No es necesario abundar en descripciones: la televisión ha sido explícita hasta el horror con el padecimiento de la gente. Una vez más, los cortes de luz son la antítesis de la democracia, no sólo porque son atentatorios de los más elementales derechos de la ciudadanía, sino también porque, paradójicamente, iluminan la morosidad estatal.
Es verdad que las sucesivas olas de calor también recalientan el consumo de energía eléctrica. Pensar lo contrario sería de irresponsables. Pero además están la falta de inversiones de las empresas distribuidoras, sus presiones para aumentar las tarifas a más del 3000 por ciento y, desde luego, la ausencia de control estatal sobre la calidad de las prestaciones. De yapa, las concesiones para operar el servicio comportan una cesión de soberanía: cualquier diferendo se sustancia judicialmente en el CIADI, muy pero muy lejos de la órbita de la Justicia (?) argentina. Y, claro, como frutilla del postre de los grandes capitales están las exigencias del FMI de eliminar los subsidios en las tarifas.
Días pasados, en la Comisión de Juicio Político, el diputado Hugo Yasky tuvo el coraje de explicitar la necesidad de una autocrítica, por parte de la cámara que integra, al no haber iniciado antes el proceso contra la Corte Suprema de Justicia. Hubo que esperar a que sucediera el fallido intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la posterior proscripción de ésta y el empantanamiento de la investigación sobre la tentativa criminal de sus agresores, para que los diputados -dijo el también secretario general de la CTA- se dieran a la tarea de juzgar políticamente a los miembros de la Corte que, por si faltaran datos de su inmoralidad, ahora uno de ellos le demanda al Estado sueldos atrasados por 6000 millones de pesos y hace siete años que mantienen presa a Milagro Sala.
Sería más que oportuno que jueces y gobernantes, ante el padecimiento de millares de ciudadanas y ciudadanos, hicieran una autocrítica. Es inconcebible, por ejemplo, que el ENRE haya anunciado que se tomará ¡90 días! para presentar un informe de situación alegando que no se puede accionar contra EDESUR procediendo con trámites a la ligera que beneficiarían a la empresa en un eventual recurso de alzada ante el CIADI. ¿Pero es que las autoridades del ENRE se enteraron recién con la ola de calor de que la empresa italiana no estaba prestando el servicio como debiera? ¿Noventa días para elaborar un informe cuando hay gente que hace dos semanas que no tiene agua, ni alimentos refrigerados, ni aparatos respiratorios, ni ascensores?
Por lo demás ¿no hay un plan gubernamental de contingencia para esta clase de situaciones? Grupos electrógenos, camiones cisterna con agua potable, asistencia a los ancianos y a los enfermos, o sea, una política de cercanía estatal que, al menos, contenga en lo inmediato y responda a la emergencia. Ni en la peor de las distopías cinematográficas -tan de moda en lo que respecta a anunciar catástrofes bíblicas- están ausentes las respuestas estatales, pero aquí sí. Aquí, como si se tratara de que no existe una muy eficaz estrategia desestabilizadora, que combina intento de magnicidio, proscripción, cortes de luz, inflación anual de más de tres dígitos y corrida cambiaria, hay funcionarios que miran para otro lado, así como hay otros -es el caso del gobierno porteño- que se solazan con la situación y mandan a su policía a custodiar los edificios de EDESUR en lugar de proteger a los ciudadanos de los crímenes de ésta.
Es terrible que la gente, cuando sale a protestar, se vea en la necesidad de aclarar, ante cámaras y micrófonos, que no pertenece a ningún partido político. La política y los políticos son vistos como algo ajeno y absolutamente alejado de los problemas que vive la población. Alejados del salario que no alcanza, de los alquileres siderales, de los precios de las góndolas en el supermercado, de la compra obligada de los medicamentos imprescindibles, de los útiles escolares, de la dignidad de la gente.
En este clima de fin del mundo, la derecha más cerril hace campaña electoral en los polígonos de tiro -como el hijo del genocida Bussi junto a Milei- mientras que compañeros y compañeras del campo popular les pasan facturas en público a otros compañeros y compañeras.
Es hora de comprender que la democracia no puede ser una formalidad que hay que cumplir con un voto cada dos años porque, de este modo, la voracidad del gran capital carece de frenos. Las políticas de derecha, toda vez que la ciudadanía exige el respeto pleno a sus derechos, se amparan en esa formalidad para que la democracia carezca de sustancia, para que los sistemáticos cortes de luz, por ejemplo, no sean un delito flagrante y sean apenas una cuestión técnica, un tema que, de últimas, reclamará un informe dentro de tres meses.
El cantautor uruguayo Jaime Roos, parodiando la realidad con el juego infantil de las escondidas, compuso un tema que tituló “Murga de la Pica”, en alusión al grito de advertencia ¡Pica! que profiere quien le toca encontrar a los escondidos cuando descubre a uno. En verdad, se trata de una charada que apunta a los responsables de gobernar pero se desentienden de la cotidianeidad de las personas. El estribillo dice así: “Por si la agarró empezada / y no hay nadie que le cuente / lo que la gente quisiera / es vivir como la gente”. Todo un programa democrático que ningún político popular debería ignorar de aquí en más.
