NINGÚN AJUSTE ALCANZA  

El Gobierno de Javier Milei alentado por los resultados electorales, promueve e insiste en un esquema inconsistente de política económica impulsada por las ganancias de las grandes corporaciones transnacionales, con distribución regresiva y concentrada del ingreso.

Estas ganancias no se destinan a impulsar el crecimiento ni mejorar la vida de los argentinos.  Ligadas a la renta financiera, agrícola, minera, petrolera, gasífera y a los grandes formadores de precios, tras realizarse, son en gran parte cambiadas a dólares y fugadas del país o del sistema financiero nacional. Al hacerlo, también evaden o eluden impuestos, quebrando al Estado y desestabilizando la economía real. El objetivo es hacer más dinero a partir del dinero especulando y no produciendo.

Para sostener este “modelo” de Milei, de valorización financiera y deterioro de la actividad productiva, hay que endeudarse cada vez más.  Y para pagar a los acreedores, el gobierno impone un ajuste fiscal sin fin a los sectores de menores y medios ingresos. Pero bajar la retribución del trabajo, los salarios y jubilaciones, implica menos consumo, menos producción, menos empleo y cada vez más precario, menos recaudación, menos obra publica, lo que a su vez determina el deterioro de todos los servicios públicos – como ser salud, educación, seguridad- e infraestructura estatal. El gasto público del Estado para cumplir sus funciones es un 31% menor en 2025 que en 2023, con un fuerte recorte de las transferencias a las Provincias.[1]

Por otra parte, el superávit comercial que reivindica el gobierno proviene, no tanto de más exportaciones, sino que -en su mayor parte – se constituye a costa de ese menor consumo por la imposibilidad de la mayoría de los trabajadores activos o jubilados, de llegar a fin de mes con sus ingresos, con una creciente inseguridad alimentaria y precarización de las condiciones de vida.

Para peor, los dólares conseguidos mediante este sacrificio se van por la canaleta de la especulación financiera, moviendo el dinero hacia afuera de nuestra economía formal, para mejorar sus rentas en el circuito financiero transnacional, y salvaguardar patrimonios constituidos evadiendo impuestos.

En esta situación ningún ajuste alcanza, por lo que el gobierno avanza tanto con privatizaciones y concesiones, en la entrega de infraestructura de gran escala, recursos naturales y activos estratégicos que el país acumuló durante años. Lo hace también con acuerdos comerciales perjudiciales para el trabajo y la producción nacional, como el que hoy se anuncia con los Estados Unidos y, por lo que se anticipa de su contenido, el Congreso de la Nación debería declarar invalido.

En ese camino, sólo desde que Milei acudió en abril de este año a un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional, la fuga de capitales superó los 24.496 millones de dólares, cifra que equivale al superávit comercial acumulado de todo su mandato, durante el cual la deuda pública, en moneda nacional y extranjera, se incrementó en 107.799 millones de dólares.

REGRESIONES

Ahora, el gobierno impulsa regresiones en la legislación en materia de condiciones de trabajo, previsión social y tributación, argumentando que así habrá crecimiento y más empleo registrado. Por los hechos y experiencias anteriores, sabemos que sucede y sucederá lo contrario. Se demostró durante los gobiernos de la Dictadura, Menem, De la Rúa, Macri y se viene demostrando con Milei.

Es necesario evitarlo. De prosperar esas regresiones que propone el gobierno el daño será aún mayor. Menores retribuciones al trabajo –salarios y jubilaciones-, mayor precarización laboral, mayor brecha en los salarios de las distintas actividades, mayor inequidad tributaria, acentuarán aún más la caída de la demanda interna y por ende del empleo – formal e informal-, de la producción nacional, de la recaudación fiscal, en definitiva, del mercado interno, del que vive la inmensa mayoría de los habitantes y que explica el 75% del crecimiento del país.

Esto sucede en una economía con precios liberados, caros en pesos y en dólares, con una relativa reducción de la inflación, que sigue siendo alta, basada en una canasta de bienes y servicios que no se corresponde con la realidad.

CON LOS SALARIOS Y EL AHORRO NACIONAL

No basta con oponerse a las medidas del gobierno, es necesario decir qué hacer. Creemos que la salida de esta trampa pasa, por una política económica impulsada por los salarios reales y la recuperación del ahorro nacional, orientando el excedente hacia una transformación de nuestra matriz productiva y una imprescindible reconversión industrial.

