Edición n° 2881 . 11/10/2024

El IPAC realiza el primer censo de empresas y fábricas recuperadas de la Provincia 

El Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) realiza el primer censo destinado a empresas y fábricas recuperadas que tienen su sede en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es conocer tanto la situación productiva como del inmueble de cada empresa y fábrica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras, de manera de mejorar las políticas públicas destinadas al sector y resguardar sus derechos según se establece en la Ley 15.485 que declaró la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en la Provincia.

Las empresas y fábricas recuperadas podrán realizar el censo de manera virtual ingresando a  www.gba.gob.ar/produccion/cooperativas_en_marcha y completando todos los datos que allí se requieren. Aquellas personas que tengan alguna consulta, podrán comunicarse a través del correo electrónico recuperadaspba@mp.gba.gov.ar o bien contactándose con la Línea de Atención por WhatsApp del IPAC: (221) 6696971. 

El censo contiene preguntas, entre otros temas, vinculadas a los productos y/o servicios, maquinarias, situación económica, situación del inmueble de cada empresa y fábrica recuperada y también ofrece la posibilidad de sugerir propuestas para la implementación de programas, proyectos y formaciones que apunten a la mejora de la producción, comercialización, el sostenimiento y crecimiento de este sector de la economía.

Para el presidente del IPAC, Gildo Onorato, este censo provincial representa “un avance significativo a la hora de contar con datos actualizados y de primera mano para dar respuestas a las necesidades de las empresas y fábricas recuperadas. Porque desde la Provincia nos oponemos al modelo de la crueldad impuesto por el gobierno nacional. Y lo hacemos generando medidas que acompañen el trabajo, la industria y la producción en todo el territorio bonaerense“.

En el mes de abril, el Senado Bonaerense sancionó la Ley 15.485 que prohíbe los desalojos por un plazo de tres años y resguarda los derechos de estos espacios de trabajo.