El juicio de la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner constituye un daño económico inmenso porque afecta las perspectivas de mediano y largo plazo de consolidar consensos democráticos básicos para transitar un sendero de desarrollo económico y social.
( Por Alfredo Zaiat) En estos días turbulentos, donde quedó expuesta sin velo la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner, el análisis de la causa Vialidad estuvo centrado en el impacto político e institucional. Además de poner en evidencia otro episodio de la degradaciónautoinfligida del Poder Judicial, existe otro golpe poco mencionado del bochorno que significa este juicio: el elevado costo económico ocasionado al violentar normas básicas de funcionamiento democrático de la sociedad.
¿Argentina es un país atractivo para invertir si un grupo de fiscales y jueces toman por asalto un sector del Poder Judicial para perseguir a políticos, sindicalistas y empresarios? ¿Inhabilitar de por vida con la controvertida figura «asociación ilícita» a la principal líder de una fuerza política mayoritaria, que conserva un elevado porcentaje de adhesión electoral además de la incondicionalidad de ciento de miles de personas, consolida la seguridad jurídica y fomenta la paz social para la inversión privada?
En el corto plazo puede parecer una cuestión menor porque el conflicto está centrado en aspectos judiciales y políticos, pero este juicio constituye un daño económico inmenso porque afecta las perspectivas de mediano y largo plazo para consolidar consensos democráticos básicos para transitar un sendero de desarrollo económico y social.
Alimentar el péndulo argentino
Si la derecha política y mediática radicalizada evalúa que anulando a CFK podrá avanzar en reformas regresivas, con el apoyo entusiasta de gran parte del poder económico, seguirá abonando a la repetición de las fases pendulares del ciclo económico argentino con cada vez más costos globales.
Ernesto Semán, profesor de historia y autor de Breve historia del antipopulismo, explicó en un reciente reportaje en El País, que en Argentina hay una marcada radicalización de la derecha en sus agendas, en su discurso y en el tipo de identidad política, social y en algunos casos racial, que se va construyendo alrededor de esa radicalización.
Se pregunta cuál sería la contraparte de izquierda que justificaría hablar de polarización, que implique un mismo nivel de radicalización y de confrontatividad: ¿La Cámpora? ¿Cristina Kirchner? Para contestar que «son, en el mejor de los casos, movimientos que han impulsado diagnósticos más o menos radicales para el desarrollo de políticas extremadamente moderadas«.
Este marco conceptual de Semán colabora para comprender que si políticos, empresarios y economistas orgánicos de sectores reaccionarios insisten con que el kirchnerismo, entre otras cosas, está en contra del capitalismo para justificar la proscripción de su líder, sólo contribuirán a mantener al país en un estancamiento secular.
Uno de los reclamos reiterados por diferentes cámaras empresariales y dueños de grandes compañías reside en la supuesta ausencia de reglas de juego claras en diferentes espacios de la sociedad argentina. Sentencian que esta carencia deriva en la presencia de un escenario general que desalienta la inversión del sector privado, a la que consideran la principal fuente de crecimiento económico.
En esta instancia, luego del aval implícito y en algunos casos de satisfacción por el acoso judicial a la vicepresidenta de la Nación y líder de una de las fuerzas políticas mayoritaria, vale indagar qué significan reglas de juego claras para el establishment.
Tomar partido por la persecución judicial
Una pista la ofreció la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) que en un comunicado, difundido el último viernes, expresó su preocupación «ante las circunstancias vinculadas con los procesos judiciales que son de dominio público».
Apuntó que «nuestro país aún necesita recorrer la separación e independencia de los poderes para ser una verdadera República, no sólo formalmente sino en la práctica diaria». Para ello, señaló que «resulta indispensable también, respetar las instancias naturales de un proceso judicial, donde los fiscales acusan, los defensores alegan a favor de los acusados y los jueces deciden en mérito a las evidencias y los argumentos».
