(Carlos Heller/ Página 12) Aún entre diversos sectores que elogian al gobierno hay dudas sobre la posibilidad de que la economía y, por lo tanto, el humor social, mejoren antes de las elecciones de 2027. Ello hace crecer el “riesgo político”: que se elija un gobierno que no opte por la continuidad de las políticas de ajuste y desregulación que se transitan desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Sin embargo, los problemas del modelo hay que buscarlos en el modelo mismo: las principales causas del deterioro de los ingresos y el consumo son las propias políticas de la administración nacional, entre ellas las del ajuste fiscal y la apertura importadora.
Los números son claros: para la Unión Industrial Argentina (UIA) se habría registrado una caída de la actividad del sector del 5% interanual en mayo, y del 0,8% con relación a abril. Más allá de mejoras puntuales de algún rubro, la tendencia sigue siendo a la baja.
Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 a marzo de este año cerraron 26.448 empresas. En el mismo lapso, 314.000 asalariados registrados perdieron su empleo. No es probable que esta situación cambie si se siguen aplicando las mismas políticas.
Las últimas estadísticas fiscales que el gobierno festeja muestran que en los cinco primeros meses del año se registró un superávit primario del 0,7% del PIB y del 0,2% para el financiero (incluye los pagos por intereses de la deuda). Producto de la menor actividad y de la baja de alícuotas de impuestos, los ingresos se redujeron en términos reales un 4,3% interanual, más que el gasto público, que se contrajo un 2,2%. Si bien se cumple con las metas fiscales del programa con el Fondo, los costos se siguen acumulando. Es la lógica del ajuste interminable.
Por su parte, como es reconocido hasta por el propio FMI, el superávit fiscal tan promocionado no sería tal sin la emisión de letras capitalizables, cuyos intereses no pasan por el cuadro de resultados, sino que directamente generan nueva deuda.
El endeudamiento es otro de los componentes necesarios para que los números cierren. En esa perspectiva, el Poder Ejecutivo se mostró satisfecho con la aprobación de avales y garantías de organismos internacionales y agencias multilaterales, que permitirían “movilizar” algo más de 3.000 millones de dólares con financiamiento privado y acceder a los mercados de capital.
No obstante, el problema a resolver por la Argentina no es cómo adquiere nueva deuda, sino de qué manera la reduce. Es el mundo del revés: la Argentina está enferma de deuda. Por lo tanto, la cura no puede ser el mayor endeudamiento. Como siempre, la cuestión es cómo diseñamos un plan para que la economía crezca, se mejore la progresividad impositiva y dejemos de estar cautivos de un ajuste infinito.
Los países endeudados pierden su soberanía y, entonces, pasan a recibir órdenes de los acreedores. Por ejemplo, en Argentina se pide: “ustedes tienen que seguir profundizando el ajuste; tienen que aumentar el piso del Impuesto a las Ganancias para recaudar más; tienen que eliminar el régimen del monotributo para que, los que estén en él, se pasen al régimen normal; tienen que ampliar el RIGI para que sea aún más generoso para los inversores; tienen que avanzar en la Ley de Tierras para que los extranjeros puedan quedarse con los territorios valiosos que tiene el país e instalar en ellos los dispositivos de Inteligencia Artificial”. Finalmente, prometen: “En la medida en que sigan avanzando en estas líneas que les proponemos, los vamos a seguir respaldando y a seguir dando créditos para que continúen sosteniéndose”.
¿Qué sucede si las sociedades de los países endeudados resisten esas recetas que les prescriben? Para esos casos, las nuevas derechas han adquirido la capacidad de manejar, mediante técnicas sofisticadas, el miedo de esas sociedades. Un ejemplo claro fue lo que sucedió en las últimas elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza terminó imponiéndose: crearon el fantasma de que el 27 de octubre, si ganaba la oposición, el país volaba por los aires y la estampida del dólar no tendría fin. De ese modo, probaron que el procedimiento de agitar el miedo funcionaba. ¿Cómo llevar adelante una estrategia política opositora que pueda hacer frente con éxito a ese agite del terror? Esa es la gran pregunta a cuya respuesta nos deberíamos abocar los que integramos el amplio y diverso campo opositor.
En paralelo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anticipó durante la semana el advenimiento de una Argentina futurista donde el despegue de sus sectores extractivistas, como la energía y la minería, transformaría a provincias de la Patagonia y el Norte en receptoras masivas de inversiones y de poblaciones. Eso sí: esa reestructuración económica y poblacional del país se produciría muy lentamente. “Todo lo que te voy a decir es en los próximos 30 años, ¿no? Estamos esperando un millón y medio de personas moviéndose hacia Neuquén. Estamos esperando un millón de personas moviéndose hacia Catamarca. Ochocientas mil personas moviéndose a Jujuy y a San Juan. O sea, estamos hablando acá de que Argentina está con una modificación de su patrón productivo”. Es notable: el ministro habla de un futuro venturoso a 30 años mientras el presente es de creciente desolación. Es decir: mientras el futuro está lejos, la crisis se profundiza.
Pero aún en esas zonas a las que el ministro se refiere, no se verifica un aumento significativo de demanda de empleo. Además, con el modelo de país para pocos que están impulsando, habría que calcular cuántos empleos se van a destruir durante ese largo plazo que proyectan.
En otro orden de cosas, esta semana se cumplió un año del encarcelamiento y proscripción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El proceso judicial que terminó en la condena de la exjefa de Estado estuvo viciado de una nulidad absoluta. No ha habido la mínima garantía de imparcialidad de los jueces. En el juicio se expresó que “no tuvieron pruebas, pero sí indicios suficientes”.
El sistema judicial se basa en el principio de “in dubio pro reo”. Es decir: “ante la duda, a favor del acusado”. Es un concepto jurídico que establece que, si los jueces, tras evaluar todas las pruebas, tienen dudas sobre la culpabilidad de un procesado, éste no debe ser condenado. El debate público sobre la nulidad del juicio a Cristina está tomando intensidad. Es la puja entre una democracia que se achica y una democracia que insiste en defender sus mejores tradiciones.
*Presidente del Partido Solidario
