El Senado dio la puntada final al proyecto, y la Provincia trabaja en la reglamentación de la norma que podría entrar en vigencia la próxima semana.
( María Belén Robledo )El Senado de la provincia de Buenos Aires le dio sanción definitiva a la ley que da origen al Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, una herramienta a partir de la cual los proyectos que apuesten a la generación de valor agregado y puestos de trabajo de calidad, obtengan beneficios impositivos.
Según pudo conocer Buenos Aires/12, el Poder Ejecutivo ya trabaja en la reglamentación de la norma y desde el gabinete de Axel Kicillof estiman que estará lista la semana que viene.
Con todo, desde la cartera de Producción aseguraron que las expectativas “son positivas”, dado que hubo contactos de empresas de diversos rubros, como industria, agroindustria; energía e hidrocarburos. Por caso, la metalúrgica Sidersa fue una de las firmas en mostrar interés en poder contar con el régimen en territorio provincial.
A todo esto, hubo buena repercusión de la norma en el sector pyme bonaerense. “Lo habían anunciado en una reunión hace solo dos meses, ante las entidades y empresarios, cuando lo presentó el ministro de Producción. La verdad es que va a ser beneficioso para los inversores pymes, así que en buena hora”, valoró ante Buenos Aires/12 el titular de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Camilo Kahale.
Del mismo modo se expresó su par de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández: “Nosotros estábamos en conversaciones con el Gobierno, en este caso con el ministro Costa, para que haya una posibilidad de beneficios, de hacer como un ‘rigi pyme’ en la provincia para las inversiones de las pequeñas y medianas empresas, que queramos apostar a producir más y localmente. Así que celebramos esta media sanción del Senado”.
A su turno, Elio del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), dijo a este medio que «si bien falta la reglamentación y ver cómo se ejecuta, vemos que en espíritu tiene un intento profundo de incluir a la cadena de valor. La ley bonaerense es más amplia en términos de beneficios a la ley anterior».
La propuesta, que se mediatizó bajo la denominación de “RIGI bonaerense”, llegó a la Legislatura luego de una encendida pelea entre el Gobierno nacional y el bonaerense. El propio presidente Javier Milei aseveró que la Provincia “perdió” una mega inversión para Bahía Blanca por no adherir al RIGI nacional, sancionado a partir de la Ley Bases. La administración de Kicillof se defendió dejando expuesta la falacia, dado que el proyecto que validó el Congreso impacta sobre beneficios nacionales y no en otros.
Tras varias idas y vueltas, el gobernador y su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, presentaron el proyecto ante empresarios en el marco de la celebración del “Día de la Industria”. Poco después, se giró al Poder Legislativo.
Kicillof había adelantado que esta iniciativa “está en las antípodas del RIGI que impulsa el Gobierno nacional” al subrayar que desde la Provincia “no podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones sea la de primarizar, rifar los recursos naturales y no agregar valor” y sentenció: “Por el contrario, este es un proyecto de desarrollo económico e industrial”.
Este jueves se puso en consideración y tuvo luz verde. Costa lo celebró: “Se trata de una ley muy importante para fomentar las inversiones y orientarlas según los objetivos estratégicos de la Provincia”, dijo.
Entre ellos, enumeró el desarrollo de proveedores locales y nuevos sectores productivos; la promoción de la transferencia tecnológica y la diversificación de la matriz productiva; el impulso de las exportaciones y la sustitución de importaciones; y la reducción de desequilibrios territoriales, entre otros.
Una por una, las exenciones impositivas que otorga el régimen bonaerense
Según el propio Kicillof, en cada uno de los artículos de la ley «está la vocación del Gobierno provincial de acompañar a quienes generan trabajo y valor agregado, impulsar el desarrollo económico con una mirada soberana y actuar como un escudo contra las políticas nacionales de desindustrialización».
En concreto, la flamante normativa, prevé los siguientes beneficios impositivos:
– Desde 5.000.000 – hasta 50.000.000 de dólares, por 5 años, 30 por ciento.
– Mayor a 50.000.000 – hasta 200.000.000 de dólares, por 4 años, 25 por ciento.
– Mayor a 200.000.000 de dólares, por 3 años, 20 por ciento.
A esto se suman otros porcentajes, de acuerdo al cumplimiento de condiciones como:
– Incremento puestos de empleo, por 2 años, 10 por ciento.
– Localización en zonas de ingresos bajos o parques industriales, por 2 años, 10 por ciento.
– Sustitución de importaciones, por 2 años, 10 por ciento.
– Innovación tecnológica, por 2 años, 10 por ciento.
– Incremento de las exportaciones, por 1 año, 5 por ciento.
– Aplicación de política de género, por 1 año, 5 por ciento.
– Aplicación de la sostenibilidad ambiental, por 1 año, 5 por ciento.
El PRO y los libertarios, en contra
El régimen de inversiones provincial tuvo luz verde en la Cámara alta gracias a los votos positivos que brindaron los bloques de Unión por la Patria, encabezado por Teresa García; y el de los “dialoguistas” de La Libertad Avanza, que comanda Sergio Vargas.
Desde la bancada oficialista, la defensa del proyecto quedó a cargo del bahiense Marcelo Feliú, quien ofició como miembro informante y subrayó que, a partir de la sanción de esta herramienta, «la provincia va a estar a la altura de las circunstancias y se va a consolidar como el centro productivo más importante del país».
El espacio que conforman la Unión Cívica Radical y el monzoísta Marcelo Daletto, eligió el camino de la abstención, argumentando que no se tuvieron en consideración ninguno de los 13 cambios propuestos por el espacio.
El PRO, el espacio de los libertarios fieles a Milei y el que responde a Carolina Píparo tomaron el mismo rumbo: el rechazo a la medida.
El jefe de bloque amarillo, Alejandro Rabinovich, argumentó que «ya hay un régimen nacional con inversiones superiores a los 200 millones de dólares» y fustigó al señalar que «después de cuatro años y medio, el gobernador entiende que tiene que tener un régimen para la promoción de inversiones, pareciera copiado al régimen nacional y es una mala copia».
