Edición n° 2799 . 21/07/2024

Fase 2 del gobierno de Milei: Los marcos legales para la represión y un “Pacto de Julio” para pocos.

(*Emilia Trabucco) La esperada tranquilidad de “los mercados” no parece llegar para el gobierno de Javier Milei, a pesar de la votación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Se pone en evidencia que los grandes ganadores son los sectores económicos concentrados, que siguen presionando mediante su conocida estrategia extorsiva para que llegue una segunda gran devaluación, se levanten las restricciones cambiarias y La Libertad Avanza ponga el pie en el acelerador en la implementación de su programa.

La segunda fase anunciada por Milei viene con el nombramiento de Federico Sturzzeneger, quien desde el 5 de julio será el nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Un personaje conocido de las sagas de los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, que mantiene diferencias históricas con Luis Caputo, ministro de Economía.

Sturzenegger, además de ser el mentor del mega DNU vigente, es el autor de la “Ley Hojarascas”, un nuevo paquete legislativo que plantea barrer con “más de 100 normas burocráticas” y que llegará al Congreso en esta segunda fase para contribuir a la destrucción del Estado en curso. Según el propio Milei, implica más reformas estructurales para “dejar de entorpecer el funcionamiento del sistema económico”.

La contracara de esta segunda fase económica de mayor ajuste es el plan de disciplinamiento social, necesario para profundizar su programa antipopular. La parte menos difundida de lo que se viene tiene que ver con un paquete de leyes que, según el gobierno, van a protagonizar los próximos debates en el Congreso y cuyo principal objetivo es generar los marcos legales para la persecución y la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales: la ley “anticasta” y “antimafias”.

Este plan viene ejecutándose desde los inicios de la gestión de La Libertad Avanza, principalmente gracias al famoso Protocolo Antipiquetes, que le ha permitido a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, desplegar operativos desmedidos de las fuerzas con vía libre para reprimir a manifestantes, cuya mayor ofensiva se observó durante el tratamiento de la Ley Bases en la Cámara de Senadores, el pasado 12 de junio.

En dichas jornadas, los efectivos comandados por la ministra persiguieron a las personas que se congregaron en repudio a la Ley, dejando un saldo de 35 detenides, de los cuales, cuatro siguen privados de su libertad. Uno de los cinco fue liberado el día 4 de julio, luego de la masiva ronda de las Madres de Plaza de Mayo, acompañadas por organizaciones y organismos de Derechos Humanos.

Además de la habilitación a la represión en manifestaciones, el gobierno viene avanzando un plan sistemático de estigmatización y criminalización de militantes y dirigentes populares, buscando el marco de legitimación para realizar allanamientos ilegales y armado de causas judiciales, construyendo la categoría de “terroristas”. La ley antimafias sería el broche final para alcanzar la legalidad que necesitan para actuar con total impunidad, sumando además la baja de la edad de imputabilidad.

Esta ley viene avanzando silenciosamente en su debate legislativo en las comisiones de Diputados junto a otras iniciativas, como la expansión del Registro Nacional de Datos Genéticos, reiterancia delictiva (que ya ha sido aprobada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires) y legítima defensa (que busca justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales).

Como alertó la diputada Myriam Bregman, “con el pomposo título de “LEY ANTIMAFIAS”, Bullrich propone que le den facultades para dictar una especie de estado de sitio o zona liberada bajo su mando, donde una vez establecida la “zona sujeta a investigación especial”, ella pueda hacer lo que quiera. ¿Qué sería esto? Allanar sin orden judicial, intervenir teléfonos, detener personas por 48hs. Se establece la extinción de dominio, se crean figuras penales nuevas y se aumentan penas”.

El “plan antimafias” es una iniciativa del diputado del PRO, Fernando Iglesias, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, quien se hará presente junto a la canciller, Diana Mondino, en la Cumbre del Mercosur. Allí irá a buscar aliados, ya que una de las aristas principales será generar una agencia antimafias integrada por todos los países del Mercosur donde se pueda cruzar información, trabajar estrategias conjuntas, contar con fiscalías y estrategias unificadas para combatir a las “mafias” que operan en la región.

Esta ley se conecta directamente con la llamada “ley anticasta”, que según Milei será también parte de su segunda fase y que tiene como principal objetivo la persecución de las organizaciones sindicales. Según fuentes del gobierno, se intentará avanzar con la esencialidad en dos rubros estratégicos: la educación y el transporte, lo que significa arremeter contra el derecho constitucional a la huelga y a la libertad sindical, ya que también prevé inmiscuirse en las elecciones de los sindicatos.

Para avanzar en su objetivo, siguen profundizando el discurso parteaguas en la sociedad: “Ahora lo que buscamos es meternos de lleno con aquellos que viven complicándole por política la vida a la gente, como es en particular el tema de algunos sindicatos, que en lugar de defender al trabajador defienden al kirchnerismo. Nuestra prioridad será evitar que usen a los chicos y a los pasajeros como rehenes cada vez que utilizan la fuerza para impedirles que trabajen”, señalaron desde las filas libertarias.

La estrategia del gobierno también incluye lograr el acompañamiento de las principales fuerzas políticas, llamando a sentarse a la mesa de consenso a aquellos que ya demostraron estar dispuestos a negociar y aceptar las prebendas para aportar gobernabilidad, frente a las consecuencias del programa antipopular en curso. Viene avanzando con cierto éxito, ya que tanto el peronismo como el macrismo dirimen internas que son de público conocimiento, dividiendo las fracciones entre quienes tienen intención de acompañar o no al gobierno.

Bajo el objetivo de la búsqueda de consensos, el presidente repartió un gran número de invitaciones para el acto del Pacto de Mayo, que se realizará en la noche del 8 de julio en la Casa de Tucumán, en la vigilia del Día de la Independencia.

La convocatoria está dirigida a todes les representantes de las provincias y a expresidentes, sin distinciones, algunos legisladores, a referentes sindicales y a los integrantes de la Corte Suprema. El acto incluirá la firma de una serie de puntos de acuerdo que el gobierno fue negociando con las distintas fuerzas, bajo el objetivo de “romper con las antinomias del pasado y refundar el contrato social que dio nacimiento a nuestra querida Patria».

Dicho acto buscará consolidar el consenso de aquellos representantes que están dispuestos a ser cómplices del disciplinamiento social de las organizaciones populares, que incluyen el mayor empobrecimiento y la ofensiva represiva.

Los paquetes legislativos que intentan establecerse para darle marco legal a dicha estrategia serán temas que se van a debatir en el Consejo de Mayo, un organismo autárquico que Milei creará por decreto, y que estará conformado por un representante del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, del Senado, de cámaras empresarias y del sindicalismo.

Con código de vestimenta de “traje negro”, quienes finalmente decidan participar de la iniciativa del gobierno, aparecerán como los sepultureros de la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las mayorías, obstaculizando las estrategias de rearticulación de una fuerza de oposición política frente a un gobierno que pretende hacer pagar las consecuencias al pueblo argentino, paradójicamente, en vísperas de un nuevo aniversario de la Independencia, donde “las y los infernales” de 1816 volverán a quedar afuera.

**Psicóloga, Magíster en Seguridad de la Nación. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.