Por Enric Llopis | 27/12/2022 | España, Mentiras y medios
“Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber”; es la cita adjunta a la fotografía del reportero Pablo González, que encabeza el blog #FreePablo. Compañeros del periodista crearon esta página Web cuando tuvieron noticia de su detención el 28 de febrero de 2022 en Polonia, acusado de ser un agente ruso.
Colaborador de medios como Público, Gara o La Sexta, hizo la cobertura del éxodo de refugiados ucranianos en la frontera, entre otras informaciones. El pasado 22 de noviembre, Pablo González recibió la vista de su pareja en la prisión de Radom (Polonia), después de 267 días sin poder contactar con la familia y “bajo la estricta vigilancia de un oficial de la inteligencia polaca”.
Una fuente de interés para cuestionar las verdades oficiales es el informe Anàlisi del Tractament mediàtic del conflicte d’Ucraïna i de l’acollida de refugiades, realizado por la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR)-País Valenciano y la Unió de Periodistes Valencians. Presentado el 12 de diciembre en el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, el reporte tiene como autora a la periodista Laura Escartí.
La primera conclusión del estudio es que las informaciones sobre la guerra en Ucrania –y los desplazamientos forzosos de población- han silenciado otros conflictos en los medios; por ejemplo, “en el Sáhara Occidental continúa habiendo una guerra declarada por el Frente Polisario”; también en Afganistán, “donde miles de personas se ven obligadas a huir, en muchos casos intentando acceder a las embajadas de España en Irán y Pakistán para iniciar los procesos de traslado y protección internacional”.
Es uno de los puntos que también aborda el informe Alerta 2022 de Escola Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona), que registró 32 conflictos armados en el mundo durante 2021; los 17 conflictos calificados como “graves” suceden en Camerún, Etiopía, Malí, Mozambique, Región Lago Chad, Región del Sahel Occidental, República Centroafricana, República Democrática del Congo (dos conflictos mencionados), Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen.
A finales de 2020, según ACNUR, la cifra de personas desplazadas por la fuerza como consecuencia de una persecución, conflicto o violaciones de los derechos humanos había alcanzado los 82,4 millones, más del doble que hace una década.
El estudio de CEAR-PV y la Unió de Periodistes detalla que el 95% de las informaciones “que nos llegan” sobre las guerras de Irak, Afganistán o Ucrania tienen como fuente a países de la OTAN. “El concepto de ‘guerra híbrida’ se ha consolidado, haciendo que la desinformación y la propaganda sean un medio utilizado de manera recurrente por las dos partes en conflicto y sus aliados”, añade el sexto informe del Observatorio de medios Sense tópics.
Respecto al objeto de las informaciones, se incluye la estadística de la plataforma MyNews, que analizó 997.028 piezas informativas –entre febrero y octubre de 2022- en 1.250 portales digitales de la prensa española; la gran mayoría -el 88,7%- hacen referencia a Ucrania, frente al caso de Siria (3,3%); Afganistán (3,2%), Palestina (1,7%), Malí (1,4%), Etiopía (0,9%) y Yemen (0,9%).
A partir de este análisis, un contraste significativo es el que se desprende de las informaciones sobre la guerra en un periodo equivalente; así, las 883.956 informaciones contabilizadas durante ocho meses sobre el conflicto de Ucrania (24 febrero-24 octubre 2022), es muy superior al del mismo periodo en la guerra de Siria (desde el inicio de la guerra, el 15 marzo de 2011, hasta el 15 noviembre del mismo año: 83.110 noticias.
“La primera víctima de la guerra es la verdad”, recuerdan CEAR y la Unió de Periodistes Valencians. Explican que los discursos a favor del conflicto bélico dominan los programas informativos, tanto en Ucrania y sus aliados como en la Federación Rusa; mientras, se promueve la censura a los medios de comunicación del bloque antagónico.
El estudio se apoya, entre otras fuentes, en una información del periódico La Vanguardia, publicada el pasado 2 de marzo: “Los medios estatales rusos, prohibidos en la UE” (referencia a la suspensión de las emisiones de Russia Today y Sputnik); y en sentido contrario, tituló el diario El País el 4 de marzo: “Rusia bloquea medios extranjeros y redes sociales con una nueva ley que castiga con cárcel ‘la desinformación’”.
