La deuda flotante del Estado nacional aumentó más de 2,23 billones de pesos durante junio y alcanzó un stock de 3,6 billones, según datos de la Tesorería General de la Nación. El salto representa un incremento mensual cercano al 175% respecto de mayo, cuando el rubro se ubicaba en torno a los 1,3 billones. Se trata de la diferencia entre los gastos ya devengados por la administración central —bienes, servicios, transferencias, salarios— y los que fueron efectivamente pagados. En criollo, son los compromisos de pago que el Gobierno pisó y pateó para adelante mientras se esfuerza por intentar sostener el sacrosanto «equilibrio fiscal» en el contexto de recaudación estancada y de una economía fracturada.
El dato llegó acompañado de otro que el oficialismo no esperaba, ya que el Ministerio de Economía informó que junio cerró con un déficit primario de 696.843 millones de pesos, el primero del año y también el primer resultado negativo para ese mes desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Si bien el primer semestre terminó con un superávit primario equivalente al 0,6% del PBI, el monto informado —6,29 billones— quedó por debajo de la meta acordada con el FMI, que era de 6,86 billones. La diferencia, calculada por consultoras como Equilibra, Romano Group y Analytica, ronda los 573.974 millones de pesos, una cuarta parte del salto que registró la deuda flotante en el mismo mes.
Buena parte del incremento se concentró en el rubro «Transferencias», que incluye pagos de energía, giros a fondos particulares, organismos provinciales y otros compromisos, que pasó de 384.420 millones en mayo a 1,7 billones al cierre de junio. También creció un 165% la deuda correspondiente a «Personal», que trepó de 299.486 millones a 794.765 millones, mientras que «Bienes y servicios» aumentó un 134% hasta los 197.120 millones y Gastos figurativos subió un 60%, de 447.389 millones a 718.245 millones. Consultado sobre el origen del incremento, el Ministerio de Economía no brindó explicaciones.
Los analistas coinciden en que hay componentes estacionales —el pago del medio aguinaldo a jubilados, pensionados y empleados públicos, la suba de los subsidios energéticos por el invierno y el impacto de la postergación del impuesto a las Ganancias sobre la recaudación—, pero también señalan el fondo del problema. «Tenés una actividad económica que está bastante por debajo de lo esperado, y la recaudación está sufriendo por eso y por la baja en los derechos de exportación. Entonces, tenés un resultado fiscal bajo presión, y eso es un síntoma más», planteó Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier. «Lo que esto demuestra realmente es que les está costando que no se achique mucho más el superávit, y tienen que recurrir a este tipo de herramientas», agregó. Desde Romano Group, Salvador Vitelli relativizó estas afirmaciones, explicando que entre 2016 y 2023 el stock promedió unos 10 billones a valores actuales, de modo que el nivel presente implica una caída real del 65% respecto de gestiones anteriores y del 17% en la comparación interanual.
Lo que la discusión técnica no debería tapar es quién paga la cuenta. Pisar «Transferencias» significa demorar giros a provincias y a los fondos que vehiculizan los subsidios al transporte, entre otros, con impacto directo sobre las paritarias del sector y sobre el cumplimiento de los pagos salariales. Pisar «Personal» significa postergar obligaciones con trabajadores del Estado que ya vienen de paritarias cerradas muy por debajo de la inflación. Y postergar los pagos a proveedores y contratistas —un rubro que según los relevamientos casi se triplicó en el último año— traslada el ahorro fiscal a miles de empresas y prestadores que sostienen el empleo, a los que estos atrasos estatales le implican una severa crisis. El superávit que el Gobierno exhibe como su principal activo político se financia, en buena parte, con esta deuda que no figura como deuda en los libros oficiales pero que implica un grave impacto concreto para una gran cantidad de empresas y organismos.
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