El Congreso de Perú inició este martes la sesión para debatir si admite o no el pedido de vacancia contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por «incapacidad moral», lo que equivale al inicio de un juicio político para destituirlo solo cuatro meses después de haber asumido el cargo.
Para que el proceso avance se necesitan por lo menos 52 de los 130 votos que componen el Congreso, pero por ahora hay un clima de incertidumbre ya que ni siquiera en la oposición hay consenso.
El diario El Comercio, por ejemplo, estima que, al inicio de la sesión, hay 46 votos a favor de avanzar con el juicio político, 22 están en duda y 61 se abstendrán, mientras que La República calcula que 50 parlamentarios apoyan la vacancia, 75 la rechazan y cuatro la están analizando. Así, la decisión recaerá por completo en los legisladores que todavía están indecisos.
Si finalmente se aprueba la moción, Castillo tendrá un plazo máximo de 10 días para presentar su defensa ante el Congreso. Después, los parlamentarios votarán si lo destituyen o no. Para que ello ocurra, se necesitan por lo menos 87 votos.
La crisis institucional se profundizó después de que un programa de televisión revelara que Castillo se había reunido con funcionarios políticos y empresarios en una casa en Breña, un popular barrio del centro de Lima, en donde vive debido a que no quiere mudarse al Palacio de Gobierno.
El problema es que Castillo nunca informó oficialmente de esos encuentros, algo a lo que está obligado por ley debido a su investidura. En su defensa, argumentó que eran citas personales que solo atañen a su vida privada.
«Las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido a algún interés en particular», aseguró.
Acusaciones
Las explicaciones no satisficieron a la oposición. Por el contrario, alimentaron las denuncias opositoras de posible corrupción, ya que en la lista de visitantes se encuentran empresarios que más tarde conseguían contratos del Gobierno. Una de ellos es la empresaria Karelin López, quien horas después de ver al mandatario ganó una licitación por 64 millones de dólares.
Castillo asumió el pasado 28 de julio, después de un largo conflicto postelectoral en el que la opositora Keiko Fujimori se resistía a aceptar su derrota. Desde que se colocó la banda presidencial, su Gobierno ha estado en crisis constante por el acoso de la oposición partidaria y mediática, a lo que se suman los enfrentamientos políticos al interior de Perú Libre, el partido que lo llevó al poder.
De hecho, a pesar de que representa a la bancada oficialista, Perú Libre anunció que analizaría el pedido de vacancia. Finalmente el lunes descartó su voto a favor del proceso de destitución al advertir que no participará de ningún «golpe de Estado».
El pedido de vacancia lo solicitó el pasado 18 de noviembre Patricia Chirinos, legisladora de la alianza derechista Avanza País, quien apeló a la «incapacidad moral» de Castillo, un concepto vago que rige en Perú y que ha abonado a la debilidad institucional, ya que es una amenaza permanente para el gobernante de turno en un país que ha tenido ocho presidentes en los últimos 20 años.
Dos de ellos, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020), fueron destituidos precisamente por «incapacidad moral».
En el caso de Castillo, el pedido para terminar con su Gobierno parecía no tener futuro, pero días más tarde estalló un escándalo cuando se encontraron 20.000 dólares en efectivo en la oficina del exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, quien ya había renunciado al cargo y era investigado por la Fiscalía por supuesto «tráfico de influencias» para favorecer a empresas privadas. Es decir, corrupción.
Esto permitió que la oposición redoblara sus esfuerzos para destituirlo. El 25 de noviembre, Chirinos presentó una moción que ya contaba con el aval de 28 legisladores de las bancadas conservadoras Renovación Popular y Fuerza Popular (fujimorismo). Las acusaciones eran múltiples, desde los nombramientos de ministros cuestionados (y que en su mayoría ya han sido sustituidos) hasta las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Luego llegó el reportaje televisivo que reveló las reuniones no reportadas del presidente, lo que aceleró la presión parlamentaria para votar la vacancia.