En un capítulo del informe presentado en el Col·legi Major Rector Peset, se afirma que existe una “diferente acogida y reconocimiento de derechos” a las personas refugiadas; ACNUR señala que existen cerca de ocho millones de ucranianos refugiados en Europa, y siete millones de desplazados internos, lo que ha supuesto uno de los éxodos más rápidos desde la Segunda Guerra Mundial (principalmente personas mayores de 60 años, mujeres y menores, debido a que el Gobierno de Ucrania prohibió la salida de hombres en edad militar).
La mayor afluencia de personas refugiadas se ha dado en los países fronterizos con Ucrania: Rusia es, actualmente, el país que acoge un mayor número de refugiados ucranios (2,8 millones, ACNUR), seguido de Polonia (más de 1,4 millones); sin embargo, en una primera etapa del conflicto, Polonia y Hungría ocupaban la primera posición, “mostrando una muestra de solidaridad que no tuvieron en 2015 durante la mal denominada ‘crisis de los refugiados’”, compara el Observatorio Sense tópics.
En 2015 los países del grupo de Visegrado –Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia- rechazaron las llamadas cuotas de reparto de personas refugiadas que sugirió la UE.
Pero en esta ocasión se ha procedido de manera diferente; La Comisión Europea propuso –con motivo de la guerra de Ucrania- activar la Directiva 2001/55/CE que regula las normas mínimas de concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, entre otras cuestiones.
El Consejo de Europa aceptó la propuesta a primeros de marzo, lo que ha supuesto que se aplique por primera vez la Directiva (fue aprobada en 2001, con motivo del conflicto en los Balcanes). ¿Con qué consecuencias? “Las personas ucranianas se han podido mover libremente por la UE e instalarse en cualquiera de sus estados miembros: automáticamente se les otorgaba un permiso de residencia y tenían derecho a trabajar y tener un alojamiento adecuado, acceso a la asistencia médica, así como a ayudas sociales y apoyo financiero”, resaltan CEAR y la Unió de Periodistes.
“Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber”; es la cita adjunta a la fotografía del reportero Pablo González, que encabeza el blog #FreePablo. Compañeros del periodista crearon esta página Web cuando tuvieron noticia de su detención el 28 de febrero de 2022 en Polonia, acusado de ser un agente ruso. Colaborador de medios como Público, Gara o La Sexta, hizo la cobertura del éxodo de refugiados ucranianos en la frontera, entre otras informaciones. El pasado 22 de noviembre, Pablo González recibió la vista de su pareja en la prisión de Radom (Polonia), después de 267 días sin poder contactar con la familia y “bajo la estricta vigilancia de un oficial de la inteligencia polaca”.
Una fuente de interés para cuestionar las verdades oficiales es el informe Anàlisi del Tractament mediàtic del conflicte d’Ucraïna i de l’acollida de refugiades, realizado por la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR)-País Valenciano y la Unió de Periodistes Valencians. Presentado el 12 de diciembre en el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, el reporte tiene como autora a la periodista Laura Escartí.
La primera conclusión del estudio es que las informaciones sobre la guerra en Ucrania –y los desplazamientos forzosos de población- han silenciado otros conflictos en los medios; por ejemplo, “en el Sáhara Occidental continúa habiendo una guerra declarada por el Frente Polisario”; también en Afganistán, “donde miles de personas se ven obligadas a huir, en muchos casos intentando acceder a las embajadas de España en Irán y Pakistán para iniciar los procesos de traslado y protección internacional”.
Es uno de los puntos que también aborda el informe Alerta 2022 de Escola Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona), que registró 32 conflictos armados en el mundo durante 2021; los 17 conflictos calificados como “graves” suceden en Camerún, Etiopía, Malí, Mozambique, Región Lago Chad, Región del Sahel Occidental, República Centroafricana, República Democrática del Congo (dos conflictos mencionados), Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen.
A finales de 2020, según ACNUR, la cifra de personas desplazadas por la fuerza como consecuencia de una persecución, conflicto o violaciones de los derechos humanos había alcanzado los 82,4 millones, más del doble que hace una década.
