La empresa, que en 2017 realizó un blanqueo de capitales millonario, hoy enfrenta una crisis salarial que tiene a 700 trabajadores reclamando el pago completo de sus sueldos.
Por Yanina Otero
El conflicto en Lácteos Verónica se agrava. Tras una reunión sin avances en la Secretaría de Trabajo de la Nación, la paralización de actividades sigue firme en las tres plantas que la firma tiene en Santa Fe: Clason, Lehmann y Suardi. La audiencia entre la empresa y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) terminó sin acuerdo ni propuestas concretas para regularizar el pago de salarios. Mientras tanto, los trabajadores profundizan las medidas de fuerza.
El eje del reclamo es el pago incompleto de los sueldos de abril, que se abonaron en cuotas y en forma parcial. Según fuentes gremiales, hasta el momento los 700 empleados de la compañía cobraron solo un 54% del salario correspondiente a ese mes, en tramos que incluyeron porcentajes mínimos del 5%. La empresa, en la audiencia, dejó abierta la posibilidad de completar ese pago entre el 2 y el 11 de junio, pero no brindó precisiones sobre el pago de mayo ni el aguinaldo.
«Los empresarios no dan la cara, es indignante», resumió Rodolfo Rodríguez, delegado de la planta de Clason. El dirigente apuntó contra la familia Espiñeira, dueña de la firma, por proponer “trabajar para ver si se junta el dinero” en vez de plantear una solución real. La respuesta de los trabajadores fue tajante: exigieron que la empresa tome un crédito para afrontar salarios, deudas con proveedores y adquisición de insumos.
Siete años de crisis y un colapso en cadena
La situación crítica no es nueva. Según explicaron referentes gremiales, la crisis de Verónica comenzó en 2017 y tras la muerte del fundador de la empresa, se profundizó con una conducción confusa y sin rumbo. Durante la pandemia, la firma llegó a procesar un millón de litros diarios de leche y logró ponerse al día con los sueldos, pero luego volvió a caer. Desde hace dos años, la producción y la compra de insumos se redujeron drásticamente.
A esto se suma el endurecimiento de los tambos remitentes, que enfrentan serias demoras en los pagos. Mientras el plazo habitual de cobro era de 45 días, ahora la compañía estira los pagos por la leche cruda a más de 90 días. En paralelo, se acumulan cheques rechazados que, según estimaciones privadas, rondan los $800 millones.
A partir de la crisis de la empresa, el dato que vuelve a estar en relieve es que en 2017, la familia Espiñeira, dueños de Lácteos Verónica, realizó un blanqueo de activos que alcanzó montos estimados entre u$s40 y u$s420 millones, según fuentes del régimen de sinceramiento fiscal de ese año. Este proceso incluyó la regularización de bienes en el exterior y el pago de una multa millonaria que rondó los $63 millones. Fuentes del sector lácteo indican que parte de esos fondos provenían de maniobras vinculadas a la subfacturación en exportaciones de leche en polvo durante los años previos, en especial entre 2010 y 2012.
FUENTE/ AMBITO FINANCIERO
