Edición n° 2704 . 17/04/2024

El debate por la ultraactividad: sólo dos de cada diez convenios vigentes se firmaron en 1975

De un total de 505 sólo 111 datan de ese año y, en su mayoría, fueron actualizados. Suspender la ultraactividad implica acelerar las reformas sector por sector en condiciones de debilidad sindical.

Dante Sica, exministro de Industria de Mauricio Macri y miembro del equipo que asesora a la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, volvió a poner el tema en la agenda: aseguró que un eje de la política de empleo de su espacio es «suspender temporalmente el concepto de ultraactividad». Para Sica la medida se podría adoptar a través de una ley que «aceleraría» la rediscusión de los convenios colectivos que, aseguró, «tienen que ser modernos y expresar las nuevas realidades productivas. El 50% son de antes de 1980».

La denominada «ultraactividad» surge del artículo 6 de la Ley 14.250 que establece que «una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva convención colectiva la sustituya».

El planteo del sector de Bullrich y Sica busca aceitar el camino alternativo a una reforma laboral integral, tal como se propuso el gobierno de Cambiemos y que debió postergar ante la oleada de protestas de diciembre de 2017.

A partir de ese momento se promovió el camino de negociar reformas «sector por sector». Fue el camino que, por ejemplo, se plasmó en el convenio sectorial para Vaca Muerta y, bajo el actual gobierno, en el convenio en la automotriz Toyota.

La suspensión de la ultraactividad forzaría la rediscusión de todos los convenios en un contexto de debilidad de los trabajadores y sus sindicatos que, de no alcanzar un acuerdo en el período indicado, quedarían contemplados en la Ley de Contratos de Trabajo que, por definición, establece menores derechos que los alcanzados por los convenios colectivos.

La realidad de los convenios

Según un estudio realizado en 2017 por el Centro de Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD), del IDAES UNSAM, existían poco más de 505 convenios sectoriales activos que representaban el 95% del total. El 5% restante se explica por convenios por empresa.

Del relevamiento surge que, a contramano de lo manifestado por Sica, «el 54% (273) de los convenios sectoriales activos fueron pactados entre 2003 y 2014, otro 22% (111) fue firmado en la ronda de negociación de 1975, un 14% (73) proviene de paritarias concertadas en la década de los ’90 y, finalmente, un 10% (49) corresponde al período 1988-1990».

Así las cosas, apenas dos de cada diez convenios vigentes fueron pautados en el año 1975 cuando, en un período de ascenso del movimiento obrero, se obtuvieron grandes conquistas. El informe destaca que «más de la mitad de los convenios colectivos sectoriales activos resultan relativamente nuevos y se negociaron en la etapa que se inauguró en 2003».

El CETyD observa que «de la ronda de negociación de 1975 se conservan activos convenios colectivos de muy amplia cobertura como los de Comercio, Sanidad, Bancarios, Metalúrgicos y Construcción», pero, aclara, «estos CCT tuvieron una intensa actividad de negociación en la cual se introdujeron nuevos contenidos laborales (no solamente salariales), adaptando las regulaciones a las nuevas realidades productivas y necesidades de los trabajadores».

Maitas Maito, director de CETyD, señala a Tiempo que «la ultractividad no impide la renovación de los convenios. Muchas veces hay una negociación articulada y la desactualización de los convenios sectoriales genera acuerdos por empresas. Hubo introducción de cláusulas sin renovación estructural de convenios sobre un mapa menos desactualizado de lo que parece».

Para Maito, «lo que se ve en los últimos años es una pérdida de la participación de los contenidos no salariales en las negociaciones porque la carrera de precios y salarios no da margen para discutir otra cosa. Sí se incorporaron contenidos de género o puntuales como el teletrabajo».

El especialista sostiene que «el panorama es mucho más heterogéneo que la idea que buscan instalar de que los convenios tienen 50 años y son un obstáculo para la generación de empleo». De hecho, asegura, «el empleo depende de la actividad económica. Con los convenios actuales tuvimos momentos de creación de empleo cuando la actividad creció y contracción cuando cayó».

Inclinando la cancha

Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, analiza que la intención de Sica «es claramente obligar a negociar a la baja. No es lo mismo negociar condiciones de trabajo y salarios cuando vos sabes que la consecuencia de no llegar a un acuerdo es tener un convenio y una escala salarial que siguen activos, que hacerlo sabiendo que si no llegás a un acuerdo es automáticamente reemplazado por condiciones generales de la LCT«.

En la misma línea, Maito dice que «eliminar la ultraactividad es sacarle a los trabajadores una herramienta para proteger lo que ya tienen y forzar a los trabajadores en una negociación que puede terminar mal». Sin embargo, el director del CETyD observa que «el problema con los convenios desactualizados es de los trabajadores porque si el convenio no tiene nada que ver con la realidad, donde no hay organización sindical fuerte, el que termina decidiendo es el patrón porque no hay un texto donde referenciarse».

Para Benzion, la nueva estrategia no implica abandonar el intento de ir por una reforma laboral integral: «Van a ir por todo, lo que todavía no saben es si van a tener las mayorías necesarias para lograr esa reforma que quieren hacer». «

Una oda a la ley Banelco

La denominada ultraactividad ya fue derogada una vez a través de la Ley 22.250 que el Congreso aprobó bajo el gobierno de la Alianza.


El entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, pudo imponer su reforma laboral a pesar de no contar con mayoría en el Senado porque los peronistas acompañaron la ley cobrando sobornos. «Para los senadores tengo la Banelco», denunció Hugo Moyano que le dijo el propio titular de la cartera laboral.


El escándalo produjo la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez y la dimisión del mismo Flamarique, reemplazado en su cargo por Patricia Bullrich.


La ley fue finalmente derogada en 2004 y reemplazada por otra normativa que restituyó la ultraactividad pero mantuvo gran parte del contenido flexibilizador de su antecesora.

Fuente: Tiempo Argentino