( Celeste Blanco/ DiarioAr) La semana pasada el Presidente anticipó que en total echarán a 70.000 trabajadores y trabajadores públicos, una promesa que, de cumplirse, eliminaría por completo algunas funciones del Estado. En total, en el Sector Público Nacional trabajan 200.000 empleados civiles; despedir a 70.000 implicaría una reducción de la planta del 35%, una medida que vaciará ministerios u obligará a cerrar alguno de los 76 organismos descentralizados que tiene el Estado Nacional en todo el país.
“No hay manera de que funcionen los ministerios si echan a 70.000 trabajadores porque el grueso de ese total están en la administración centralizada. Solamente podes llegar a ese número cerrando organismos, no hay manera que puedas sacar 70.000 y garantizar el funcionamiento de todo lo que está. Si eso pasa el Estado va a dejar de funcionar tal cual lo conocemos, va a haber un montón de prestaciones que no se van a poder brindar”, le dijo Ana Castellani, exsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, a elDiarioAR.
Según el último informe oficial, de septiembre de 2023, en Argentina hay 3.389.900 trabajadores públicos en todo el país, un 20% pertenecen al Estado Nacional, el 60% a los provinciales y un 20% a los municipales. Si se pone foco en el plano nacional, que es donde el presidente Milei pasó la motosierra, se ve que en hay 711.000 en total, eso incluye la Administración Pública Nacional (APN), las Fuerzas Armadas, de Seguridad, el personal de universidades, de empresas públicas, el Poder Legislativo, etc. De ese total, 400.000 integran la APN y de esos, solo 203.000 son civiles por lo que el recorte se da en un universo pequeño. “Si se despiden 70.000 personas el Estado prácticamente desaparecería. Ya despidieron una primera tanda de 15.000 y el Estado ya es diferente a como lo conocíamos”, le explicó a este diario el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguilar.
La cifra de los despidos de esta semana fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa y fuentes de los gremios coinciden en los números, aunque no tienen cifras exactas por que las notificaciones siguen llegando. Según un monitoreo de ATE actualizado al 4 de abril, el organismo con más despidos fue ANSES con 1.200 personas en todo el país, seguido por Agricultura Familiar donde echaron a 900 de 1.080 trabajadores. También la Secretaría de Trabajo en la que desvincularon a 560, Producción a 360 y Educación a 300. Son las cifras más grandes de una larga lista.
Además del impacto económico y familiar que implica para una persona perder su trabajo, estas medidas tendrán un impacto en la vida cotidiana de la sociedad en general. Se trata de sectores que empeorarán su capacidad o que directamente no podrán brindar el servicio. “Ahora, este país no puede prevenir las grandes catástrofes porque el recorte llegó al Servicio Meteorológico Nacional, hay delegaciones de ANSES que cerraron porque los echaron a todos, ya no vamos a poder atacar los incendios de nuestros bosques porque despidieron a brigadistas de Parques Nacionales y del Plan Nacional del manejo del fuego. No vamos a tener seguridad alimentaria porque atacan también al SENASA. Cada despido es una tragedia para ese trabajador, pero cuando uno analiza la masividad de las cesantías se da cuenta que esa tragedia individual se transformó en una tragedia social, colectiva. Detrás de cada puesto, hay una política pública que se desmantela”, agregó Aguiar.
Los despidos no parecen tener una lógica: echaron personas que con mucha antigüedad, otras con poca, algunas cerca de jubilarse, incluso recortaron en sectores con planta deficitaria. “Evidentemente no hay ningún análisis serio de lo que hay que hacer con el Estado. Sacaron gente de organismos que tienen la dotación excedida, pero también de otros con la dotación para abajo. El CONICET tenía su dotación administrativa por debajo de la dotación óptima y despidieron. Casualmente en la AFIP, que siempre da arriba de la dotación óptima con 4000 personas, no hubo despidos. Si echas a mansalva, sin criterio ni revisión hay funciones, servicios, prestaciones que van a ser difíciles de cumplir”, explica Castellani, que también es investigadora del CONICET.
