Las concesiones vencen en 2023. La propuesta es que la operatoria se realice a través de la empresa estatal Ieasa, ex Enarsa, y en sociedad con las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro.
El senador Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley que plantea estatizar siete represas hidroeléctricas de jurisdicción nacional, que fueron privatizadas en los años 90 y cuyas concesiones vencen en 2023. La operatoria se realizaría a través de la empresa estatal Ieasa, ex Enarsa, y en sociedad con las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro.
Para iniciar el debate propone “que Enarsa pudiera retener el 51% del total del dominio” de las generadoras ya que “de esa manera podría simplificar y agilizar la operatoria en sus distintas áreas y funcionar en consonancia” con las disposiciones disponga el gobierno nacional en materia energética.
En Argentina dos tercios de la energía eléctrica es de origen térmico, es decir, se genera quemando gas. En segundo lugar en importancia aparecen las generadoras hidroeléctricas emplazadas en la Patagonia. Como adelantó Página 12, a partir de agosto de 2023 y en los siguientes tres años vencen 17 concesiones en el sector eléctrico, lo cual abre la posibilidad de rediscutir el sistema energético nacional.
Las plantas generadoras de energía eléctrica lograron que sus tarifas fueran dolarizadas durante la época del macrismo, y esto no se modificó con el actual gobierno. La disposición tiene sentido si se considera que el grueso de las empresas importan el gas cuyo precio creció exponencialmente luego de la guerra ruso-ucraniana. El punto a considerar es el rol del Estado en la financiación del servicio puesto que, a través de Cammesa, le paga a las generadoras el precio pleno pero vende a las distribuidoras por un tercio de su valor. Encima estas últimas, encabezadas por las metropolitanas Edesur y Edenor, acumulan importantes deudas con Cammesa aduciendo que no pueden actualizar el precio de su servicio. Las distribuidoras provinciales se comportan igual. Cobran, se endeudan y no invierten.
El proyecto del senador neuquino es esclarecedor en este punto: “la experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola (…) no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector”. Y aclara que “a partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos (en la década del noventa) comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética” nacional, “del 43% de potencia instalada en 1994, se disminuyó al 25% actual”.
Además sostiene que “en el marco de un proceso de transición energética, resulta sumamente importante dotar al Estado Nacional de un instrumento eficaz para potenciar la inversión en fuentes primarias renovables, contribuyendo a la diversificación de nuestra matriz energética”. Como opción para cada caso, el proyecto también abre la puerta para que se pueda “incorporar la participación del capital privado”.
Además de Parrilli, la iniciativa obtuvo el acompañamiento de los legisladores Silvia Sapag, de Neuquén, Martín Doñate y Silvina García Larraburu de Río Negro, y Carlos Linares de Chubut.
