( Pablo Mercau) Una economía de características recesivas e inflacionarias, con licuación de ingresos y distribución a la inversa. La incógnita es precisar cuánta capacidad política tiene Javier Milei para sostener en el tiempo su plan, con formas institucionales y frenos a las crecientes resistencias multisectoriales.
La simple enumeración de las noticias de la semana ordenadas de manera cronológica alcanza para evitar cualquier tipo de adjetivación.
A favor del Gobierno solo se puede agregar que, de los cinco días dos fueron feriados y uno de ellos lo encontró al presidente Javier Milei reunido con el Papa Francisco y emprendiendo la vuelta a Buenos Aires adonde llegó, para completar el cuadro, el martes 13.
Una exageración del calendario. O una película de terror sin efectos especiales.
Pero a pesar de lo desordenado que parezca todo, porque uno de los modos de la táctica del saqueo es sembrar confusión, maniobras distractivas y cierta aparente apatía, hay un elemento que no se puede soslayar. Aunque no sea tendencia.
Hay un ataque a los ingresos populares con el objetivo de mantener y acrecentar los privilegios de unos pocos. Contála como quieras, podría rapear un pibito en el barrio, pero es así. No se trata de una simplificación efectista, sino de un punto de partida que se sostiene con el recorrido informativo, pero sobre todo con el sentido y la dirección, de los acontecimientos.
Que el Gobierno haya mantenido silencio frente al empate en 16 de los representantes patronales y de trabajadores en la votación del Consejo del Salario, no habla de neutralidad sino de complicidad.
La cuenta es clara: si los trabajadores pidieron una recomposición del Salario Mínimo, Vital y Móvil del 85% para intentar paliar los efectos de una inflación interanual que está en el 254% y los representantes del capital ofrecieron cero/0/nada, el Gobierno en cabeza del Estado no arbitró, simplemente se puso del lado de los empresarios.
El Consejo del Salario, una institución que no funcionó durante la década del noventa y que aún con Mauricio Macri tuvo al menos la fachada de «recomponer» los ingresos, ahora directamente fue borrado de un plumazo.
«Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinar un precio a mano», dijo Milei en una entrevista radio este viernes.
Acababa de ratificar eso que ya había dicho en otra amigable entrevista dos días antes, sobre que con salarios de miseria no hacía falta reforma laboral.
Es cierto que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 está vigente, aunque con su temática laboral frenada en el Poder Judicial. Pero la simple acción del Ejecutivo nacional demuestra que, a pesar de las horas posteando, reposteando, likeando y boludeando, a Javier Milei le alcanza con una simple acción para darle un manotazo a los ingresos, en nombre de la libertad y todo a cuenta de los dueños de las cosas.
No caigamos en la confusión, si tenemos la chance de parar la pelota un ratito. Para esos temas, Milei sí está en control de la gestión. No hay dudas sobre la dirección y la intención.
Aulas en peligro con Milei
Al mismo tiempo del boicot oficial al debate sobre el salario mínimo, del cual dependen prestaciones como el Potenciar Trabajo, hubo un ataque directo a la Paritaria Nacional Docente, con cierto nivel de contradicción informativa. Porque que el Gobierno tenga clara su orientación ocurre a pesar del nivel de amateurismo e improvisación que se muestra en muchas áreas.
Por un lado, se dijo abiertamente a través del vocero Manuel Adorni que la «paritaria docente nacional como tal no existe». Esos dichos no condicen con la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) y sus normas modificatorias, que contemplan ese mecanismo: «El Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente».
Esa paritaria federal funciona como un piso de acuerdos, para que luego cada provincia complete el esquema salarial. El antecedente de no convocatoria remite al bienio de 2018-2019 cuando, durante el macrismo y con Alejandro Finocchiaro, no se convocó a Paritarias a los cinco gremios docentes con representación nacional. Su antecesor en el cargo, Esteban Bullrich, sí lo había hecho en 2016-2017.
Sin embargo, el propio Adorni también dijo que «lo que va a existir la semana que viene es que se junten las partes para intentar destrabar el conflicto».
Un dato que Adorni pasa por alto: el Estado nacional es parte en el asunto, pese a la muletilla esa sobre «la Nación no tiene escuelas ni docentes y que es un tema de las provincias». Además, hay leyes específicas en la materia que, para modificarse o derogarse, deben pasar por el Congreso Nacional.
Los datos del estribo
-En enero el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $518.408 millones.
-El superávit primario (antes de intereses de deuda), fue de $ 2.010.746 millones y el pago de intereses fue de $ 1.492.338 millones.
-El uso de la capacidad instalada de la industria está en mismos niveles de la pandemia, cuando el mundo estaba paralizado.
-En 2022 y 2023 llegaba casi al 70% y ahora está en 54%, en un escenario muy parecido al 2018/2019 de Macri y a la crisis de 2001.
Un panorama muy complejo, al que se le irán agregando en las próximas semanas las cuestiones vinculadas al frente externo (atención a la relación inversiones de China y el Swap), las presiones devaluatorias a la hora de la liquidación de la cosecha y una inflación que pese a la idea de descenso que se quiso instalar con el 20,6% de enero frente al 25,2% de diciembre, seguirá en un sendero muy elevado.
El círculo es conocido: menor actividad, caída del consumo y la recaudación, mayor necesidad de recortes del gasto. Eso lleva al planteo de origen de estas líneas: ¿cuál es la capacidad política de Milei para sostener en el tiempo ese ajuste de características criminales?
Los Protocolos de la represión, además de horadar aún más la calidad de la democracia, perderán efecto en su implementación. El diagnóstico, cada vez más extendido y compartido, va acompañado por la pregunta que se repite.
¿Hasta cuándo dura este experimento?