El estudio de CEAR-PV y la Unió de Periodistes detalla que el 95% de las informaciones “que nos llegan” sobre las guerras de Irak, Afganistán o Ucrania tienen como fuente a países de la OTAN. “El concepto de ‘guerra híbrida’ se ha consolidado, haciendo que la desinformación y la propaganda sean un medio utilizado de manera recurrente por las dos partes en conflicto y sus aliados”, añade el sexto informe del Observatorio de medios Sense tópics.
Respecto al objeto de las informaciones, se incluye la estadística de la plataforma MyNews, que analizó 997.028 piezas informativas –entre febrero y octubre de 2022- en 1.250 portales digitales de la prensa española; la gran mayoría -el 88,7%- hacen referencia a Ucrania, frente al caso de Siria (3,3%); Afganistán (3,2%), Palestina (1,7%), Malí (1,4%), Etiopía (0,9%) y Yemen (0,9%).
A partir de este análisis, un contraste significativo es el que se desprende de las informaciones sobre la guerra en un periodo equivalente; así, las 883.956 informaciones contabilizadas durante ocho meses sobre el conflicto de Ucrania (24 febrero-24 octubre 2022), es muy superior al del mismo periodo en la guerra de Siria (desde el inicio de la guerra, el 15 marzo de 2011, hasta el 15 noviembre del mismo año: 83.110 noticias.
“La primera víctima de la guerra es la verdad”, recuerdan CEAR y la Unió de Periodistes Valencians. Explican que los discursos a favor del conflicto bélico dominan los programas informativos, tanto en Ucrania y sus aliados como en la Federación Rusa; mientras, se promueve la censura a los medios de comunicación del bloque antagónico.
El estudio se apoya, entre otras fuentes, en una información del periódico La Vanguardia, publicada el pasado 2 de marzo: “Los medios estatales rusos, prohibidos en la UE” (referencia a la suspensión de las emisiones de Russia Today y Sputnik); y en sentido contrario, tituló el diario El País el 4 de marzo: “Rusia bloquea medios extranjeros y redes sociales con una nueva ley que castiga con cárcel ‘la desinformación’”.
En un capítulo del informe presentado en el Col·legi Major Rector Peset, se afirma que existe una “diferente acogida y reconocimiento de derechos” a las personas refugiadas; ACNUR señala que existen cerca de ocho millones de ucranianos refugiados en Europa, y siete millones de desplazados internos, lo que ha supuesto uno de los éxodos más rápidos desde la Segunda Guerra Mundial (principalmente personas mayores de 60 años, mujeres y menores, debido a que el Gobierno de Ucrania prohibió la salida de hombres en edad militar).
La mayor afluencia de personas refugiadas se ha dado en los países fronterizos con Ucrania: Rusia es, actualmente, el país que acoge un mayor número de refugiados ucranios (2,8 millones, ACNUR), seguido de Polonia (más de 1,4 millones); sin embargo, en una primera etapa del conflicto, Polonia y Hungría ocupaban la primera posición, “mostrando una muestra de solidaridad que no tuvieron en 2015 durante la mal denominada ‘crisis de los refugiados’”, compara el Observatorio Sense tópics.
En 2015 los países del grupo de Visegrado –Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia- rechazaron las llamadas cuotas de reparto de personas refugiadas que sugirió la UE.
Pero en esta ocasión se ha procedido de manera diferente; La Comisión Europea propuso –con motivo de la guerra de Ucrania- activar la Directiva 2001/55/CE que regula las normas mínimas de concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, entre otras cuestiones.
El Consejo de Europa aceptó la propuesta a primeros de marzo, lo que ha supuesto que se aplique por primera vez la Directiva (fue aprobada en 2001, con motivo del conflicto en los Balcanes). ¿Con qué consecuencias? “Las personas ucranianas se han podido mover libremente por la UE e instalarse en cualquiera de sus estados miembros: automáticamente se les otorgaba un permiso de residencia y tenían derecho a trabajar y tener un alojamiento adecuado, acceso a la asistencia médica, así como a ayudas sociales y apoyo financiero”, resaltan CEAR y la Unió de Periodistes.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
