Sin futuro soberano
(POR HORACIO ROVELLI) El objetivo inmediato del gobierno de Javier Milei es endeudar al país y priorizar el pago de los intereses de esa deuda.
a) Mediante el Decreto 846/2024 de septiembre de 2024, derogó el artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establecía que, en toda operación de deuda pública, deben mejorarse dos de las tres condiciones del endeudamiento —la tasa de interés, el total adeudado y los plazos de vencimiento—. Al eliminar esos requisitos, facilita el canje a medida de los acreedores.
b) El proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2025 en su artículo 1º dice textualmente: “Establécese, como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener, a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente regla fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero».
Y es lo que están haciendo desde que asumieron la administración del país. El resultado fiscal al 30 de septiembre de 2024 demuestra que el gasto total del presupuesto de la Administración nacional a valores constantes se reduce en los primeros nueve meses transcurridos del año en un 27% con respecto al gasto total de igual lapso del año 2023, y el gasto primario (antes del pago de los intereses de la deuda pública nacional) se redujo en un 31% en términos reales. Presupuesto nacional de 2023, que a su vez es menor que el del año 2022; este, a su vez, se redujo con respecto al del 2021 y todos ellos son muy menores al del año 2020.
Los rubros que registraron las mayores bajas en el resultado fiscal al 30 de septiembre de 2024 son:
a) Gasto de capital: Se reduce con respecto al año 2023 en un 79%. Prácticamente, se hacen algunas tareas de mantenimiento y no hay obras nuevas; la prueba está en que el gobierno de la provincia de Santa Fe solicita que le cedan las rutas A012 y la nacional º 11, claves para la región portuaria. La primera es la circunvalación que abraza el Gran Rosario, que actualmente tiene solamente dos carriles y hay áreas donde prácticamente está intransitable; la segunda, en los 70 kilómetros que van de Arroyo Seco al sur y Timbues al norte de Rosario, que conforman las 31 terminales del complejo portuario, el más importante del mundo [1]; pero este gobierno prioriza el pago a los acreedores de una deuda que nunca se auditó, por lo que ni siquiera apuntala la logística de las exportaciones agropecuarias.
b) Transferencias corrientes a provincias y a CABA: Disminuye en un 70% con respecto al año pasado. Se trata de subsidios al transporte y a la energía (gas, electricidad, ). Eso explica que la población pague el precio del boleto del colectivo por aproximadamente 1.000 pesos y la tarifa eléctrica para una casa de familia ronde un promedio de 60.000 pesos por mes.
c) Pagos de jubilaciones y pensiones: Disminuye con respecto al año 2023 en un 14,3%, cuando vegetativamente crece el número de beneficiarios; por ello la jubilación mínima en septiembre de 2024 fue de 234.540 pesos, más el bono de 70.000 pesos, lo que conforma un haber de 304.540 pesos. Eso implica una caída real (es decir, contemplando la inflación) del 20,7% respecto a septiembre de 2023, cuando la mayor parte de los beneficiarios previsionales percibe el haber mínimo o en torno a esa suma.
d) Transferencia a las Universidades: Si bien conforma un ajuste del 33,1% con respecto al ejecutado en el año 2023, es obvio que hay diferencias en las administraciones con caso flagrante de la Universidad de Tucumán [2], pero lo cierto es que el presupuesto al 30 de septiembre fue de 1,8 billones de pesos. El proyecto de ley vetado por el gobierno de Milei, que no contó con los 2/3 de la cámara para su insistencia, proponía actualizar las partidas del presupuesto de 2023 por la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC. Eso implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos. Con solo ver que el pago de intereses de la deuda al 30 de septiembre de 2024 equivale a 3,83 veces el presupuesto ejecutado de las 61 universidades nacionales, percibimos lo que significa la política de deuda desde el gobierno de Cambiemos al presente.
El gobierno nacional pagó intereses de deuda al 30 de septiembre de 2024 por 7.136.407,9 millones de pesos; suma que no incluye los intereses correspondientes a las Lecaps (títulos de deuda en pesos capitalizables, cuyo stock al 30 de septiembre de 2024 era, convertido por la Secretaría de Finanzas de la Nación, de 32.448 millones de dólares) y de las LeFi —Letras Fiscales de Interés que reemplazaron a las Leliq por 20 billones de pesos con intereses fijados por el BCRA—. Esto constituye un ajuste contable significativo, dado que en dichas Letras del Tesoro los intereses implícitos no se contabilizan, por un lado, y que dicha capitalización, por otra parte, es un factor endógeno de expansión del endeudamiento.
