El aumento en el costo de la energía dispuesto por la gestión nacional se trasalda a las facturas provinciales. Cuánto se pagará en Buenos Aires.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires fue forzado a trasladar a cuadros tarifarios provinciales del aumento en el precio mayorista de la energía y la quita de subsidios definidos por la Secretaría de Energía de la Nación, que responde a la estrategia de achicamiento general del gasto que el ministro de Economía, Luis Caputo, lleva adelante aplicando la motosierra del presidente Javier Milei y que complica, principalmente, a la economía de los usuarios de las provincias.
En un comunicado, el Ministerio de Infraestructura bonaerense, indicó que «el aumento de la energía afecta a los usuarios residenciales de grandes ingresos y a los de ingresos medios que consuman más de 400 kilovatios hora (kwh) al mes, en un 118 por ciento”.
Según se explica en el comunicado, el caso extremo de los pequeños comercios, que consuman menos de 800 kwh mes, la suba podría alcanzar un 413 por ciento. También hay un aumento para los organismos públicos de las carteras de Educación y Salud, que sufrirán una suba del 186 por ciento.
«El incremento definido se verá reflejado en los consumos de febrero de los usuarios bonaerenses, ya que se traslada a los cuadros tarifarios provinciales”, se explicó.
El ajuste
El documento a través del cual la Provincia explica la resolución, también hace alusión a la situación del sector eléctrico y recuerda que «en el marco de la pandemia y la crisis posterior, las tarifas se mantuvieron muy por debajo del aumento de costos”. Algo que se modifica a partir de las últimas medidas nacionales.
“Las distribuidoras provinciales y cooperativas para poder sostener la prestación tuvieron el acompañamiento del Estado provincial -a través de subsidios- y de la anterior gestión del Gobierno nacional, que otorgó créditos, planes de pago y facilidades para afrontar la situación de deuda creciente en el pago de la energía, ya que el pago parcial de las facturas a Cammesa les permitió solventar gran parte de sus costos», remarcó la cartera provincial.
El comunicado también explica que “el escenario actual por parte de las distribuidoras y cooperativas es de un alto nivel de endeudamiento”, y precisó que “en el caso del sector cooperativo, se evidencia un mayor nivel de gravedad”. “Si bien es un sector altamente heterogéneo, se observa que en muchos casos no alcanzarían a pagar los sueldos si abonaran el 100 por ciento de la energía que compran«, advierte.
“En este contexto, el gobierno nacional ha intimado a las prestadoras a ponerse al día con esa deuda. Por este motivo, además del incremento del costo de la energía, próximamente se sumará un aumento de uno de los componentes de la tarifa: el Valor Agregado de Distribución (VAD) que se utilizará para sanear la deuda con Cammesa y lograr garantizar la operación del servicio. Sumados ambos, la tarifa sufrirá un incremento promedio del 180 por ciento«, advirtió el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Gabriel Katopodis.
Por eso, señaló que “ante esta coyuntura de aumento de costos mayoristas de la energía y pago de deuda con Cammesa, el objetivo es recomponer los ingresos operativos de las distribuidoras, garantizar el pago de la factura corriente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico y realizar los mantenimientos e inversiones en la red para garantizar el servicio».
«A partir de la quita de subsidios, el aumento del costo mayorista de la energía y el incremento de VAD, la suba promedio en las facturas de electricidad será de un 180 por ciento. Un usuario residencial de altos ingresos (N1) que consume 150 kwh mes pasa de pagar en promedio 8.600 por mes a pagar 24 mi pesos«, detalló Infraestructura.
Y agregó que «en el caso de los usuarios N2 de bajos ingresos, si pagó 3.500 pesos por mes consumiendo 150 kwh en enero, en marzo pagaría 10.500”, y remarcó que “estos incrementos son similares a los que ya fueron aplicados recientemente a las facturas de los bonaerenses que viven en el AMBA, áreas de concesión de Edenor y Edesur, ambas distribuidoras bajo jurisdicción nacional».
