La reforma que impulsan desde la UCR, el PRO y la Coalición Cívica para la Ley de Contrato de Trabajo busca limitar las actualizaciones de las indemnizaciones laborales por inflación, en medio de un reclamo de larga data de las cámaras empresarias contra «la industria del juicio». Aún debe pasar por la Comisión de Finanzas que encabeza el diputados de La Libertad Avanza «Bertie» Benegas Lynch antes de llegar al recinto.
En un primer avance significativo, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que encabeza Martín Tetaz aprobó tres dictámenes, uno de mayoría, otro de minoría y un tercero de rechazo, sobre la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744). El proyecto propone limitar la actualización de las indemnizaciones laborales mediante una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más una tasa de interés anual del 3%. Este mecanismo responde a las demandas de las cámaras empresariales, que buscan frenar lo que llaman «la industria del juicio» y alinear las actualizaciones con índices económicos más controlados.
Pese a este paso, el proyecto aún necesita pasar por la Comisión de Finanzas, presidida por Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), y podría demorarse hasta 2025 si no se incluye en sesiones extraordinarias. En caso de aprobación, afectará tanto los juicios pendientes como los concluidos sin pago, aplicando una metodología basada en tasas del Banco Central y evitando que la actualización supere los límites del IPC más el 3% anual.
Este avance legislativo se da en un contexto de creciente litigiosidad laboral: un informe reciente de la UART reporta que los juicios por riesgos del trabajo aumentaron un 7,6% en los primeros diez meses de 2024, con 105.960 casos registrados. Las cámaras empresarias destacan que estas cifras, junto con la duración prolongada de los procesos, representan un obstáculo crítico para el desarrollo de empleos de calidad en el país, situación que buscan mitigar con reformas legales como esta.
Aunque los sectores empresarios celebran el avance, los detractores advierten que esta limitación a las indemnizaciones podría perjudicar a los trabajadores en un contexto de alta inflación de los que Argentina tiene memoria reciente, mientras que las ART insisten en que un cambio estructural requiere la implementación de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias, una obligación legal pendiente desde 2017 que podría descomprimir la judicialización de casos laborales.
