Con 137 votos a favor, La Libertad Avanza y sus aliados provinciales convirtieron en ley la reforma a la norma de 2010 que protegía glaciares y zonas periglaciares. El nuevo texto le cede a las provincias la facultad de decidir qué territorios se protegen y cuáles se abren a la explotación extractiva. La comunidad científica advierte sobre un retroceso ambiental sin precedentes. La oposición vaticina judicialización.
Pasadas las dos y media de la madrugada del jueves, con Karina Milei observando desde los palcos del recinto, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares. El resultado fue 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. Doce horas de debate, una sesión que el oficialismo controló con mano firme desde el principio, y un mapa político que volvió a mostrar la geografía del poder real en la Argentina de Javier Milei: las provincias mineras traccionando la agenda legislativa desde abajo, el gobierno nacional cerrando el trato desde arriba.
La reforma modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010. Esa norma establecía una protección integral sobre glaciares y zonas periglaciares —áreas con suelos congelados que actúan como reguladores hídricos— prohibiendo actividades industriales, entre ellas la minería. El nuevo texto invierte esa lógica: en lugar de fijar un piso nacional de protección, le transfiere a cada provincia la facultad de determinar qué territorios cumplen una función hídrica relevante y cuáles no. Las zonas que las autoridades provinciales declaren sin valor hídrico podrán salir del Inventario Nacional de Glaciares del IANIGLA y quedar habilitadas para proyectos extractivos.
La arquitectura de la alianza parlamentaria que hizo posible la sanción combina disciplina oficialista con intereses provinciales concretos. El PRO, la UCR e Innovación Federal —que responde centralmente al gobernador salteño Gustavo Sáenz— votaron en bloque junto a La Libertad Avanza. Los bloques Elijo Catamarca, ligados al gobernador peronista Raúl Jalil, y Producción y Trabajo (San Juan) también acompañaron. Dentro de Provincias Unidas, seis diputados —Gisela Scaglia, José Núñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila— se despegaron de los once integrantes del bloque que votaron en contra. También lo hicieron la radical disidente Karina Banfi, el santacruceño José Luis Garrido y Nicolás Massot de Encuentro Federal. La sorpresa más política fue la de los sanjuaninos Jorge Chica y Cristian Andino, de Unión por la Patria: ambos levantaron la mano en sintonía con los deseos de la Casa Rosada, en ruptura con su propio bloque.
El mapa de los votos no es aleatorio. San Juan tiene más de 4.500 zonas clasificadas como glaciares o periglaciales bajo la ley vigente, lo que la convierte en una de las jurisdicciones con mayor superficie excluida de la minería en el país. Salta, Jujuy y Catamarca suman más de 1.500 cuerpos glaciares o periglaciares registrados en el IANIGLA. Esas provincias tienen en común algo más que geografía cordillerana: cuentan con proyectos mineros avanzados bajo el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) y gobernadores que empujaron activamente la reforma ante el Gobierno nacional. Sáenz tiene proyectos ya aprobados por más de 3.000 millones de dólares bajo ese esquema. El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego fue uno de los principales interlocutores del Ejecutivo. La ley, en ese sentido, no es solo ambiental: es el eslabón legislativo del modelo de acumulación que el gobierno consolidó con el RIGI.
En contra votaron el grueso de Unión por la Patria —con las excepciones señaladas—, el Frente de Izquierda, once diputados de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Miguel Pichetto, Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández. Oscar Zago, Eduardo Falcone —del MID— y la neuquina Karina Maureira se abstuvieron. Pichetto, que había votado la ley original en 2010, fue categórico en su posición durante el debate: «No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio».
El debate en el recinto estuvo atravesado por dos líneas de fractura. La primera, ambiental: si la reforma garantiza o destruye la protección de los recursos hídricos. La segunda, constitucional: si el traspaso de facultades a las provincias viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que corresponde al Congreso fijar las normas de presupuestos mínimos ambientales que las jurisdicciones no pueden reducir. La oposición sostuvo con fuerza este segundo argumento. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro lo sintetizó en una frase que resonó en el recinto: «El sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley». Varios bloques anticiparon que impugnarán la norma ante la Justicia, lo que abre un escenario de incertidumbre jurídica que podría paradójicamente afectar incluso los proyectos que la ley pretende desbloquear.
El oficialismo respondió con el argumento del federalismo y la precisión científica. La diputada Silvana Giudici, última oradora del bloque antes de la votación, insistió en que «el método científico es uno solo y lo va a fijar el IANIGLA». El jefe de bloque Gabriel Bornoroni cerró con una línea de exaltación territorial: «El presidente Milei nos trajo el federalismo y la posibilidad de que nosotros seamos los dueños de nuestras tierras». Lo que no explicó Bornoroni es que la nueva ley no refuerza la capacidad técnica del IANIGLA, sino que la subordina al criterio de cada provincia: serán las autoridades locales las que informen al Instituto qué territorios incluir en el inventario y cuáles retirar.
Esa es, para la comunidad científica, la modificación más grave. El IANIGLA es reconocido internacionalmente como una de las instituciones de glaciología más prestigiosas de América Latina. Con el nuevo texto, el organismo pierde su rol activo en la definición del inventario para convertirse en receptor de información provincial. Los investigadores del CONICET ligados al área se manifestaron en contra de la reforma de manera sistemática en las semanas previas a la sesión. Sus argumentos se centran en que Argentina posee casi 17.000 cuerpos de hielo que cubren más de 8.400 kilómetros cuadrados —equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires—, y que los datos del propio IANIGLA muestran retrocesos significativos en la última década: una reducción del 17% de hielo descubierto y una contracción del 23% de manchones de nieve perenne en el noroeste del país.
La reforma llega en un contexto de aceleración de las inversiones mineras. Antes de la sesión, varios proyectos en zonas periglaciares habían comenzado a moverse al calor del RIGI y de la expectativa de que la ley se modificaría. Con la sanción, esos movimientos adquieren un paraguas legal. Sin embargo, la posibilidad cierta de impugnaciones judiciales —anticipadas por múltiples bloques opositores— pone un signo de pregunta sobre la seguridad jurídica que el gobierno prometió como principal virtud de la norma. El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, lo señaló con precisión: buena parte de los proyectos mineros que ya operan contaban con respaldo en la ley de 2010; la reforma podría poner en riesgo ese paraguas al abrir el debate en los tribunales.
La primera gran batalla ambiental del ciclo Milei terminó con victoria del gobierno. Pero las condiciones en que se obtuvo esa victoria —la presencia de Karina Milei en los palcos como símbolo de la apuesta personal de la conducción del espacio, el adelanto de fondos de coparticipación días antes de la sesión, la construcción de una alianza con gobernadores de distintos signos partidarios a cambio de apertura extractiva— revelan el precio político de la reforma. El costo ambiental, ese sí, todavía está por calcularse.
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