(*Emilia Trabucco)
El segundo paro general realizado el 9 de mayo contra las políticas del gobierno de Javier Milei en Argentina, en los casi 5 meses de gestión, fue contundente. Todas las centrales sindicales convocaron a la medida de fuerza en unidad -la Central General de Trabajadores (CGT), la CTA de les Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión Nacional de Trabajadores de la Economía Popular-, bajo la consigna “los derechos no se venden, la Patria se defiende” y en rechazo a la Ley Bases y el paquete fiscal que están tratándose en las comisiones del Senado de la Nación, luego de lograr su media sanción en Diputados.
Las calles de todas las ciudades del país se mostraron vacías, así como las fábricas, los aeropuertos, las oficinas públicas, los bancos, las escuelas y las universidades, evidenciando el masivo acatamiento de les trabajadores. Ello a pesar de que el gobierno nacional instrumentó una estrategia de deslegitimación de la medida y de los sindicatos, donde el propio presidente posteó la consigna Yo no paro”, que logró el primer puesto en las tendencias de la red social X.
El gobierno también desarrolló medidas de extorsión a la que se sumaron las patronales, violando el derecho a huelga, que incluyeron el descuento del día a les empleades estatales que se adhirieron, la amenaza de hacer pagar los costos del paro a los sindicatos, la habilitación de una línea telefónica para “denunciar extorsiones sindicales” y las amenazas de despidos de las empresas a sus trabajadores, como el caso de DOTA, empresa de transporte. Otra vez, la conocida estrategia de enfrentar” trabajadores vs. trabajadores”.
La CGT realizó el mismo día una conferencia de prensa, donde sus referentes hicieron hincapié en los efectos destructivos que la Ley Bases tendrá sobre les trabajadores y sobre un proyecto de desarrollo nacional en caso de aprobarse. El gobierno espera lograr dictamen en las comisiones del Senado para llevarlo al recinto y tener su aprobación antes del “Pacto de Mayo”, encuentro con gobernadores previsto para el 25 de este mes.
Pablo Moyano, co-secretario de la CGT, secretario general de Camioneros, y uno de los enemigos declarados del mileismo, expresó: “La gente ya está cansada de un Gobierno que solo ataca los derechos de los trabajadores. Es un gobierno que está enfocado en darle la posibilidad a las grandes empresas de hacer su negocio. Ellos gobiernan para ese sector».
La agenda presidencial corrobora las declaraciones del líder sindical. En pleno tratamiento de la Ley Bases, y lejos de atender el clima de conflictividad social en aumento, Milei protagonizó su cuarto viaje a Estados Unidos (la “meca del capitalismo”, como él mismo expresó), cuyas reuniones se redujeron exclusivamente al mundo del empresariado privado.
Disertó en la reunión del Milken Institute frente a empresarios e inversores, a quienes llamó “héroes de la historia”. Se volvió a reunir con Elon Musk, dueño de X y Tesla, que prometió inversiones y visita al país, y tuvo su encuentro con Gianni Infantino, titular de la FIFA, con el que habló de las Sociedades Anónimas Deportivas, el modelo de clubes con fines de lucro.
Es de esperar que todo el empresariado del “Círculo Rojo” digital y financiero internacional esté muy expectante ante la posible aprobación del megaproyecto de ley, especialmente por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), marco legal para la fuga de divisas sin control y el lucro a costa de la apropiación privada de los recursos nacionales.
La contracara es la reforma laboral y previsional, que supone la consolidación de una transferencia brutal de ingresos desde los bolsillos de les trabajadores y jubilades hacia las cuentas en dólares de los hombres más ricos del mundo, la destrucción del entramado PYME y la legalización de la informalidad laboral, lo que “profundizará el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad», como reza el comunicado conjunto de las centrales sindicales lanzado en la previa del paro general.
A pesar de que públicamente el gobierno jugó a subestimar el impacto de la medida de fuerza, tuvo un alto impacto y es esperable que sea un elemento de tensión para gobernadores y legisladores, quienes encarnarán personalmente el rechazo o la aprobación de la ley. El paro general se inscribe además en un contexto que viene mostrando un aumento de niveles de movilización de distintos sectores que se agudizan en el marco del debate legislativo.
El 7 de mayo, los movimientos sociales se movilizaron y realizaron cortes de ruta por la reducción a la mitad de los ingresos de 226 mil titulares del antiguo programa Potenciar Trabajo, único sustento de miles de familias que trabajan en la informalidad y la economía popular, y porque aún no llegan los fondos a los comedores comunitarios.
Organizaciones feministas y de jubilades se manifestaron frente al Congreso el 8 de mayo bajo la consigna “Ni una jubilada menos”, por la destrucción del poder adquisitivo de las jubilaciones y en contra de la eliminación de la Moratoria Previsional que prevé la Ley, lo que haría que 9 de cada 10 mujeres no puedan jubilarse. En ese marco, hicieron llegar una “Carta a lxs Senadorxs de la Nación de las mujeres y diversidades”, para exigir que rechacen la ley Bases.
Lo que se vuelve evidente es que, ante las condiciones que vuelven insostenible la vida de millones de argentines, solo la presión popular puede lograr torcer la voluntad de les representantes en el Congreso y del rumbo del propio gobierno, como lo demostró en la historia reciente los enfrentamientos en la calle de diciembre de 2017, que dieron por tierra la pretendida reforma previsional y laboral durante el gobierno de Mauricio Macri, que hoy vuelve en su “versión 2.0” .
Hoy son los sectores económicos concentrados los que efectivamente están llevando adelante las riendas del destino del país, pero en una época donde las lógicas de la política se han transformado profundamente. Surgen así algunos interrogantes.
¿Por qué una marcha educativa como la del 23 de abril, o dos paros generales, no generan los efectos esperados en la superestructura política?. ¿Cómo contrarrestar la construcción de sentido común de una derecha que se comunica por redes sociales con la ciudadanía, logrando sostener altos niveles de aceptación? ¿cómo superar la “insatisfacción democrática”?
Las preguntas anteriores se inscriben en un análisis que es necesario llevar más allá de la coyuntura nacional, que transcurre a un ritmo inusitado: ¿cuáles son hoy los centros de gravedad del poder real donde golpear desde el campo popular para torcer las relaciones de fuerza? ¿Cuáles son los cambios en las formas de organización que deben operarse en una época donde las recetas conocidas resultan necesarias pero parecen no ser suficientes?. Las respuestas seguramente se encontrarán y se reformularán en el corazón mismo de las iniciativas que el pueblo argentino logre crear y articular, en base a sus propios intereses en los tiempos que corren.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad de la Nación. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
