Edición n° 2657 . 01/03/2024

 De la tragedia a la farsa: crónica de un industricidio anunciado

Por Diego Lorca, Director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro

En un contexto de profunda crisis económica, política y social, en la Europa de 1848 que desató revoluciones obreras en todo el continente, el genio de Tréveris, acuñó la famosa frase: «La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa». La difícil situación que atraviesa Argentina por el ajuste realizado por Milei y Caputo, inevitablemente nos remite a la gran tragedia económica y política ocurrida en la última dictadura cívico-militar de 1976 y al plan económico de Martínez de Hoz. 

La política de Milei que pone en jaque a la industria automotriz y a los derechos laborales

El lunes 22 de enero, Toyota, la firma automotriz japonesa, decidió parar la totalidad de su producción de la fábrica de Zárate, Provincia de Buenos Aires, que cuenta con más de 8.000 trabajadoras y trabajadores, y posee una tecnología de punta que le permite producir una pick up de alta gama cada 87 segundos. A este parate se suman otras fábricas como General Motors, Volkswagen, Renault y Nissan, que mantienen su producción en condiciones limitadas o nulas, debido a la decisión de prolongar la inactividad iniciada a fines de diciembre por el período de vacaciones.

El motivo por el cual tomaron esta decisión es por la escasez de abastecimiento de piezas e insumos importados, un problema que persiste a pesar de la flexibilización del régimen de importaciones y las liberaciones de dólares por parte del Banco Central. Según datos de la Asociación de Fabricantes Automotores (ADEFA), las automotrices enfrentan deudas acumuladas a lo largo de 2023 que superan los 7.000 millones de dólares, por lo que varias empresas extranjeras se niegan a proporcionar nuevos insumos hasta que estas deudas sean saldadas.

Si bien el Gobierno Nacional instrumentó a través del Ministerio de Economía, un bono denominado BOPREAL (Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre) con vencimiento en octubre de 2027 para que las empresas puedan liquidar esas deudas a las fábricas, solo Toyota tomó la decisión de utilizarlo. A su vez las automotrices padecen las medidas impositivas del 15% para exportación de productos, y pagan más de 1.200 pesos el dólar para importar productos. 

La consecuencia de la política económica del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) ya comienza a materializarse en la industria automotriz, que durante enero se encuentra paralizada en un 50%. Según Mario «Paco» Manrique, Secretario adjunto de SMATA (sindicato que nuclea a las y los trabajadores del sector), “es la primera vez que las fábricas de autos están paradas tanto tiempo en democracia” y augura que “es muy posible que durante febrero algunas terminales no puedan producir”.

La crisis que afecta hoy a la industria automotríz producto de las políticas implementadas por el nuevo Gobierno, y que habíamos anticipado como un escenario posible en nuestra nota titulada “Las falacias de Milei que rodean el DNU”, resulta aún más evidente si tomamos en cuenta que el sector industrial en general y la sector automotriz en particular vienen de consecutivos años de crecimiento.  

El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su informe sobre el empleo industrial registrado del mes de abril 2023, indica que sector industrial acumula 33 meses consecutivos de crecimiento, lo que permitió superar los 1.2 millones de trabajadores y trabajadoras. De esta forma el empleo industrial alcanzó en el año 2023 el nivel más alto desde junio de 2018, registrando más de 86 mil nuevos puestos de trabajo, en relación con diciembre de 2019. Por su parte, la industria automotriz registró en enero de 2023 un crecimiento económico del 45,8% con relación a igual mes del año 2022.

Las consecuencias que hoy se comienzan a vislumbrar como farsa de las primeras medidas económicas tomadas por el Gobierno de Javier Milei, ya sucedieron como tragedia durante las primeras medidas económicas del Gobierno de María Estela Martínez de Perón previo a la dictadura militar y conocido como el Rodrigazo, y en mayor magnitud, durante el Gobierno de la Dictadura Militar presidido por el genocida Jorge Rafael Videla. Veamos algunas similitudes entre tales modelos. 

La tragedia: el programa de ajuste ortodoxo del Rodrigazo y el modelo económico de la dictadura militar

Durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón en 1975 se aplicó en nuestro país a través del Ministro de Economía Celestino Rodrigo un programa de ajuste económico de características ortodoxas, conocido como “el rodrigazo”, que implicó: devaluación del peso del 100%; suba de los combustibles de 200%; inflación de 954% en los primeros dos meses; aumento de la desocupación de 2,35% a 4,8%; y apenas una suba salarial del 40%. Estas medidas económicas fueron acompañadas por un ataque al sector sindical a través de la suspensión de las políticas de negociación salarial.

