En la tercera audiencia ante la Corte Suprema, el Gobierno de Javier Milei debía presentar un cronograma de pagos. En cambio, la administración libertaria llegó con las manos vacías y pidió más tiempo.

(Autor /Josefina López Palma)

Tras una tercera audiencia fallida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobierno de Axel Kicillof decidió continuar su reclamo por la deuda de ANSES con la caja previsional de la provincia de Buenos Aires por vía cautelar. Es que el pasado miércoles, la administración libertaria debía presentar un cronograma de pagos con montos detallados; sin embargo, los representantes del Ejecutivo nacional no llevaron ninguna propuesta y pidieron más tiempo para analizar detalles técnicos. 

Después de más de dos horas de reunión en el Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof se retiró del lugar visiblemente ofuscado y afirmó que su gestión dio por finalizada la etapa de conciliación.

«Decidimos avanzar por la vía cautelar», exclamó el mandatario ante los medios de comunicación que lo esperaban a la salida de la audiencia. “Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, exclamó. 

Bajo el expediente n° 000661/2024, la demanda que inició la Provincia de Buenos Aires en abril de 2024 reclama una deuda por más de $2,3 billones, por fondos que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dejó de transferir a la caja previsional bonaerense tras la decisión de no prorrogar los artículos del Presupuesto que garantizaban esos giros. 

En concreto, la demanda exige que el Estado Nacional restablezca las transferencias de la ANSES «reconocidas en el art. 50 y las actualizaciones correspondientes a los arts. 92 a 94 de la Ley Nacional N° 27.701, en concepto de compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional, incluyendo: (a) Actualización por anticipos 2023 (con base 2018); (b) Deuda por Anticipo 2024 (con base 2020 más su actualización) y (c) Diferencias entre el déficit y percibido por anticipos sin actualizar por los ejercicios 2018, 2019 y 2020».

En ese mismo escrito, el gobierno provincial había solicitado una medida cautelar para que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, el Estado Nacional «se abstenga de dictar normas y/o ejecutar actos que contraríen o suspendan» lo establecido en la Ley N° 27.701 y proceda a transferir en forma inmediata y efectiva a favor de la Provincia de Buenos Aires los montos exigidos. 

Luego de tres audiencias en la Corte Suprema sin ningún avance o acuerdo alguno, la administración de Axel Kicillof solicitó al máximo tribunal el despacho de esa medida cautelar expresada en la demanda original. 

Según explicaron fuentes del Gobierno provincial a Diagonales, ahora la CSJN tiene dos opciones: activar la medida cautelar o conceder una prórroga al Gobierno nacional para que cumpla con la presentación de un cronograma de pagos. «La realidad es que nosotros creemos que le van a dar más tiempo, pero de todas maneras vamos a insistir con nuestro reclamo», expresaron desde el entorno de Kicillof.

UN TOTAL DE OCHO DEMANDAS

Cabe señalar que el reclamo por la deuda de ANSES es apenas una de las ocho demandas que el Gobierno provincial presentó ante la Corte por las deudas que acumula la Nación.

La administración bonaerense asegura que el Gobierno nacional le debe $16,7 billones: $4,08 billones correspondientes a obligaciones directas, $9,16 billones por obras públicas y $3,45 billones por la discontinuidad o demora de programas nacionales.

Entre esas deudas, se destacan los ocho que la Provincia de Buenos Aires llevó a la Corte. Además del reclamo por las transferencias de ANSES a la caja jubilatoria provincial, la PBA exige el pago de las deudas por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del Convenio 2023, la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FOFOFI), del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del Interior del país y del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Asimismo, la Provincia cuestiona la supresión del Sistema de Boleto Integrado y una resolución de ENARGAS que prohíbe incorporar tributos locales en las facturas del servicio de gas para financiar obras.

Ahora bien, si a ese monto de $16,7 billones se le suman la caída en los recursos de origen nacional y provincial, la gestión bonaerense señala que el total del desfinanciamiento generado por el Gobierno de Javier Milei a la PBA asciende a más de 20 billones. 

“En nuestro caso, la deuda de la Nación asciende a más de $22 billones, entre lo que han dejado de transferir y la pérdida de recaudación. No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”, resaltó Kicillof.