Fue presentada el 11 de septiembre de 2025 por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, contra la secretaria de Energía María del Carmen Tettamanti, luego de que Tiempo revelara las operaciones furtivas de Habour Energy, que operó en Malvinas entre 2012 y 2022, sobre tres grandes negocios hidrocarburíferos en el territorio nacional.
(Por: Alejandro Pairone) Desde hace exactamente un año, la Procuración General de la Nación mantiene abierta y sin resolver una denuncia contra el Gobierno Nacional por entregar permisos de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) por puertos rionegrinos a un consorcio integrado por la petrolera británica Harbour Energy, que tiene prohibido desempeñarse en la Argentina hasta el año 2037 tras haber operado ilegalmente en un yacimiento aledaño a las Malvinas con licencia ilegal de la administración colonial de los kelpers, entre 2012 y 2022.
La denuncia fue presentada el 11 de septiembre de 2025 por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, luego de que Tiempo Argentino revelara en exclusiva las operaciones furtivas de Habour Energy sobre tres grandes negocios hidrocarburíferos en el territorio nacional. Por entonces, Odarda también acusó por el mismo tema al Gobierno de Río Negro ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) provincial, pero el organismo local fue más expeditivo que su equivalente nacional y archivó el caso en muy poquitos meses de manera de garantizar cobertura a su gobernador neolibertario Alberto Weretilneck.
Harbour Energy fue sancionada por el Gobierno nacional en 2012 y condenada y embargada por la Justicia federal argentina en 2015 debido a sus operaciones ilegales en el yacimiento de Sea Lion, al norte de Malvinas, en sociedad con Rockhopper Explorations, en violación de las ley 26695 y su modificatoria 26915 que regulan la explotación de hidrocarburos en la Plataforma marítima nacional. En aquel momento Harbour se hacía llamar Premier Oil PLC, un nombre de fantasía que cambió en 2022 tras fusionarse con la inglesa Chrysaor Holdings. Luego de la fusión vendió su participación en el yacimiento de Malvinas a la israelí Navitas Petroleum, que continúa explotando ilegalmente el Sea Lion.
Con su nuevo nombre, Harbour/Premier ingresó clandestinamente a la Argentina en 2024 de la mano del régimen de los libertarios y con el aval de tres gobernadores provinciales tras comprar la operación global de la alemana Wintershall Dea, que incluía una participación en el yacimiento off shore Fenix frente a las costas de Tierra del Fuego, con permiso del gobernador Gustavo Melella; los bloques Aguada Pichana Este y San Roque en Vaca Muerta, con licencia del gobernador neuquino Rolando Figueroa, y el 15% del consorcio Southern Energy SA (SESA) que proyecta la licuefacción y exportación de GNL desde dos buques anclados en el Golfo San Matías, frente a las costas del balneario Las Grutas, Río Negro, con permiso del gobernador Alberto Weretilneck.
Por las operaciones ilegales de Harbour/Premier en Río Negro fue que Odarda, exsenadora nacional, denunció hace un año ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, por haber firmado en 2025 las resoluciones 145 del 3 de abril; la 165 del 24 de abril, y la 353 del 21 de agosto, a través de las cuales el Gobierno nacional autorizó al consorcio SESA la exportación de GNL desde el Golfo de San Matías, un santuario de ballenas en su proceso migratorio y reproductivo, ahora bajo grave peligro.
El expediente de esta denuncia está identificado como “PIA 660/2025” y se encuentra en el “Departamento de Investigaciones y Litigios” a cargo de María Garmendia Orueta, Dafne Palópoli y José Ipohorski Lenkiewicz, según los registros oficiales del organismo que conduce el fiscal Sergio Rodríguez. “El caso está en plena etapa de investigación”, respondió oficialmente la Procuración cuando fue consultada por la denunciante.
En Río Negro, la fiscal de Investigaciones Administrativas provincial, María Dolores Cardell, mostró un timming impecable al cerrar el caso en un trámite express que se concretó poco antes de que la legislatura local aprobara en abril pasado los acuerdos de la gobernación con el consorcio SESA, del que participa Harbour/Premier junto con YPF, Pampa Energía, PAE y Golan LNG. La veloz clausura del caso permitió al gobierno provincial continuar con el negocio de las petroleras pese a que aun existía una investigación demorada y abierta en la Procuración General.
Aquí la denuncia archivada por la fiscal Cardell iba contra el gobernador Weretilneck, su pareja y secretaria de Energía, Andrea Confini, y el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, responsables de permitir la operación de Harbour/Premier en la provincia. “Ese acuerdo no solo habilita a Harbour, que oculta a la sancionada Premier Oil, sino que también pone en peligro la biodiversidad, el turismo, la pesca y, sobre todo, la Soberanía Nacional”, cuestionó Odarda en entrevista con Tiempo Argentino.
«Es total el blindaje nacional y provincial para esta empresa- se alarma- Yo la relacioné con la causa Malvinas mucho antes de que pasara todo esto, y de que (el presidente) Javier Milei se acordara de que debía sancionar a todas estas empresas. Además, lamentablemente la mayoría de las firmas que están participando aquí del negocio energético son de capitales ingleses”.
– ¿Cómo ve que haya pasado un año sin que la Procuración resuelva y que la FIA rionegrina haya cerrado el caso local?
– A la Procuración le mandé la orden del día de la Legislatura donde planeaban ratificar por Ley ese proyecto cuestionado. Lo hice para pedirles una resolución urgente, porque mientras la Procuración se demoraba aquí seguían adelante con el contrato. Lamento mucho que se hayan demorado tanto en la investigación, porque en el medio aprobaron el contrato con SESA que les permite operar y le brinda enormes beneficios fiscales, además de que los incorporaron al RIGI con sus concesiones impositivas, aduaneras, ambientales y laborales por 30 años.
La petrolera británica Harbour/Premier fue sancionada por el Gobierno nacional a 15 años de prohibición para operar en la Argentina. La sanción fue en 2012, pero el cómputo de impedimento se contabiliza a partir de 2022 porque el delito que cometía cesó recién en 2022 cuando abandonó las operaciones ilegales en el yacimiento de Sea Lion con licencia de la administración colonial. También pesan sobre esa empresa multas y embargos millonarios ordenados por la Justicia federal en 2015, pero que hasta el momento no pudieron hacerse efectivos.
Harbour/Premier se desempeña en sectores críticos del territorio nacional pese a que cuenta con antecedentes de reiterados incidentes ambientales y graves denuncias por violaciones a los derechos humanos en sociedad con la dictadura de Birmania, que incluso fueron debatidos en el Parlamento británico poco antes de que la corona le exigiera abandonar con urgencia sus actividades en aquel país del sudeste asiático.
TIEMPO ARGENTINO.