Desde ACDE, «consideramos reprochables las amenazas, las actitudes revanchistas o las manifestaciones públicas a favor o en contra de cualquier involucrado, así como la referencia a dolorosas circunstancias de nuestra vida política que aún no han tenido un resultado judicial definitivo».
Con esfuerzo para no poner nombre y apellido, esta entidad del establishment toma partido en validar una causa con bastantes irregularidades que arroja al banquillo de los acusados a Cristina Fernández de Kirchner.
La impostura de cansancio del establishment
En conversaciones informales con empresarios y hombres de finanzas, como así también en comunicados de prensa de las principales entidades patronales como el de ACDE, aparece el hastío a convivir en una permanente crisis económica y enfrentamientos políticos.
La reacción a este estado de ánimo se resume en el concepto repetido en términos coloquiales que dice que es imprescindible lograr un amplio acuerdo político en cuatro o cinco lineamientos básicos, que serían la base para la recreación de la «confianza» entre los agentes económicos para apostar por la Argentina.
Esto quedó expresado en el Consejo de las Américas cuando el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, planteó el objetivo de construir una amplia coalición política, que tuvo el acompañamiento inmediato del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, aunque éste reclamó que ese acuerdo sea ahora sin esperar las elecciones presidenciales.
La debilidad manifiesta de esta propuesta es que Rodríguez Larreta, al representar con ese postulado las aspiraciones del establishment, excluye a Cristina Fernández de Kirchner pese a que ella es la principal líder de la otra fuerza política mayoritaria. Lo mismo podría decirse de Mauricio Macri si existiera la pretensión de desplazarlo, con la diferencia fundamental de que él no es excluido, no padece persecución judicial y es un mimado de la mayoría de los medios de comunicación. Es, por el contrario, el líder de la derecha radicalizada que está poniendo en jaque consensos básicos democráticos.
CFK no sólo es desplazada de ese imaginario acuerdo político, sino que festejan el pedido del fiscal de proscripción al inhabilitarla de por vida para ejercer cualquier cargo político.
En este comportamiento cómplice con ese sector del Poder Judicial irrumpe la impostura de cansancio por parte del establishment, puesto que la mayoría de sus miembros no se reconoce responsable de la prolongada crisis argentina, al tiempo que promueve la construcción de consensos excluyendo, lo que constituye una insólita estrategia para emprender esa tarea.
¿Cómo pueden pensar que existe margen para acuerdos políticos sustentables en el tiempo cancelando a CFK, que una y otra vez demuestra la centralidad que ocupa en el espacio público?
Quién propone un acuerdo amplio sin proscripciones
A contramano del discurso dominante, es la propia Cristina Fernández de Kirchner quien ha manifestado con más vehemencia la necesidad de un amplio acuerdo nacional. Lo expuso para atender las restricciones que impone el carácter bimonetario de la economía argentina. O sea, postula fijar reglas de juego claras como pide el establishment, pero lo propone alguien que ellos no quieren.
CFK hizo esa convocatoria como vicepresidenta en la carta pública que difundió a fines de octubre del 2020. Planteó «un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina» para ocuparse del problema de la economía bimonetaria.
No era una oferta novedosa de Cristina ya que fue parte del discurso de presentación del libro Sinceramente el 9 de mayo de 2019.
Volvió con esta propuesta el viernes 6 de mayo pasado, desde la Universidad Nacional del Chaco Austral, cuando dijo que «el principal problema que tiene la Argentina es la economía bimonetaria que demanda dólares que necesita el país y esta cuestión debe resolverse con un gran acuerdo político». Señaló que «todos los partidos políticos se van a tropezar con la economía bimonetaria» por lo que urge trabajar en conjunto para superarla.
Explicó que la economía bimonetaria «no es solamente la demanda de dólares para importación sino que la gente busca y quiere ahorrar en dólares, y no es cuestión de izquierda ni de derecha ni de clase social». Para sentenciar que «es un problema grave que exige de acuerdos pero también de gestión».