Ello exige en primer lugar, una urgente recuperación del salario,  las jubilaciones, y el salario social complementario, que también permitirán la recuperación de la demanda, la producción y el empleo. El Salario Minimo Vital y Móvil debe corresponderse con la Canasta Básica Total (INDEC)

Y complementariamente:

CREAR de inmediato, con participación de las provincias y municipios, un único REGISTRO NACIONAL DEL TRABAJO, vinculado con el de las personas, para inscribir y documentar la capacidad y ocupación laboral en no más de un trimestre, de todas las personas que laboran en el ámbito privado o público – en situación formal o informal – incluyendo a los trabajadores de plataformas, de la economía popular, monotributistas y a las personas afectadas a tareas de cuidado- con el fin de orientar una necesaria distribución y formalización del empleo, y reordenar la seguridad social para que alcance a toda la población trabajadora;

• LEGISLAR para actualizar los derechos de todos los trabajadores, formales e informales, registrados o sin registrar, reconociendo los cambios que por la progresiva incorporación de tecnología tuvieron lugar en la organización del trabajo, en los últimos 50 años;
• REVERTIR el paradigma de “flexibilización laboral” y avanzar hacia normas inclusivas, basadas en el principio constitucional de “a igual trabajo, igual salario”. Garantizar la negociación de convenios colectivos de trabajo por actividad, incluyendo a los trabajadores tercerizados, de plataformas, y en su caso a los de la economía popular y los monotributistas;
• REDUCIR la jornada laboral, acorde a las tendencias mundiales más avanzadas, para mejorar la distribución del empleo, el rendimiento personal, y la calidad de vida. Esto también contribuirá a superar los costos ocultos en la gestión laboral de las empresas, con perjuicio para los trabajadores y la propia organización empresaria (salud, rendimiento, mayores gastos de administración);
• HACER efectiva la participación en las ganancias prevista por la Constitución Nacional, art. 14 bis. Así como la inversión de capital en una actividad tiene distintas maneras de retribución, la inversión del esfuerzo de los trabajadores también debe tenerla. Sin salario suficiente para cubrir las necesidades de vida es imposible una plena prestación laboral. A esa remuneración del trabajo debe sumarse la participación en las ganancias que con el trabajo se hacen posibles;
• GARANTIZAR un sistema de seguridad social universal;
• PLANIFICAR una política de empleo con eje en la demanda interna, la industria nacional, y la obra pública, recuperando la densidad productiva del territorio.

EQUILIBRIO PRODUCTIVO

Por último, Argentina debe alcanzar un equilibrio productivo, en el cual el gasto público se oriente a un plan de inversión en el marco de un proyecto de crecimiento sustentado en la industrialización, la transformación de las capacidades productivas nacionales: infraestructura, ciencia, salud y educación, y la articulación virtuosa de las economías regionales.

Para ese equilibrio es imprescindible una reforma y simplificación tributaria que también coadyuve a promover la creación de empleo, sin afectar los recursos de la seguridad social. Y que del pago de la deuda pública contraída con fraude y desconociendo la ley se hagan cargo sus beneficiarios.

El análisis unificado de empleo, ingresos, economía real, sector externo, deuda pública, que en algunos aspectos abordamos en el anexo, muestra que el modelo vigente no genera estabilidad ni crecimiento, sino concentración, dependencia, deuda, saqueo y destrucción del entramado socio productivo.                                              Las consecuencias son el empobrecimiento, el deterioro de la calidad de vida, la salud, el hábitat y la educación del pueblo argentino.

El camino propuesto —basado en el trabajo, la redistribución del ingreso, la recuperación de la demanda efectiva, la producción y la decisión soberana— busca reconstruir una economía donde los excedentes se reinviertan en producción, bienestar y autonomía nacional.

No podemos seguir así. Es necesario un plan movilizador que articule los objetivos del trabajo y la producción, para recuperar el hoy y decidir sobre el futuro que ya llegó.

FORO ECONOMIA Y TRABAJO

Sergio Arelovich, Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Norberto Crovetto, Juan Pablo Costa, Raúl “Rulo” Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Pablo Manzanelli,Jorge Marchini, Felisa Miceli, Andrés Repar, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva,   Juan Carlos Teso, Rodolfo P. Treber, Eduardo Berrozpe (coordinador)