponga, se acabó el debate. Todo lo contrario, esto hace concluir un debate, pero inicia varios otros, esto resuelve el paraguas que va a incluir las normas futuras, que se debatirán en el Congreso. Hay que hacer entender eso y sacar el debate de la cápsula en la que estaba, de esa cosa mediática y permeada por los medios, por las columnas de opinión, los opinantes de un lado y del otro. El debate hay que llevarlo a territorio, al ciudadano de a pie, decirle que lea la Constitución, que la revise, que la escuche, porque el 4 septiembre, cuando vaya a votar, lo importante es que no se levante por obligación, sino que lo haga con convicción, sea cual sea su opción.