El autodenominado “Proceso de reorganización nacional” del ´76 que tuvo como Ministro de Economía a Alfredo Martínez de Hoz (cuadro orgánico de Acindar y de FIEL), buscó reemplazar la dinámica económica y social derivada del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), por el libre comercio y la valorización financiera. Según el economista argentino Daniel Azpiazu, en el plano estrictamente económico y laboral, sus elementos centrales fueron: reducción salarial; «ajuste» del mercado laboral con incremento del tipo de cambio que, en el ámbito industrial registró una expulsión ininterrumpida de trabajadores durante 27 trimestres consecutivos (casi 7 años); apertura asimétrica al exterior y liberalización generalizada de los mercados con supresión del sistema de control de precios. Se le suma en 1977 la reforma financiera a partir de la cual este sector pasó a ocupar un papel hegemónico en la absorción y reasignación del excedente económico provocando un verdadero industricidio. 

Entre 1980 y 1982 el PBI total se redujo un 12% y, el industrial, en más de un 20%; la inversión bruta interna fija decae más de un 40%, y la correspondiente a equipo durable de producción, en cerca de un 50%. El cuadro se completa con la fuga de capitales de 10.000 millones de dólares y un incremento del endeudamiento externo en más de 15.000 millones de la misma moneda.

Esta caída de la producción industrial trajo aparejado el despido del 34% de trabajadores, un elemento fundamental que profundizó la disputa trabajo-trabajo, tensionando a la baja los salarios y condiciones laborales de los ocupados. El salario real en la industria se derrumbó casi un 20%, y en los servicios -excluidos los bancarios y financieros- en más del 20%. La distribución regresiva del ingreso deterioró el salario real un 17,20%, con una disminución del costo laboral del 18,6% y un  incremento de la jornada laboral media del 6%. De esta forma asistimos a una transferencia de ingresos desde la masa asalariada a los grandes grupos económicos concentrados, a saber: familia Macri, Magneto, Techint, Arcor, Ledesma, Loma Negra, Bunge Born y Perez Compac.

El rol de la Confederación General del Trabajo

Cómo indican los estudios de Nicolás Damin, Doctor en Ciencias Sociales e investigador del mundo sindical, la dictadura militar se encontró con un movimiento obrero fortalecido al que decidió combatir y aniquilar abiertamente. El 70% del total de las y los detenidos, torturados y desaparecidos eran delegados de base.

Además se impulsaron derogaciones de leyes que protegían los derechos laborales y sindicales. Algunas de ellas fueron: la eliminación de los convenios colectivos en materia salarial, eliminación de las paritarias; la disolución de la CGT e intervención de sindicatos; la Ley 21.356 de 1976 que prohibía la actividad gremial; la Ley 21.261 de 1976 que suspendió el derecho a huelga; la Ley 21.263 que elimina el fuero sindical; la reforma de la Ley de Contratos de trabajo; derogación de Ley de Asociaciones Profesionales 20.615; la Ley 21.400 de 1976 de “Seguridad industrial”, con prohibición de medidas concertadas de acción directa. Sin embargo, las y los trabajadores no se quedaron de brazos cruzados y se manifestaron mediante medidas como el trabajo a desgano que provocaba una baja en la productividad.

Durante este período el movimiento obrero organizado tomó dos estrategias distintas para con el gobierno de facto. Una de ellas fue la caracterizada por un sector de dirigentes con relación de cercanía y apoyo a la dictadura que autores como Basualdo denominan “participacionista” y que se nuclearon principalmente en la Comisión Nacional del Trabajo (CNT); y otra con un régimen “confrontacionista” nucleados en la Comisión de los 25, que posteriormente se llamaría CGT Brasil.

 

Algunas de las metodologías de lucha de esta rama más combativa era la realización de “trabajo a tristeza o desgano” que implicaba la reducción del ritmo de trabajo, interrupciones parciales de tareas, sabotajes y otra multiplicidad de iniciativas tendientes a la organización de las y los trabajadores y al perjuicio de la patronal. 

Algunas de las luchas más significativas fueron el conflicto de Alpargatas que movilizó a más de 3.800 obreros que se declararon en asamblea en la puerta de la fábrica y en paro por tiempo indeterminado; la “jornada de protesta” sin concurrencia al trabajo del 27 de abril de 1979 en defensa de la industria nacional, en revisión de la política arancelaria y restitución del poder adquisitivo del salario; las huelgas generales bajo la consigna “Paz, pan y trabajo; y la huelga general y marcha a Plaza de Mayo a la que concurrieron 30.000 personas en 1982. 

