Reunida con la comisión legislativa santafesina de seguimiento del caso Vicentin, la titular del BNA se expresó a favor de promover el cram down de la agroexportadora
Los diputados de la comisión de seguimiento del caso Vicentin vinieron ayer desde Buenos Aires con alguna señal promisoria de parte del Banco Nación para resistir la intención de la compañía en default de imponer su propuesta de pago a acreedores tildada por varios como «inviable e ilegal». Es que la presidenta del directorio del banco estatal, Silvina Batakis, les anticipó que rechazará el planteo empresario y se mostró partidaria de encaminar el concurso de acreedores hacia un cram down que desemboque en la intervención del Estado nacional con participación empresaria, de manera de transformar el fallido gigante agroexportador en una empresa mixta.
«El directorio del Banco Nación ratificó que la decisión oficial es llegar a un proceso de cram down y avanzar hacia un modelo de economía mixta. Asimismo, considera denunciar como inviable la propuesta del consorcio y considerar estas estafas como un prooceso de desguace», resumió Carlos Del Frade ayer, luego del encuentro que sostuvieron con la titular del BNA, Silvina Batakis, y los directores José Ballesteros y Cecilia Fernández Bugna. Por la comisión santafesina también asistieron Luis Rubeo, Rubén Giustiniani, Fabián Palo Oliver y Ariel Bermúdez.
Fue el primer mano a mano de los diputados provinciales con el nuevo directorio del Nación, luego de que en agosto el Ejecutivo forzara de tres directores, entre ellos, el economista Claudio Lozano, de buen diálogo y sintonía con la comisión parlamentaria, de los primeros en denunciar y explicar la premeditación que hubo en el multimillonario default de Vicentin y la complicidad política de sus antecesores en tiempos del gobierno macrista, cuando el BNA era presidido por Javier González Fraga.
La última oferta de Vicentin en el concurso es pagarle solo a los acreedores de menos de 30 mil dólares, que si bien nominalmente son mayoría, no representan ni el 2 por ciento de los 1500 millones de dólares del pagadiós que plantaron en diciembre de 2019.
La estafa contra la entidad estatal de crédito asciende a 340 millones de dólares, por préstamos concedidos y nunca devueltos, incluso en el último tramo de 2019 cuando el directorio de la agroexportadora empezaba a mostrar dificultades en su cadena de pagos.
Batakis afirmó que la posición respecto de la oferta actual de Vicentin para salir del concurso es rechazada por el directorio del BNA, y que su intención es de ir hacia el cram down y, posteriormente, el salvataje de la empresa a cargo de una forma mixta, con mayoría estatal, a través del propio banco público.
El cram down es una alternativa de última instancia a una quiebra, que permite que acreedores u otro actor externo pueda plantear una propuesta para tomar el control. En este caso, puede ser el Estado mismo, el BNA por ejemplo, y algún aporte privado.
La pata privada, según rumores de la última semana, podría ser Claudio Rosso, un directivo de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, con buena llegada al kirchnerismo y al Vaticano mismo. Solo un rumor, nada confirmado por ese lado.
Batakis, sin embargo, les dejó a los diputados provinciales el mensaje a traer: exigió «acompañamiento del gobierno provincial y de los acreedores santafesinos», transmitió ayer el titular de la comisión, el peronista Luis Rubeo. Y los legisladores le pidieron a la exministra de Economía que lo que les dijo en la reunión lo exprese en público, para sentar posición respecto del directorio del BNA hacia el devenir del concurso de acreedores.
«La reunión fue buena porque nunca habíamos escuchado de parte de la directora del BNA su decisión nítida de rechazar la propuesta de Vicentin, a la que calificó de ilegal», celebró Del Frade.
Fernández Bugna y Ballesteros definieron que la propuesta empresaria es «el broche del proceso de desguace», un concepto que a los diputados santafesinos les gustó escuchar. «Es lo que veníamos diciendo desde el primer día», marcó Del Frade. «Ellos apuestan al cram down, con la posibilidad de que exista una quiebra, de manera que el Estado y empresarios privados se hagan cargo de Vicentin. Es decir, una empresa mixta, y es lo que proponemos desde el primer comunicado, luego del vaciamiento y la fuga de capitales que significó la estafa de Vicentin», agregó.
Mientras tanto, el horizonte inmediato preocupa a los diputados que siguen el caso. La Corte Suprema provincial está por expedirse sobre la figura del avocamiento que suspendió los términos del concurso y frenó al juez civil de Reconquista, Fabián Lorenzini, resistido y denunciado por los acreedores. «Seguramente será en contra», vaticinó Del Frade». Además, el 4 de diciembre se cumplirán 3 años de la cesación de pagos que precedió a la famosa declaración de «stress financiero»; y el 31 de diciembre terminarán los contratos de fasón con los que los trabajadores de Vicentin todavía pueden seguir cobrando el sueldo.
