“La Patria no se vende” se extiende como consigna en el sector más consciente de la sociedad argentina y es probable que el clamor crezca
Por: Héctor Amichetti
Javier Milei ganó una elección, no el trono para encabezar un régimen autoritario que le permita imponer su voluntad personal en línea con una ideología que solo concede libertad a la propiedad privada del gran capital para apropiarse del país.
Quienes lo votaron no desean sufrir con las medidas de gobierno. Se supone que se entusiasmaron con la promesa de que se iba a terminar con los privilegios de una supuesta “casta” sin que el pueblo trabajador se viera afectado. Pero la disparada inflacionaria que comenzó a pulverizar ingresos a partir de diciembre, recargada como regalo de año nuevo por los anunciados tarifazos, la liberación del precio de alquileres y de infinidad de productos de primera necesidad que van desde alimentos a medicamentos esenciales para la suprevivencia, hará que en este enero el escenario social se convierta en un infierno.
Foto: Pedro Pérez
Semejante plan de gobierno, que en la práctica elimina casi totalmente el rol del Estado habilitando fabulosos negocios para el sector privado y reduciendo sustancialmente derechos laborales y sociales, no puede ser aplicado en el marco del libre funcionamiento de las instituciones democráticas. Es por eso que se elude el tratamiento en el Congreso y se busca debilitar a las organizaciones sindicales limitando y penalizando su accionar en los lugares de trabajo y amenazando con reprimir las protestas callejeras si no se ajustan a un absurdo protocolo.
La respuesta del Movimiento Obrero no se ha hecho esperar. La marcha hacia Tribunales del miércoles 27 para acompañar la presentación realizada por la CGT para frenar lo dispuesto por el decreto anticonstitucional fue multitudinaria. La resolución adoptada al día siguiente por el Comité Central Confederal reunido en el salón “Felipe Vallese” de la Central Obrera reafirmó la voluntad de enfrentar las decisiones del gobierno aprobando por unanimidad la continuidad de un plan de acción que contempla un Plenario de Delegaciones Regionales de CGT para el 10 de enero y la realización de un paro con movilización al Congreso de la Nación el 24 de enero para reclamar que los bloques de Diputados y Senadores rechacen la pretendida legalidad del DNU.
Han transcurrido poco más de 20 días del inicio de la gestión del nuevo gobierno y la confrontación se ha desatado inevitablemente. De un lado la soberbia de un presidente que ganó las elecciones y cree que cuenta con carta libre para refundar la nación argentina, modificando y derogando más de 300 leyes y solicitando facultades absolutas para tomar decisiones estructurales en virtud de lo que él caracteriza como situación de “emergencia”, económica, financiera, fiscal, energética, tarifaria, social y todo lo que venga bien para entregar empresas y recursos públicos -es decir que son propiedad del pueblo- a capitales privados que revolotean como buitres buscando repartirse el país como si fuera una presa muy bien servida. En la vereda opuesta, la inmensa mayoría del pueblo argentino al que se le solicita un gran sacrificio en aras de volver a la fantasía de una Argentina potencia que imaginariamente existió hace 130 años atrás, casualmente cuando no existía democracia y el país era manejado por una oligarquía que actuaba en fraternal solidaridad económica con Gran Bretaña.
Los cacerolazos y movilización espontánea de ciudadanos y ciudadanas repudiando desde el primer día la metodología y contenido del DNU, la respuesta inmediata de las organizaciones sindicales del sector estatal y del sector privado y la rápida definición de un plan de acción de la CGT son la expresión de una característica muy particular del pueblo argentino ya veterano en resistencias tanto en dictaduras como en períodos democráticos cuando fueron traicionadas las expectativas populares.
El pueblo en general y en particular la clase trabajadora argentina ha sido protagonista esencial en la conquista derechos y a partir de esa experiencia cargadas de lucha a lo largo de la historia, ha aprendido a defender esos derechos con uñas y dientes, aún cuando ello implique persecuciones, ataque a las instituciones, represión y muertes. Ni siquiera con la ejecución de un genocidio pudieron implantar un modelo de destrucción nacional muy similar en sus objetivos con los que persigue el gobierno actualmente.
“La Patria no se vende” se extiende como consigna en el sector más consciente de la sociedad argentina y es sumamente probable que el clamor vaya creciendo en las próximas semanas, a medida que los nefastos efectos de las políticas impuestas por el presidente y su pandilla de mercaderes de alta categoría cuya fuerza no tiene nada de celestial, impacten sin piedad sobre la vida de millones de familias argentinas.
No se trata simplemente del rechazo al plan de la Libertad Avanza y sus mentores de facto. Es nuestro deber resguardar la democracia, que no consiste solamente en respetar el resultado de una elección, que es esencialmente el respeto al funcionamiento de las instituciones con su representación de mayorías y minorías. Y es también el respeto a las organizaciones del pueblo, arraigadas histórica y culturalmente en base a su legítima función de defender intereses sectoriales que encadenados constituyen la defensa de un proyecto de país al servicio del bienestar general y la felicidad de las mayorías, totalmente opuesto al egoísta principio de libertad individualista y antisolidaria.
La Justicia Social no es una aberración, constituye un principio esencial en la construcción de la auténtica grandeza nacional.
