(Por Cecilia Miglio) Cerca de cumplirse dos meses de la trágica detención y muerte de cuatro niños ecuatorianos, entrevistamos a Billy Navarrete Benavides, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Esta organización, con sede en Guayaquil y operativa legalmente desde 1982, ha enfocado sus esfuerzos en la seguridad pública. Durante la entrevista, hablamos principalmente sobre el caso de los cuatro niños de Guayaquil, el Estado de excepción, la militarización, la ola de criminalidad y la dolarización, entre otros temas.


– Sr. Navarrete, ¿cuál es la situación actual en Ecuador en cuanto a la violación de los derechos humanos? ¿Podría mencionar algunos casos específicos que ilustren las principales problemáticas que se están viviendo?
B.N.B.: Desde el 2019, el CDH viene registrando graves vulneraciones a los derechos humanos que incluyen masacres carcelarias bajo tolerancia de la fuerza pública del Estado ecuatoriano. Desde el 2019 hasta diciembre del 2023, se registran al menos 680 personas asesinadas en el sistema carcelario, y el 50% de estas masacres han ocurrido en Guayaquil, concretamente en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más antigua e influyente del sistema carcelario en Ecuador.
Paralelo al contexto carcelario de graves violaciones a derechos humanos y de masacres carcelarias sin precedentes, el número de crímenes cometidos en el sistema carcelario es inédito en Ecuador durante este periodo. Desde el 2019 hasta diciembre del 2023, estos crímenes han sido provocados por bandas criminales que han controlado y controlan las cárceles en Ecuador. Este fenómeno de violencia carcelaria se ha trasladado a las comunidades. Una de las expresiones del control de las cárceles por parte de bandas criminales es el fenómeno de la extorsión, que incluye transacciones económicas a través del sistema bancario ordinario, la impunidad de los crímenes ocurridos en ese periodo y la grave estigmatización de las familias de las personas en prisión como responsables de la violencia, debido a que se les señala como las que han ingresado las armas utilizadas para la violencia carcelaria.


– ¿Cómo se relaciona la violencia actual en Ecuador con la situación socioeconómica del país, incluyendo la dolarización y el narcotráfico?
B.N.B.: En 2019 ocurrieron varias muertes de jefes de bandas, especialmente la de uno de la banda denominada Los Choneros, que era la más fuerte del Ecuador y tenía hegemonía sobre el tráfico de drogas con vínculos incluso con las mafias mexicanas. Así, digamos, se ha podido obtener información pública al respecto y esa muerte generó que esa gran banda, que tenía hegemonía en el negocio, se dividiera, hubiera disputas internas y se crearan estas facciones que luego se volvieron grandes bandas que siguieron enfrentándose inicialmente en las cárceles durante, digamos, 2019, 2020 y especialmente 2021. Después de la pandemia, que en Guayaquil azotó mucho, como recordará, los efectos de la pandemia aquí fueron muy duros y traumáticos. Luego de eso, el Estado en general no volvió a las comunidades y estas quedaron, digamos, bajo el control de estas bandas, y el tráfico y la extorsión generaron todo ese caos.
En las cárceles, 2022 fue el año más severo; en ese solo año se registraron 320 muertes en el sistema carcelario, todas de formas bastante crueles, en contextos de masacres con cientos de personas fallecidas en un solo acto, como ocurrió, por ejemplo, en la penitenciaría a finales de septiembre de ese año. Esto hizo que la ausencia de control sobre las economías ilícitas hiciera que la llamarada de la violencia se encendiera cada vez más, siendo 2022 y 2023 los años más severos en este aspecto.
Luego viene otra ola de violencia a partir del 9 de enero de 2024 con la declaratoria presidencial 111 que establece el conflicto armado interno. Para entonces, Ecuador y particularmente el litoral se convirtieron en una de las zonas más peligrosas de la región y una de las más violentas del mundo en este aspecto.
