La denuncia fue presentada por la asociación civil Arco Social. También fueron denunciados y se pidieron las indagatorias de Pablo María de la Torre, ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, y Luis María Scasso, director de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue denunciada junto al ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre, y el director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Luis María Scasso, por asociación ilícita, desvío de fondos y pago de sobresueldos en el marco de contrataciones sospechosas. En la presentación, se pidió a la justicia la indagatoria de los tres apuntados.
La denuncia fue presentada por la asociación civil Arco Social, cuyo objetivo es combatir la corrupción. La presentación es por las contrataciones realizadas de manera irregular por el Ministerio de Capital Humano, a través de la OEI, que se revelaron en C5N, “con el fin de aparentar el empleo de alrededor de cien personas, quienes nunca prestaron funciones, con el fin de desviar dichos fondos al pago de sobresueldos y a la compra de dólares estadounidenses en el mercado ilegal, generando una inmensurable afectación de las arcas del Estado Argentino”, según dice la denuncia.
“Los montos por los contratos realizados a través de la OEI ascenderían a los $1.000 millones con un desembolso de $645 millones autorizados por el Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Pettovello y que, en enero, se habrían girado otros $395 millones”, dice la denuncia.
La nueva denuncia se basa en la información que ha trascendido públicamente que da cuenta que Pettovello, junto a su ex Secretario de la Torre y utilizando para ello el organismo internacional dirigido en el país por Luis Scasso, contrataron personal para dicho ministerio, quienes no cumplían con funciones definidas y sus “sueldos eran desviados para otros fines espurios”.
Remarcaron desde la asociación que fue el propio Ministerio de Capital Humano, a través de su Subsecretaria Legal Leila Gianni, quien durante una entrevista periodística realizada por Jonatan Viale, confirmó que los hechos aquí denunciados sucedieron.
La ministra Pettovello, en uso de sus funciones públicas, suscribió convenios bilaterales con la OEI, cuyo director es Scasso, “con el fin de que el organismo internacional gire fondos para -supuestamente- la contratación de personal destinada a la Secretaría de De la Torre, bajo la apariencia de necesidades administrativas y técnicas para diversos programas que se encontraban bajo su órbita”.
“De ese modo, en virtud de la participación del organismo internacional a cargo -en el país- de Scasso, la Lic. Pettovello y De la Torre, evitaron realizar los procedimientos legales previstos para la contratación de personal, evitando de ese modo la publicidad y trasparencia de sus actos, para lograr su principal finalidad: el desvío dichos fondos”, advirtió la denuncia.
“Este esquema criminal involucraría necesariamente la falsificación de documentos públicos, la creación de reportes falsos sobre las actividades realizadas por los empleados contratados, con la finalidad de encubrir la falta de trabajo de dichas personas”, surge de la presentación judicial.
Por revelación del periodista Mauro Federico se conoció la existencia de una planilla de Excel denominada “Plan 120 (FF)» en la que figura el listado de profesionales contratados a través de la OEI, “sin embargo, ninguna de estas personas se encontraría en las bases de datos oficiales del Ministerio de Capital Humano, ni frecuentarían las instalaciones de la dependencia oficial”
“Resulta evidente que Pettovello y Scasso buscan a través de la estrategia mediática, poner a De la Torre como único ideólogo y ejecutor del plan delictivo, sin embargo, resulta claro que, dada su sofisticación de la maniobra y la intervención de distintos organismos en ella, la operación delictiva no podía escapar del conocimiento de los nombrados y que, resultaba imprescindible la participación directa de los titulares de los organismos involucrados para lograr su éxito. Motivo por el cual, sus comunicados no son más que un intento burdo e infructuoso de deslindarse de la responsabilidad jurídico-penal que les correponde”, consignó la denuncia.
Posible lavado de activos
La asociación indicó que si bien al momento únicamente se conoce -y fue indicado expresamente por la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano- que el desvío de fondos tuvo como finalidad el pago de sobresueldos y la compra ilegal de moneda extranjera, “es necesario que la Justicia profundice la investigación y realice la trazabilidad del dinero girado por la OEI, para conocer el destino último de éste y relevar si se desplegaron nuevas maniobras delictivas relacionados al lavado de activos con el fin de dar una apariencia lícita a los fondos sustraído de las arcas del Estado Argentino”.
es imprescindible avanzar en el conocimiento de la totalidad de las contrataciones realizadas por el Estado Nacional a través de la OEI, en los que se podrían ejecutar maniobras delictivas similares a la aquí denunciada.
Al respecto, la entidad señaló que resulta llamativo que “curiosamente María Inés Brogin Alba, en su carácter de Subsecretaria de Gestión Administrativa, suspendió el pago de 300 contratos que el Estado realizó a través de la OEI, a partir de la difusión del escándalo previamente descripto, lo cual corresponde investigar en profundidad, ya que, resulta claro la vinculación existente entre ambos hechos”
“No debemos olvidar que este ardid delictivo tiene un impacto devastador en la población más vulnerable de Argentina, toda vez que Pettovello, De la Torre y Scasso utilizaron la estructura del Ministerio de Capital Humano para desplegar los actos de corrupción, y que de dicha cartera ministerial dependen millones de personas para su alimentación y subsistencia diaria”.
Marco legal
Asociación ilícita, el Código Penal prevé en su artículo 210 que “será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”.
Asimismo, con relación a la malversación de fondos públicos la mencionada ley sustantiva prevé en su artículo 261 que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
Finalmente, en lo relativo a la falsificación de documentos públicos el Código Penal indica que “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado (…)”.
