El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials declaró hoy la nulidad de la resolución de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) y del decreto presidencial que en 2018 cerraron el sumario administrativo sobre la actuación de agentes del Estado en el concurso del Correo Argentino.
En octubre de 2018, la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, por excusación del mandatario Mauricio Macri, firmó el decreto 907/2018 que rechazó el recurso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra la resolución 218/40 de la Procuración del Tesoro que había concluido que los hechos investigados no constituían irregularidades y la inexistencia de perjuicio fiscal.
Durante el gobierno de Macri, el Estado aceptó una oferta de ese grupo para abonar la deuda por el canon correspondiente en 15 cuotas, pero el acuerdo no prosperó porque la fiscal Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para el Estado.
El sumario administrativo había sido iniciado en febrero de 2017, cuando se puso en conocimiento de la Procuración General de la Nación el dictamen de la fiscal Boquin, que interviene en el concurso de Correo Argentino, y que daba a entender que existían anomalías en la actuación de los representantes del Estado nacional.
En marzo de 2019, la Procuraduría de Investigaciones se presentó ante la Justicia federal y, argumentando que se había vulnerado el principio de igualdad, que no se produjeron pruebas y que hubo vicios de procedimiento, planteó la nulidad del decreto y la resolución administrativa que dio por concluido el sumario.
La Procuraduría apuntó contra los agentes públicos para determinar las responsabilidades administrativo-disciplinarias y patrimoniales que pudieren corresponderles por lo que consideró una «inadecuada defensa de los intereses del Estado Nacional».
La denunciante indicó también que en el fuero penal federal se había citado a indagatoria al exministro de Defensa Oscar Aguad y a autoridades del Correo Argentino por un acuerdo en el concurso entre esa empresa y el Estado, que finalmente no fue homologado.
El Estado se defendió entonces afirmando que, con independencia del cierre del sumario administrativo cuestionado por la Procuraduría, ella se encuentra habilitada para ejercer sus facultades y competencias para investigar la actuación de los funcionarios y agentes en el marco del concurso preventivo.
Cayssials recordó que «si bien es cierto que no cualquier omisión de un trámite en el expediente administrativo acarrea, sin más, la nulidad de la resolución que en él recaiga, tal principio cede ante un abusivo comportamiento por parte de la administración» si ello no puede ser remediado en una instancia judicial posterior.
«Esto último -agregó – es lo que ocurre en el presente caso, en la medida en que la parte actora (la Procuraduria) alega que se le impidió el ejercicio de su derecho a ofrecer y producir prueba, previsto en el artículo 28, de la Ley 27.148».
El concurso de acreedores del Correo comenzó en 2001, cuando la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar el canon que le correspondía para explotar la concesión.
No obstante, los efectos de la quiebra quedaron en suspenso por la apelación que interpuso la empresa de la familia Macri.(Télam)