Con relación a la dolarización y las maneras en las que esto se combina con lo que está pasando, sí cabe señalar que durante la pandemia, el negocio ilícito también se confinó, se detuvo, los barcos se detuvieron, sobre todo pensando en el tráfico hacia Europa. Mucha droga que estaba viniendo desde hace mucho tiempo, pasando porque éramos un país de tránsito y seguimos siendo un país de tránsito en términos generales, quedó confinada allí. Luego, cuando se abrieron las fronteras, una enorme cantidad de droga llegó a Ecuador. En ese entonces, me refiero a 2021, se pudieron decomisar 200 toneladas de droga, y siempre pensando que estos decomisos representan algo así como el 10 o el 20 por ciento de todo lo que transita ilegalmente, según los estudios. La enorme cantidad de droga que de repente llegó a Ecuador fue un detonante muy fuerte.
El lavado de dinero y la falta de control para el ingreso de divisas son elementos cruciales en Ecuador. Existe mucha flexibilidad para lavar dinero, y ciudades en el litoral como Manta y Guayaquil, entre otros sectores, crecieron de forma exuberante en relación con la industria inmobiliaria y otros negocios ostentosos, sin que haya posibilidad de conocer de dónde vino ese capital. Obviamente, lo que cabe pensar es que entró de forma ilícita para ser lavado aquí. Este mecanismo de lavado encuentra en la dolarización un escenario absolutamente favorable, porque los niveles de ganancia se multiplican. La dolarización es un escenario muy propicio para el lavado y para el fortalecimiento de economías ilícitas que se conjugan con el interés político y económico formal. Esta relación se da de la mano, porque a la larga es divisa que entra y dinamiza la maquinaria, y no importa si viene limpia o manchada de sangre.
Estado de excepción
– ¿Qué piensa sobre el estado de excepción en El Salvador, que permiten la detención y el castigo sin garantías procesales? ¿Cuáles han sido las consecuencias en términos de derechos humanos de la implementación del Estado de Excepción en su país?
B.N.B.: Concretamente, a partir del 9 de enero del 2024, se identifica un nuevo periodo que es el que está aún en curso ya en el gobierno actual del presidente Daniel Noboa Azín. Este periodo que se inicia el 9 de enero incluye el decreto 111 de Estado de Excepción que califica la situación del Ecuador como conflicto armado interno y que menciona al menos 22 organizaciones criminales como combatientes.
En este contexto de conflicto armado interno se ha, digamos, identificado también serias críticas formales por parte de la Corte Constitucional, señalando que esa calificación del derecho internacional humanitario no tiene coherencia con la situación del Ecuador, especialmente con relación a la identificación de estas bandas criminales y su, digamos, estructura, que a decir de la Corte Constitucional no es la de combatientes.
En este contexto de conflicto armado interno, el gobierno permitió la ocupación del sistema carcelario por parte de las Fuerzas Armadas y además, digamos, la acción autónoma de las Fuerzas Armadas para intervenciones militares en comunidades en tareas antidelictivas. Esto ha acarreado que en el contexto carcelario se registren restricción de alimentos, se identifiquen restricción de acceso a medicina, se identifique restricción de personal civil de institución pública como el Ministerio de Salud Pública para brindar atención médica a las personas privadas de la libertad y en el contexto comunitario se identifiquen ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Sin duda, el estado de excepción ha sido bastante recurrente, ha dejado de ser excepcional esta medida en el Ecuador. En el último periodo ha sido muy recurrente y ha sido esta una alerta que la Corte Constitucional ha señalado a este gobierno como a los anteriores. Desde el 2019 eso se vuelve mucho más recurrente, especialmente para temas de inseguridad. Y eso está acotejado con la influencia de lo que, digamos, se ha venido desarrollando con algunas diferencias en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha implementado esta “mano dura” que acá también se la asume como el deber ser de la política pública. Y lo que tememos es que esta situación se extienda indefinidamente. Nosotros a principios del próximo mes de febrero vamos a elegir un nuevo presidente. El actual presidente es candidato a su vez y es uno de los que lidera, el voto popular y que, digamos, tiene como principal oferta de campaña mantener esta, manera de controlar, digamos, la criminalidad, pese al daño colateral, entre comillas, que estas graves violaciones de derechos humanos ponen en evidencia.
Detención de menores y baja de la edad de imputabilidad
¿Qué piensa sobre la detención de menores y la baja de la edad de imputabilidad en algunos países? ¿Qué alternativas propone para abordar la delincuencia juvenil en lugar de la detención y el castigo?
B.N.B.: Bueno, la delincuencia juvenil ha estado presente en varios momentos en la historia de la violencia urbana en el Ecuador y particularmente en el litoral ecuatoriano. Ha habido excesiva libertad para que las fuerzas públicas, la Policía Nacional y ahora las fuerzas militares intervengan en este tipo de delitos cometidos incluso por menores de edad. No hay duda de que los menores de edad están siendo utilizados por bandas armadas en la comisión de delitos muy graves, incluso el sicariato, pero esta lucha contra este tipo de prácticas cometidas por menores de edad, nosotros hemos requerido y exigido que tengan una complementariedad en relación a la prevención y nada de la política pública está dirigido a eso. Las escuelas están siendo un mecanismo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de las bandas criminales para esos fines de economías ilícitas y no se hace nada en política pública para poder ir disminuyendo ese tipo de cooptación de los menores. La ausencia del Estado en territorios empobrecidos, precarizados, es muy obvia. Servicios de escolaridad, de salud, y de seguridad pública son muy notorios en esto. No existe presencia estatal en esos territorios y lo que ha servido es para que esos mismos territorios sean ocupados y controlados por bandas criminales y la expansión de las economías ilícitas, no solamente del narcotráfico, sino de la extorsión. Es muy preocupante el hecho de que menores de edad estén envueltos en una práctica extorsiva, conocidas como “vacunas” también aquí, como en Colombia, en sus propios barrios, en sus propias comunidades, y eso ha destruido profundamente el tejido de sobrevivencia de esas comunidades ya empobrecidas. Si bien es cierto que ha levantado mucha preocupación pública en relación con la acción de los militares, no existe por parte del gobierno una alternativa para disminuir el nivel de daño hacia la población menor de edad para que sea menos presa de estas organizaciones criminales y nos encontramos con casos como los de las Malvinas.
Sin duda, este caso de los conocidos como los cuatro de Guayaquil, Ecuador, ha levantado mucha preocupación en relación con la acción de las Fuerzas Armadas en esta tarea de combate a la criminalidad. El desamparo frente a la violencia criminal es extendido, pero lo que ahora se ha colocado en la esfera pública de la conversación es la incapacidad que tienen las Fuerzas Armadas para ese tipo de tareas. Lo que se ha reclamado por parte de los organismos de derechos humanos es que las Fuerzas Armadas han sido empujadas a realizar esta tarea antidelictiva sin la debida preparación, de tal manera que todos los procedimientos que debieron aplicarse para, en el peor de los casos, detener y entregar a la entidad policial especializada en menores no se cumplieron.


Se ocultó información hasta la fecha, esta detención ocurrió el 8, el 21 el ministro de defensa seguía señalando que sus subordinados no habían intervenido. Fue a partir de la evidencia en video que la fiscalía mostró públicamente, que se pudo corroborar y el ministro de defensa pudo admitir que eran patrullas, que eran elementos militares los que habían intervenido en la detención y en ese entonces la desaparición forzada de los menores. Ha habido mucho reclamo y sin duda en el Ecuador esto ha permitido que muchos otros casos de personas detenidas y desaparecidas en este contexto de militarización desarrollado durante el año 2024 comiencen a aparecer. En los últimos tres meses, el CDH ha registrado 17 casos de personas detenidas y desaparecidas por patrullas militares en el litoral ecuatoriano, especialmente en la provincia de Los Ríos y en la provincia del Guayas. El caso de los cuatro es uno de esos 17 casos documentados por el CDH.
Nosotros hemos procurado que la política pública en seguridad sea integral, hemos reclamado que esto tenga una auténtica participación de la sociedad civil, de otros espacios de la sociedad como las universidades y la empresa privada, incluso, que pueda dar una mirada distinta a lo que hace la fuerza pública, que es indispensable. Aquí en el Ecuador no minimizamos el rol de la fuerza pública, todo lo contrario, creemos que es importante, pero esa acción pública de la Policía Nacional en particular y de las Fuerzas Armadas inclusive, tiene que estar rigurosamente apegada a la ley, a lo que se les permite a los uniformados en este combate a la delincuencia, donde la distancia tiene que ser muy visible, la acción de la fuerza pública tiene que ser absolutamente distinta de la acción de las organizaciones criminales, pero eso no existe actualmente en el Ecuador. Las organizaciones criminales han cooptado a la fuerza pública en términos generales y el mayor daño de todo este episodio de grave violencia en el Ecuador lo sufre la Policía Nacional, en la que nadie confía. La penetración de economías ilícitas dentro de la institución policial es muy profunda y esa es una de las principales tareas, una depuración profunda de esas filas de la fuerza pública para devolverle la credibilidad del resto de la sociedad con relación al rol indispensable que tienen. Incluso a las Fuerzas Armadas se les debe dar capacitación para que sepan cómo lidiar con un chico de 11 años que presuntamente ha cometido alguna infracción y no detenerlo arbitrariamente, saltarse todos los procedimientos que debieron cumplirse y abandonarlo golpeado y desnudo a las 10 de la noche en un sector altamente peligroso en el Ecuador. Esas son cosas que no se pueden tolerar y esas son de las cosas que estamos procurando que este caso quede como un precedente. Ha habido un acompañamiento muy directo y una presión de entidades especialmente de Naciones Unidas y del sistema interamericano para que esto no se vea como un hecho más, no se naturalice, sino que se aproveche esta oportunidad para revisar a fondo la política en seguridad y evitar que esta situación se vuelva peor que la enfermedad.
Caso “Los 4 niños de Guayaquil”
¿Qué sucedió con los 4 niños que murieron en un contexto de violencia estatal? ¿En qué situación están los militares implicados en la detención y sospechados de la tortura y muerte de estos niños? ¿Qué medidas se han tomado para garantizar la verdad y la justicia en este caso?
B.N.B.: El caso de los cuatro adolescentes fallecidos inicia el 8 de diciembre de 2024. Estos chicos salían de una práctica de fútbol en una cancha al sur de Guayaquil, donde es común que los jóvenes vayan a jugar. Eran 11 adolescentes que regresaban a sus casas en el barrio “Las Malvinas”, cuando fueron interceptados en una vía transitada por una patrulla de la Fuerza Aérea. Dieciséis militares detuvieron a cuatro de los chicos: Ismael Arroyo (15 años), su hermano Josué Arroyo (14 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años). A punta de golpes, los embarcaron en dos camionetas oficiales. La versión oficial indica que, antes de la detención, hubo un supuesto robo a una señora en el lugar. Sin embargo, este hecho no ha sido comprobado por las Fuerzas Armadas ni por el Ministerio de Defensa, quienes insisten en que ese fue el motivo de la intervención.


Los chicos fueron trasladados a la Base Aérea de Taura, en Naranjal, a unas dos horas de distancia. Según la versión oficial, fueron abandonados al filo de la carretera cerca de la Base Aérea, aproximadamente a las 10 de la noche. Durante el traslado, los militares afirmaron haber enfrentado dificultades, como motocicletas que los intimidaban y un árbol caído, lo que retrasó el traslado. Según los militares, los menores fueron liberados en la zona porque pidieron que los dejaran en libertad. Testimonios recogidos por la fiscalía indican que un civil adulto los encontró golpeados y desnudos, les brindó ropa, comida y un teléfono. Uno de los hermanos Arroyo llamó a su padre y le contó lo sucedido, pidiéndole que fuera a buscarlos pronto. El civil que los ayudó le advirtió al padre que no se demorara, pues temía que «la mafia» se los llevara, ya que en ese cantón hay bandas armadas que controlan el territorio e incluso son temidas por la Fuerza Pública.
Luis Arroyo llamó y solicitó ayuda al ECU-911, alertando sobre la situación. La Policía no encontró a los chicos en ese lugar y el civil vuelve a comunicarse con el Sr. Arroyo y confirmó que la banda se los había llevado. Posteriormente, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por la desaparición de sus hijos, y la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión (UNASE) inició una investigación calificada como secuestro. El 12 de diciembre, una unidad de inteligencia militar entrega a la fiscalía evidencias como ropa y un video donde se ve a los chicos siendo embarcados en los vehículos militares. A pesar de esto, el caso se califica inicialmente como secuestro.
El 19 de diciembre, las familias acuden al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) para denunciar la inacción de la fiscalía. El CDH presenta un recurso de Hábeas Corpus y solicita que se cambie a la fiscal y se investigue el caso como desaparición forzada. El 24 de diciembre, la jueza reconoce la desaparición forzada y ordena al Ministerio de Defensa pedir disculpas públicas. Ese mismo día se hallan cuatro cuerpos mutilados y calcinados en Taura. El 31 de diciembre, un juez dicta prisión preventiva para los 16 militares involucrados. El Ministro de Defensa pide disculpas públicamente, pero sorprendentemente amenaza a la jueza con sanciones. Se confirma mediante pruebas de ADN que los cuerpos hallados corresponden a los cuatro chicos.
Se desarrollan dos acciones penales: una por desaparición forzada y otra por secuestro y muerte. También se investiga el posible vínculo entre las fuerzas armadas y las bandas criminales de la zona. El CDH acompaña a las familias en el ámbito legal y psicoemocional. Existe preocupación por la posible presión del Ejecutivo hacia la Fiscalía para obstaculizar la investigación. El caso ha generado una fuerte presión social para que se investigue a fondo y ha impulsado acciones públicas contra el racismo y la exclusión.
Para finalizar, ¿Percibe que ha habido un retroceso en cuanto a derechos en Ecuador en los últimos años?
B.N.B.: Sin duda, hay un retroceso en cuanto a derechos humanos, debido a que estas graves violaciones de derechos humanos en el contexto carcelario, como en el comunitario, han sido representadas por parte del discurso oficial, concretamente del gobierno nacional, como acciones disciplinarias para el combate antidelictivo. Y lo que más se ha identificado como graves violaciones de derechos humanos es la estigmatización de comunidades, especialmente afrodescendientes, concretamente en Guayaquil, que tiene su ejemplo emblemático en la detención arbitraria, desaparición forzada y muerte de los cuatro adolescentes de Las Malvinas. Las Malvinas es una comunidad afrodescendiente muy precaria donde vivían estos chicos.
Último Reporte de Desapariciones Forzadas por Intervención de las Fuerzas Armadas en el Ecuador
Bruno Rodríguez y Fardi Muñoz: Fueron interceptados por militares, golpeados y llevados en una camioneta blanca el 30 de enero de 2024 en Esmeraldas.
Cirilo Minota: Fue detenido por militares el 4 de abril de 2024 en Esmeraldas, mientras regresaba de Esmeraldas.
Oswaldo Morales: Fue detenido por militares el 25 de abril de 2024 en Guayas, mientras se dirigía a comer con sus amigos.
Neivi Quiñonez y Ariel Cheme: Fueron detenidos por militares el 17 de julio de 2024 en Esmeraldas. Sus cuerpos fueron encontrados incinerados días después.
Jordy Morales: Fue llevado por militares el 23 de agosto de 2024 en Los Ríos, desde su casa.
Dave Robin Loor Roca y Juan Santillan: Fueron interceptados por militares el 26 de agosto de 2024 en Los Ríos, mientras se dirigían a una tienda.
Jairo Tapia: Fue detenido por militares el 4 de septiembre de 2024 en Los Ríos, desde su hogar.
Dalton Ruiz: Fue detenido por militares el 20 de octubre de 2024 en Los Ríos, al regresar de un evento.
Cristian Sandoya, Oscar Adrihan y Jonathan Adrihan: Fueron detenidos por militares el 24 de noviembre de 2024 en Los Ríos, en la ciudadela La Ventura.
Jeampier Castañeda y Justin Valverde: Fueron interceptados por militares el 25 de noviembre de 2024 en Los Ríos, mientras se dirigían a una farmacia.
Justin Alvarez: Fue detenido por militares el 28 de noviembre de 2024 en Los Ríos, en casa de su amiga.
Fabricio Alvarado: Fue detenido por militares el 6 de diciembre de 2024 en Los Ríos, en la ciudad de Babahoyo.
Jason Franco: Fue llevado por militares el 6 de diciembre de 2024 en Los Ríos, junto con sus amigos.
Miguel Morán, Kleiner y Carlos Pisco: Fueron llevados por militares el 6 de diciembre de 2024 en Guayas, durante un allanamiento en una hacienda.
Josue Didier Arroyo Bustos, Ismael Eduardo Arroyo Bustos, Steven Gerald Medina Lajones y Nehemias Saul Arboleda Portocarrero: Fueron detenidos por militares el 8 de diciembre de 2024 en Guayas, tras un partido de fútbol.
Jonathan Villón Velazco: Fue golpeado y subido a una camioneta por militares el 9 de diciembre de 2024 en Guayas, tras salir a comprar víveres.