Qué piensa la conducción política del poder económico
Con este antecedente, en la actual situación crítica en materia política, institucional, económica y judicial a partir de la persistente persecución a CFK, resulta ilustrativo conocer la concepción del establishment acerca de cuáles deberían ser «las reglas de juego claras».
Para ello constituye un valioso aporte el entregado por Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, en el primer panel de la celebración de los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), a principios de junio pasado.
Acompañado del titular de Arcor, Luis Pagani, y de BGH, Alberto Hojman, Magnetto dijo, entre otros conceptos, lo siguiente:
* «Creo que en general, en nuestro país, la conquista y el mantenimiento del poder suelen estar por encima de su función instrumental, de su rol como herramienta de desarrollo y progreso. Esto se traslada a una dinámica que exacerba la confrontación, alimenta el internismo y dificulta cualquier intento serio de pensamiento estratégico, otro gran déficit nacional».
* «Todo esto lleva a que las decisiones estructurales se dilaten y a que la inacción se transforme en inercia. A esto hay que sumarle una relativización persistente de las reglas de juego básicas de la democracia capitalista, que no son otras cosas que las de nuestra Constitución».
* «No hay razones físicas ni geográficas para que una empresa, un inmueble o un salario estén tan devaluados en nuestro país en relación con la región y con el mundo. Hay básicamente razones políticas, institucionales y económicas».
* «Todos sabemos que para crecer debemos producir más bienes y servicios, y para ello se necesita ante todo inversión privada y rentable. La misma requiere de estabilidad macroeconómica y jurídica, de respeto al derecho de propiedad y de efectiva división de poderes. Y ante todo, de una clara y tenaz decisión política, acompañada de los acuerdos necesarios para llevarla adelante».
* «Los argentinos llevamos muchas décadas de crecimiento ínfimo, de inflación endémica, de desequilibrios fiscales y de balanza de pagos permanentes, de emisión monetaria y de endeudamiento para financiarlos. Pensemos que el ciudadano promedio del mundo hoy es 4,4 veces más rico que en 1950, pero el argentino sólo 2 veces, mientras un australiano lo es 3,1 veces, un brasileño 9,7 veces y un coreano 30 veces».
* «Pocos países han logrado mejorar menos los ingresos de sus habitantes que la Argentina, lo que sin duda debe interpelarnos».
La enunciación de estos principios por parte de Magnetto genera un marco de evaluación contradictorio, puesto que en ese modo de funcionamiento de la economía y del poder político que critica con dureza el grupo empresario que lidera ha ganado muchísimo dinero y se ha expandido como nunca antes. O sea, lo hizo sin las reglas de juego claras que reclama y en un período de deterioro económico generalizado.
¿Qué son reglas de juego claras?
Aparece un abismo entonces entre las manifestaciones públicas y el comportamiento efectivo por parte del establishment. Manejan con mucha naturalidad un doble estándar.
Aspiran que el kirchnerismo y CFK queden fuera del tablero político o incluso el peronismo, como han expresado figuras de la derecha radicalizada, entre ellos Mauricio Macri. Esto constituye el núcleo central de la debilidad conceptual del establishment al momento de proyectar el recorrido de la economía argentina.
No es cuestión de apoyar o simpatizar con Cristina Fernández de Kirchner, sino de reconocer que ella existe como figura central de la política argentina, como también existe un amplio sector de la población que se identifica con propuestas diferentes. Pensar que se puede excluir a unos y a otros sólo conduce a la frustración y a extender la crisis de crecimiento y desarrollo.
Puede ser que, en definitiva, éste sea el objetivo real de jugadores dominantes del poder económico, conservador, ideologizado al extremo y contaminado de los lugares comunes de la ortodoxia económica. Si bien son protagonistas principales de las crisis, no las padecen en toda su dimensión y más bien se benefician porque aumentan la concentración y centralización del capital.
