Por Leandro Renou
El arreglo con el Fondo Monetario Internacional tiene un fuerte componente político. Desentraña un desembolso sin auditorías que el gobierno de Donald Trump le concedió a la administración de Cambiemos. El escenario hipotecaba la actual gestión y las venideras.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, resumió en una figura clásica lo que significa, en toda su expresión, haber llegado a un acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “La deuda es una tragedia para la Argentina”, manifestó en la conferencia de prensa que compartió con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Recordó allí el origen del endeudamiento de 44 mil millones de dólares tomado por la gestión de Mauricio Macri, un crédito geopolítico ordenado por la administración de Donald Trump. Lo propio hizo el presidente Alberto Fernández en su anuncio, cuando mencionó que “la historia juzgará quién hizo qué”. Todo eso sintetiza el nivel de presión que el Gobierno Nacional tenía para cerrar con el FMI, con el objetivo de acercarse a un pacto que no sólo no condicionara el crecimiento, sino más que nada le despejara un ruido serio para el año y medio de gestión que le quedan.
En pocas palabras, el mayor o menor nivel de ajuste exigido tendrá per sé un contralor interno de los sectores obreros, sociales y políticos internos del Frente de Todos, una lupa casi natural y más saludable que las misiones del FMI. De hecho, las diferencias internas sobre cómo manejar la economía persistirán. Un factor que es, en realidad, el fondo de la cuestión.
Pero, a la vez, con el acuerdo el Gobierno se saca una carga que lo pone de nuevo en el centro de la agenda económica, expone a la oposición como responsable de haber generado esta situación y la obliga a firmar en el Parlamento o quedar expuesta en su desaprensión por los destinos del país . En paralelo, le abre al Estado la canilla de otros financiamientos externos de organismos internacionales y le permite ampliar los presupuestos de obra pública. También consiguió eludir metas históricas del FMI, como los ajustes laborales y a las jubilaciones.
Además, le permite al Gobierno centrarse en el casi exclusivo desafío económico del momento: la inflación, que es la que distorsiona no sólo las jubilaciones y los salarios, sino que consolida la pobreza y la desigualdad. Este año, volverá a ser alta.
El propio Fondo Monetario Internacional ha admitido que el dinero del préstamo se fugó, y aún así el Gobierno salió a tapar los huecos generados por la actual la oposición. En los pasillos de la Casa Rosada, varios funcionarios recordaban que es la segunda vez en 20 años que un gobierno peronista resuelve una deuda contraída por fuerzas conservadores.
Pero la negociación de Kirchner-Lavagna y la de Fernández-Guzmán no sólo tienen un contexto diferente sino que la actual enfrenta un hito histórico: se trata del crédito más grande en la historia del país y del propio organismo. Y encima otorgado sin condicionamientos.
Con bastante razón, hay patas internas del oficialismo, y hasta algunos funcionarios, que rechazan las revisiones trimestrales acordadas con el organismo, con el argumento de que en los años de Macri el Fondo visitó el país y siguió habilitando desembolsos con unas finanzas y una economía críticas.
