Edición n° 2701 . 14/04/2024

Eliminan organismos de la Agricultura Familiar y dejan 200 mil familias rurales desamparadas 

Desarrollo e inclusión de pequeños productores, ¡afuera! 

El Instituto y el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar fueron eliminados y serán reemplazados por una dirección nacional sin delegaciones en el interior. Abandono de un programa social clave del gobierno de CFK para la población rural más precaria.

( Por Rulo Dellatorre / Página 12 / Motor Económico) Con abuso de adjetivos descalificadores y brindando escasa o nula precisión de datos, el vocero presidencial anunció este martes que «el ministerio de Economía decidió eliminar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, tras una profunda revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores». No hubo una sola referencia de Manuel Adorni a qué se refería con esas calificaciones, simplemente se regodeó de que, con esa decisión, quedaban sin trabajo 900 empleados y el Estado tendría «un ahorro de 9000 millones de pesos».

Lo que no señaló Adorni es que esta decisión significa demoler una política de Estado creada entre 2006 y 2008, primero como secretaría de agricultura familiar, para dar respuesta a las necesidades de más de 200 mil familias que (sobre)viven de su producción agrícola, distribuidas en zonas geográficamente dispersas (han sido desplazadas de la zona núcleo o pampa húmeda por los grandes terratenientes) y en condiciones habitualmente precarias. Sin acceso a energía eléctrica, ni cursos de agua, ni medios de transporte ni centros de atención de salud próximos. Además, sin posibilidad de acceso al crédito ni a mercados cercanos donde volcar los excedentes de su producción de autoconsumo. Mucho menos, acceso a herramientas, maquinarias y a modernas técnicas de cultivo. Hasta que llegó el Estado.

«Para que tomen dimensión de la fiesta que era este organismo, les cuento que tenía 160 delegaciones, 204 vehículos para 964 empleados, y el 85 por ciento de presupuesto estaba destinado a pagar sueldos: era casi una agencia de empleo público, para cargos políticos», se burló Adorni del organismo cuyo cierre acababa de anunciar.

El instituto de agricultura familiar tiene presencia en todas las provincias, y en cada una de ellas una distribución de sus profesionales (el 90 por ciento de su plantel lo es: ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas, médicos veterinarios, sociólogos) en función de las diferentes regiones productivas en las que está dividido el territorio. Cada provincia contaba con una oficina o delegación, y cada programa productivo, con un coordinador. Las visitas a los productores, en general ubicados a distancias de 20 a 50 kilómetros por caminos rurales, se hacían obviamente a través de camionetas del propio instituto, o de pertenencia de los mismos profesionales, a los que se le pagaban los viáticos. Así se llega a la cantidad de unidades móviles que tanto sorprende a Adorni.

En cuanto a los recursos, vale señalar que los programas de agricultura familiar gozan de amplio reconocimiento internacional, y los bancos de inversión internacional, como el Banco Mundial o el BID, los incluyen específicamente en sus planes de crédito a países. Es por eso que los recursos destinados a inversiones, por ejemplo en riego, electrificación rural, equipamiento y maquinaria agrícola o caminos rurales, no entran en el presupuesto de gasto del instituto sino que son créditos externos aplicados directamente a la inversión de que se trate. No debería extrañar que en el presupuesto de INAFCI la partida principal sea la correspondiente a sueldos y viáticos del personal técnico encargado de la ejecución de los programas.

En sus primeros años, de 2008 a 2015, en los que el programa de Agricultura Familiar tuvo su resultado más relevante –a partir de 2016, el gobierno de Mauricio Macri lo desfinanció y, posteriormente, durante la gestión de Alberto Fernández no logró recuperar el protagonismo anterior–, se consiguió que muchas familias que vivían y trabajaban en condiciones de precariedad accedieran a un monotroibuto social (con servicios de salud y aportes jubilatorios), a la construcción de canales o pozos de agua para tener riego, provisión de semillas de variedades autóctonas para mejorar sus cultivos, equipamiento y maquinaria agrícola adaptada a sus condiciones de trabajo, y asociación entre productores para mejorar sus condiciones de comercialización.

Los programas de Agricultura Familiar, además, combinaban el aporte de distintos organismos públicos, como el INTA o Senasa, que con su aprote mejoraban además la calidad alimenticia y sanitaria de la producción.

Bajo esas condiciones y en el marco de esas políticas, se crearon las  múltiples ferias de alimentos donde estos pequeños productores pueden ofrecer su producción, desde los múltiples cultivos de la Puna, en el norte, hasta los corderos patagónicos en el sur. Pasando por la yerba mate, el algodón, la vitivinicultura, frutas y hortalizas, aves de corral y carne porcina o chivos en otros tantos puntos del territorio nacional. Un conjunto de 200 mil familias productoras vinculadas a la economía regional, fuera de la zona núcleo de la pampa húmeda controlada por los pools agroexportadores.