La titular del sindicato vial, Graciela Aleñá, denunció que el inminente decreto que elimina la Dirección Nacional de Vialidad responde a intereses privatistas y acusó al Gobierno de Milei de generar un colapso en la infraestructura vial nacional. Alertó que más de 5.500 trabajadores quedarían en la calle y que más de 40.000 kilómetros de rutas quedarían sin mantenimiento ni control estatal.
La Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, señaló que accedió a un texto de decreto que está por salir en las próximas horas en el Boletín Oficial, en el que determina la desregularización de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y acusó a Javier Milei y al Ministro Federico Sturzenegger de generar “Rutas Nacionales de la Muerte”, al desmantelar un organismo clave para su mantenimiento. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este Decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, afirmó Aleñá.
En ese sentido, la Secretaria General sostuvo que “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”. Y añadió: “Desde el gobierno, nos desfinanciaron desde que asumieron para desmantelarnos y acusarnos ahora de ineficientes. Hacemos un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte. El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”.
Cabe destacar que, en el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. “De esta manera, más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura, dejan en un camino de incertidumbre lo que se viene. Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, indicó.
Para la sindicalista: “Acá, Javier Milei y su secuaz, Federico Sturzenegger, son los responsables del genocidio en las rutas que están generando y ahora profundizan. Eso sí, dejan claro que nuestros bienes de infraestructura, como edificios, maquinarias que valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE. Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”.
“Esto no es una simple reorganización administrativa: significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”, remarcó Aleñá.
Justificaciones del decreto y respuesta crítica
Entre otras cosas, el decreto señala que Vialidad Nacional cuenta con una “estructura compleja y onerosa que no se ajustan a las necesidades actuales de gestión” y una desproporción entre los recursos materiales y la cantidad de agentes, así como entre el número de empleados que cumplen funciones administrativas y jerárquicas, y aquellos que realizan tareas operativas en territorio. Además, redujo sus tareas a un simple “desmalezamiento de las rutas”, sin tener en cuenta todos los trabajos que lleva adelante, como obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento inverna, control de peso, etc.
Así, Aleñá desmintió al Gobierno y lo acusó de no contemplar que Vialidad Nacional opera en todo el país y tiene presencia territorial real solucionando problemas en las rutas diariamente. “Algo que ningún ministerio centralizado ni empresa privada puede reemplazar sin afectar la calidad del servicio o su alcance federal”, afirmó y agregó que “no se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia”.
Por otro lado, se argumenta que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado. “Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, señaló Graciela y añadió: “El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”.
También se propone que las funciones de Vialidad pasen a una nueva agencia que supuestamente será más moderna y profesional para realizar una transferencia de funciones a una agencia más ágil. “La centralización en el Ministerio de Economía aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”, afirmó la dirigente y agregó que “la nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”.
Además, el decreto habla de un ahorro en el gasto público sin mencionar que “el costo de desmontar un organismo como Vialidad no es solo económico: es institucional, social y productivo. Sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”, destacó Aleñá.
Por último, la Secretaria General expuso que la desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial donde decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generarán más riesgo para la seguridad y el control de obras. “Vialidad tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento”, afirmó y añadió: “Cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados, lo que afectará no solo la conectividad sino también la economía local y el empleo público”.