Dentro de ese desorden, hay un denominador común que tiene que ver con la territorialidad y el desprecio por el federalismo. Gran parte de los despidos se dieron en el interior del país, en las delegaciones de los organismos centrales. “No hay un criterio de despido, el único criterio es la calculadora. Lo que sí vemos es una decisión clara del gobierno de retirar la presencia del Estado Nacional de las provincias. Cerraron los centros de referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, cerraron 106 unidades territoriales de Agricultura Familiar (despidieron 1000 y 80 solo están en Capital, el resto en las provincias), cerraron las delegaciones de las provincias del ENACOM. Este ajuste se empieza a sentir más en las provincias y en los municipios”, explicó Aguiar.
Las formas de notificación durante el fin de semana largo son una mezcla de lo desprolijo y lo cruel. Se viralizaron las imágenes de trabajadores del CONICET haciendo fila bajo la lluvia para saber si podían entrar a trabajar. En algunos lugares el aviso fue por WhatsApp durante la madrugada, en otros se enteraron al no poder ingresar la huella digital o al no poder entrar al mail institucional. En Rosario, por ejemplo, fue un efectivo de la Policía Federal el que leyó las listas de los despedidos.
Distintos tipos de contrataciones
Los análisis sobre los tipos de contratación en el Estado indican que hay alrededor de 123.000 personas contratadas de manera permanente (a través del artículo 8 de la Ley Marco de Empleo Público) o de manera transitoria (por el artículo 9). Esta ley no contempla la indemnización porque o bien la persona ingresó a través del artículo 8 (concursó y no puede ser despedido), o a través del artículo 9, que es una contratación transitoria por un año para algún proyecto especial. En la práctica, las personas con artículo 9 siguen trabajando a lo largo de los años con contratos que se renuevan automáticamente. Durante el gobierno de Alberto Fernández se hicieron alrededor de 15.000 concursos para que quienes estaban bajo el artículo 9 pasen el 8, pero quedaron cerca de 30.000 sin realizar.
El otro tipo de contratación tiene que ver con la Ley de Contrato de Trabajo, bajo la que están alrededor de 80.000 personas con modalidades de contratación a plazo fijo o plazo determinado. En estos casos sí se contempla la indemnización, con la misma lógica que en los empleos privados. Además de los despidos, el Gobierno Nacional prorrogó los contratos hasta junio de este año cuando históricamente se extienden hasta diciembre, es decir, por un año. Esto hace prever una nueva oleada de despidos para mitad de año.
“Quedaron 55.000 a los que decidieron renovar el contrato por 90 días con una oración que dice ‘como máximo’. Esto nunca pasó, es una renovación diaria, quiere decir que te puedo despedir mañana también. Enfrentamos el fraude laboral más grande que se haya conocido en Argentina. Esta renovación diaria me hace pensar que el gobierno está decidido a ir por la cabeza de los 70.000 estatales por eso es que tenemos que profundizar nuestro plan de lucha”, afirmó Aguiar.
Los despidos incluyen áreas estratégicas para el desarrollo y la soberanía del país. En el ex Ministerio de Educación se redujo un 20% la plantilla durante marzo. Así se lo confirmó la delegada de Junta interna de ATE, Yamila Jaral, a este diario: “Sacaron a personas con perfiles profesionales, algunos con 20 años de antigüedad, y siguen llegando las notificaciones. Incluye a casi todas las áreas: formación docente, ESI, becas Progresar y Manuel Belgrano, Conectar Igualdad, plan FINES, modalidad adultos, infraestructura y muchas otras”.
En el CONICET despidieron a 140 personas y a otras les renovaron solo por tres meses. “Vienen a destruir la soberanía científico tecnológica. Despedir a los trabajadores que sostienen el organismo con tareas administrativas científico técnicas implica la parálisis del CONICET y el gobierno no tiene pudor de destruir líneas de trabajo que impactan en el bienestar de nuestra sociedad”, señaló la delegada Nuria Giniger.
También hubo despidos en el Ministerio de Justicia, en los equipos que trabajan en los barrios más vulnerables. Echaron a 120 personas que integraban Centros de Acceso a la Justicia de todo el país, algunos con más de 15 años de antigüedad. En la Ciudad de Buenos Aires, sacaron a 20 personas que trabajan en las villas 15; 31; 1-11-14; 21-24, entre otros barrios.
CDB/DTC