La farsa: la libertad avanza solo para la casta empresarial dueña del país

Durante estos primeros dos meses de Gobierno, Javier Milei y su equipo económico han avanzado en una serie de medidas económicas que repite como farsa la tragedia de la última dictadura cívico militar. 

Iniciado el mes de diciembre, Luis Caputo, Ministro de Economía (también Ministro del gobierno de Macri), dio a conocer su programa de ajuste económico con muchos puntos de coincidencia con el plan de Martínez de Hoz. Algunas de estas medidas fueron: devaluación del 118% con la oficialización de un dólar en 800 pesos;  reducción de subsidios a la energía y al transporte; despidos en el Estado y congelamiento del programa laboral Potenciar Trabajo en los valores del 2023.

Pocos días después, a través de una cadena nacional popularmente denominada “cadenazo nacional al pueblo argentino”, el presidente Javier Milei presentó a través de un DNU que tiene como autor intelectual a Federico Sturzenegger (ex funcionario de Gobierno en 2001 y procesado en la causa por el megacanje de deuda que llevó a la crisis de ese mismo año), una serie de derogaciones y modificaciones de leyes que orientan al país hacia un modelo económico basado en el “libre comercio”.

Al igual que entre 1976 y 1983, para acompañar este modelo económico de desregulación de la economía y de transferencia de ingresos de las clases trabajadoras a los poderes económicos concentrados, se propone en el DNU un capítulo completo dedicado a vulnerar los derechos de la clase trabajadora y la organización sindical. Los principales puntos dentro del Título de Trabajo, que se encuentra actualmente declarado inconstitucional por la Cámara del Trabajo debido a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), son:

  • Ampliación de actividades consideradas esenciales y de importancia trascendental para impedir el derecho a huelga.
  • Penalización del derecho a huelga y la realización de asambleas en los lugares y horarios de trabajo.  
  • Extensión del período de prueba para contratos de 3 a 8 meses.
  • Exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo a los contratos de obra, contratos de servicios y contratos de agencia.
  • Se establece que un trabajador autónomo, podrá valerse de hasta 5 trabajadores también autónomos.

A estas medidas debemos agregarle el protocolo antipiquete presentado en diciembre por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, para perseguir, reprimir, vulnerar y criminalizar los derechos políticos del pueblo argentino, y que ya fue cuestionado y repudiado por la OIT – Organización Internacional del Trabajo. Entre los principales conceptos el protocolo antipiquetes prevé: intervención de las cuatro fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal frente a cortes, piquetes y bloqueos;  intervención «sin orden judicial, creación de un registro de las organizaciones que participen de los cortes; realizar multas económicas a las organizaciones que participen de las movilizaciones; sancionar a quiénes lleven niños y adolescentes a las movilizaciones; quitar prestaciones sociales a quienes decidan libremente participar de las mismas, entre otras.

Sin embargo, a lo largo de la historia y en la actual coyuntura del país, se puede observar cómo el poder y la fuerza del movimiento obrero organizado cuando retoma la iniciativa política de calle tiene la capacidad de poner freno a los modelos económicos que no representan sus intereses. Esta semana fuimos testigo de cómo la CGT logró poner freno en la justicia a la reforma laboral prevista en el Título de trabajo del DNU con la realización de un paro general que tuvo un alto nivel de acatamiento y que movilizó a más de 1,5 millones de personas en todo el país. 

Conclusiones

El caso de la paralización que enfrenta la industria automotriz es apenas la punta del iceberg de un modelo de libre mercado basado en la valorización financiera que ya se ha experimentado otras veces en la historia del país. Como afirmamos en nuestra nota anterior “Las falacias de Milei que rodean al DNU”; el escenario económico más probable al que se enfrenta la clase trabajadora argentina, es: el aumento del desempleo con su consecuente caída general de los salarios (principalmente en la industria) y el crecimiento del trabajo informal sin cobertura social ni derechos laborales. De la economía de libre mercado solo podemos esperar el deterioro de las condiciones materiales en general y el aumento de la conflictividad social de un pueblo al que la inflación y la recesión puesta en marcha por el gobierno de La Libertad Avanza no para de asfixiar.

Si hablamos de los elementos que se repiten en las grandes victorias populares a lo largo de la historia, debemos recalcar la importancia de la movilización callejera y del aumento en los grados de conciencia, heterogeneidad y organización de la fuerza social. La construcción del poder sólo es posible en el enfrentamiento y la victoria dependerá de quien imponga la iniciativa. Solo de la respuesta política de la clase trabajadora organizada podremos esperar un escenario favorable para quienes trabajan.

Por Diego Lorca, Director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro