El gobierno busca eliminar toda regulación sobre la inteligencia artificial y permitir empresas manejadas por algoritmos. El uso del agua, el consumo energético y la soberanía en peligro

( por Raúl Dellatorre/ Página 12/ Director de Motor Económico) El gobierno de Javier Milei tiene amplias expectativas en ver avanzar la aprobación de dos leyes en el Congreso en las próximas semanas, que le permitirían cumplir sus promesas con un pequeño núcleo de empresas tecnológicas globales que, no sólo fueron convidadas a concretar atractivos negocios en el país, sino que además podrían reconfigurar por completo la estructura de distribución de ingresos por décadas.

Semejante riesgo no surge de especulaciones locales sino que es parte de un documentado análisis que está circulando a nivel mundial, entre distintas asociaciones y entidades ”preocupadas por el bien común», que ven en el avance sin control de los negocios vinculados a la inteligencia artificial como un peligro para el equilibrio social y una fuente de concentración desmedida de los ingresos en los países donde se les otorgue libertad a sus prácticas. De hecho, se denomina al fenómeno en puertas, no como inteligencia, sino “Impunidad Artificial”.

Una de las leyes en cuestión es el nuevo régimen de incentivos a grandes inversiones, el súper RIGI, que amplìa los beneficios del RIGI ya vigentes para inversiones mayores a 1000 millones de dólares. La otra es la reforma a la Ley General de Sociedades, cuya novedad más llamativa (pero a la vez más importante, aunque no todos repararon en el hecho) es que le da estatus legal, con personería jurídica plena, a las sociedades operadas por algoritmos o agentes de Inteligencia Artificial (IA). Es decir, no habría responsable humano detrás de ninguna acción de la empresa.

“Dos proyectos que integran una misma estructura”, advierte el documento al que se aludió más arriba, cuya autoría se mantiene en reserva, pero que ya fue puesto en manos y sembró preocupación en no menos de diez entidades o asociaciones profesionales locales o internacionales con presencia en Argentina.

Entre ellas: Aministía Internacional, ATTAC Argentina, Greenpeace Argentina, Generar, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación Gremial de Computación y el Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedaf).

Hace menos de tres semanas, el 4 de junio, Javier Milei compartió con Federico Sturzenegger la firma de un artículo en el Financial Times en el que invitan efusivamente a empresas tecnológicas globales a instalarse en Argentina. El argumento en favor de esa decisión se basa en tres pilares, o promesas: 1) la inexistencia de regulaciones para la IA; 2) la creación de una nueva categoría societaria “no humana”, y 3) un régimen fiscal “altamente competitivo”.

Claramente, la creación de ese ambiente favorable a este tipo de negocios depende de la aprobación de las dos leyes mencionadas al principio, y que ya marchan cumpliendo su trámite legislativo antes de llegar al recinto.

Algunos especialistas ya reaccionaron frente al artículo de Milei en el FT con fuertes críticas. “Otorgarle personería jurídica a agentes de la IA equivale a darles una llave maestra (de ingreso) al sistema financiero, económico y político”, señaló en un artículo en el mismo periódico el historiador israelí (de familia de origen polaco) Yuval Noah Harari. El CEO de Microsoft, Mustafá Suleyman, manifestó su acuerdo con Harari.

¿Por qué consideran que tales ventajas a agentes de la IA equivaldría a cederle el control financiero, económico y polìtico del país? Porque los directos beneficiarios de la nueva forma societaria y, a la vez, de las ventajas del Súper RIGI, serían las empresas que centralizan y operan a través de datos de la población. A dichas empresas se les garantiza la absoluta ausencia de regulaciones y, además, no sólo beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años, sino tambián garantía de “operatividad” (ninguna medida podría impedir o interumpir sus actividades operativas) por el mismo plazo en el manejo de datos, sin importar las consecuencias.

Unico caso mundial

“No existen precedentes globales de regímenes que otorguen 30 años de estabilidad irrevocable a sectores de alto dinamismo tecnológico y obsolescencia rápida. Como referencia, países de la región como Brasil (régimen REDATA) limitan los beneficios a un plazo de 5 años y bajo estrictas condicionalidades”, señala el documento referido.

En el mismo estudio se subraya que mientras el Congreso Nacional debate la eliminación de obligaciones regulatorias por tres décadas, “referentes globales del sector como Darío Amodei (CEO de Anthropic) exigen regulaciones obligatorias e inmediatas, debido a que los modelos de frontera actuales ya presentan riesgos reales en ciberseguridad, con capacidad de afectar la infraestructura crítica y la seguridad nacional”.

El Súper RIGI reduce la tasa de Ganancias al 15%, elimina retenciones desde el día uno y recorta contribuciones patronales al 10%, resignando recaudación en áreas donde el país ya posee ventajas competitivas naturales. Un sacrificio fiscal durante treinta años que parece innecesario para atraer inversiones.

Siendo que, además, estudios sectoriales hechos en Estados Unidos (Audemus, sobre 770 data centers instalados en ese país) demuestran que los incentivos fiscales representan apenas el 2 por ciento de la decisión de localización corporativa, la cual se define por la disponibilidad de energía, tierra y conectividad.

Agua y energía en peligro

El debate parlamentario coincide con la reciente visita al país de Peter Thiel, dueño de Palantir, y con la firma de una carta de intención entre Sur Energy y Open AI para el proyecto “Stargate”, que contempla una inversión de hasta USD 25.000 millones para instalar un centro de datos en la Patagonia.

El proyecto Stargate consiste en la construcción de un centro de datos en el Sur que progresivamente irá aportando una mayor capacidad de procesamiento a Open AI, la creadora de Chat GPT. Se trataría del primer centro de este tipo en América latina.

El proyecto fue lanzado en 2025 en conjunto por Open AI y las empresas tecnológicas y financieras SoftBank, Oracle y MGX. Un centro de datos de IA es una instalación que alberga la infraestructrua de tecnologías de la información específica necesaria para entrenar, implementar y entregar aplicaciones y servicios de inteligencia artificial.

La alta potencia computacional y los vastos sistemas de almacenamientoi en los centros de datos de la IA requieren cantidades masivas de energía eléctrica y sistemas de refrigeración avanzados para evitar cortes de suministro, tiempos de inactividad y sobrecargas.

Irlanda, los Países Bajos y Dinamarca debieron dictar medidas regulatorias de emergencia tras comprobar que los data centers absorbían hasta el 22 por ciento del uso de energía eléctrica a nivel nacional, encareciendo las tarifas domiciliarias. Entre ellas, impusieron la obligación contractual a las empresas titulares de autogenerarse el 100% de la energía consumida. No existe cláusula o previsión de ningún tipo en ese orden en el texto de la ley argentina.

El artículo 4° del proyecto deja en manos del Poder Ejecutivo la potestad discrecional de definir mediante reglamentación qué es una “nueva actividad económica”. Al ser consultado durante su exposición en un plenario de comisiones sobre cuáles eran los sectores a los que se buscaba beneficiar, el funcionario clave de Luis Caputo en la materia, Daniel González (secretario de Coordinación de Energía y Minería) respondió: “Esto se propone para la nueva industria: qué industria, no lo sé, lo que no queremos es limitarlo”.