El abogado Alberto Beraldi calificó como “mala praxis” y “apagón informativo” la construcción de la imputación. Junto a su colega Ari Llernovoy fue recorriendo y desmintiendo con pruebas exhibidas al tribunal. Y a la vez, utilizó documentos que los propios fiscales usaron.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner demolió la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la Causa Vialidad. El abogado Alberto Beraldi calificó como “mala praxis” y “apagón informativo” la construcción de la imputación pero, saliendo de su tono correcto al extremo, admitió que hubo “mentiras inconmensurables”. Y las mostró: con documentación que los propios fiscales usaron para acusar, con otra que omitieron y, sobre todo, con el contraste de lo que dijeron los testigos y tergiversaron los representantes del Ministerio Público.
“La fiscalía ha pedido 89 años de prisión en este juicio. Y nosotros venimos demostrando punto por punto que todo esto es un disparate”.
Beraldi y su colega Ari Llernovoy fueron punto por punto recorriendo y desmintiendo con pruebas exhibidas al tribunal la acusación. Apenas terminó la jornada de alegatos de hoy, la vicepresidenta tuiteó: “Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.
El alegato, unas seis horas en total, tuvo un momento de clímax. Fue cuando Beraldi mostró la evolución histórica de la reasignación de partidas presupuestarias a través de DNU. Los fiscales dijeron que eso tenía como objetivo el “saquear” fondos del Estado; sin embargo la documentación mostró que es una práctica habitual al menos desde 1994, que tiene que ver con la forma de la administración y adecuación de los gastos del Estado y que esa reasignación incluyó en cada período al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial. Porque el presupuesto es una previsión que luego se tropieza con la realidad. Beraldi les preguntó a los jueces si, atento a que los fiscales consideran que esa redistribución de fondos es un delito, están pensando en devolver plata al Tesoro Nacional.
El alegato fue apabullante en cuanto a la intervención del Congreso en la aprobación, ejecución y control del presupuesto. Y de la Cuenta de Inversión, como el elemento basal sobre el cual se audita y controla cada gasto del Estado. Los fiscales sostuvieron que todo el sistema de control, administrativo pero también legislativo, había sido cooptado por el gobierno como parte del plan de corrupción por el que acusó.
¿Cómo se puede mentir de esta manera? Yo nunca lo he visto, y miren que tengo experiencia… Ustedes, señores jueces, también la tienen. Tal vez más que yo. Nunca he visto mentir de esta manera”.
“Han imputado claramente la violación de deberes a una enorme cantidad de legisladores sin que nadie diga nada. Todo el mundo lo escucha como si fuera una cosa natural”, se sorprendió Beraldi.
Beraldi se preguntó cómo los fiscales pudieron construir la acusación sosteniendo que ninguno de los organismos de control, incluido el Congreso, cumplió con su función de controlar o lo hizo ignorando lo que según la imputación fueron delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.
La defensa de CFK también replicó una afirmación temeraria de la fiscalía: que todo acto de gobierno puede ser controlado por el Poder Judicial. Es decir, la negación de las “cuestiones políticas no judiciables”.
Bajo esa arrogancia, la fiscalía se permitió cuestionar la decisión política de asignar fondos a la obra pública vial a Santa Cruz. Un fiscal hizo una evaluación política sobre la decisión de un gobierno elegido por voto popular para decidir la distribución de la obra pública. Y calificó de “desmesurada” asignación de partidas para la obra pública vial en Santa Cruz.
La apreciación es propia de un partido político opositor. Seguramente eso sea el “partido judicial”. Pero Beraldi exhibió las declaraciones de los jefes de Gabinete –entre ellos el actual presidente, Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa- que indicaron que no hay ninguna norma que regule o prohíba la asignación de fondos para la obra pública para tal o cual provincia.
Cristina Kirchner apareció en varios videos, especialmente para recordar que la reforma constitucional de 1994 había creado el cargo de Jefe de Gabinete, que tiene la responsabilidad de la administración financiera del presupuesto. “El responsable de la ejecución del presupuesto que ustedes me imputan a mí es el jefe de Gabinete, sin embargo aquí no está citado ningún jefe de Gabinete”, imprecó desde una grabación de video de su indagatoria.
El alegato se reanudará mañana a las 9. Beraldi atacará la acusación fiscal del supuesto “plan limpiar todo”.
“Si todo lo que vieron hasta aquí fue un escándalo, cuando vean lo que tiene que ver con ‘limpiar todo’ no van a salir de su asombro”, prometió