El gobierno presidido por Javier Milei se endeuda permanentemente (a razón de 10.000 millones de dólares por mes) y esa deuda es fundamentalmente con grandes corporaciones financieras, esencialmente con sede en Manhattan (Nueva York — Estados Unidos), principalmente encabezadas por BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, entre otros y capitales menores, pero que siguen a pie juntillas a los fondos más grandes, en los que participan “inversionistas” locales que confían la administración de parte de su capital a esos fondos.
El superávit financiero obtenido en los nueve meses transcurridos del año 2024 por 2,4 billones de pesos se emplea en su totalidad, no para la obra pública, mejorar la situación de los jubilados y pensionados y las tarifas de transporte y de energía, sino para comprar 2.701 millones de dólares [3] al Banco Central de la República Argentina (BCRA) —lo que disminuye las reservas brutas [4] y hace más negativas las reservas netas— para cubrir pagos de capital en dólares y euros correspondientes a los bonos Globales y Bonares, con vencimiento en enero de 2025. Los pagos de renta para esos mismos bonos, que también vencen en enero, ya fueron asegurados con una compra previa de dólares en agosto de 2024.
El objetivo mediato
La política de endeudamiento constante genera un monto cercano al PIB anual, y la propuesta del gobierno, en connivencia con los acreedores (básicamente el capital financiero con sede en Manhattan), es que se cancele la deuda argentina con los recursos naturales del país: petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, cobre, plata, hierro, agua, agua pesada, etc. [5].
Esos capitales administrados por fondos extranjeros están desplazando a los grupos locales, quienes en sus comienzos disfrazaban a Milei de avispón verde o imitador de Leonardo Fabio, para que se hiciera conocido entre la población, sin referentes políticos, ni gremiales, ni sociales, y tomaran a Milei como su representante. Pero hoy Javier Milei y su gobierno le responden fielmente al capital extranjero, que, vía deuda acrecentada por la inflación (carry trade), propone quedarse con los recursos naturales que no le pertenecen a este gobierno, y muy parcialmente a esta generación, y que debe ser el futuro de generaciones de argentinos.
¿Qué es lo que hacen las naciones que se respetan a sí mismas y se proyectan en el futuro independientes y libres de verdad? La evidencia empírica indica que los países que gozan de un alto bienestar son los que han logrado acumular fondos soberanos de inversión para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización de ellos destinada a las próximas generaciones.
Noruega, considerado el país más igualitario y con mayor calidad de vida del mundo, detenta un fondo soberano creado en 1990, sobre la base de las exportaciones de petróleo y gas, con un activo de 1,626 billones de dólares y eso le permite capitalizarse y distribuir progresivamente su ingreso en la población y apuntalar su futuro soberano e independiente.
De consumarse el plan de este gobierno, la Argentina dejará de ser una nación para ser una factoría exportadora. No puede haber un destino nacional y común con el grado de pequeñez, de prebendarismo y de miopía de la burguesía que tenemos; y solo un Estado consciente, con un plan y asegurando la participación de la población (los canales y los instrumentos de participación), puede poner los límites y obligar a cumplir las leyes, a la vez que debe ser capaz de conducir a una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria, y ese debe ser el principal desafío de un gobierno: constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana [6].
[1] Con un total bruto de 110 millones de toneladas (Mt) despachadas de granos, harinas y aceites en el año 2023, el nodo portuario del Gran Rosario se convirtió en la zona portuaria de exportación de productos más importante a nivel mundial.
[2] Causa caratulada Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa, expediente 400360/2010, donde el delito de fondo es el Robo de la Ciudad Universitaria a la Universidad Nacional de Tucumán y la malversación de por lo menos 85.000.000 de dólares.
[3] La diferencia entre los 2,4 billones del superávit financiero acumulado al 30/09/2024 y los 2.701 millones de dólares girados al exterior en adelanto de pago de vencimientos de enerode 2025 se lograron con el superávit financiero de los primeros 23 días de octubre de 2024.
[4] Donde se contabilizan los 5.500 millones de dólares de libre disponibilidad del swap de China que vence en junio de 2025, más los encajes de los depósitos en dólares que capta el sistema financiero local, más el goteo del pase de los depósitos en dólares del “blanqueo” de capitales de la cuenta CERA a cuentas que guardan encaje.
[5] En ello juega el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) de la Ley 27.742.
[6] Mensaje ante la Asamblea Legislativa, 1 de mayo 1950.
