(*Emilia Trabucco) La cumbre regional de los Acuerdos de Isaac que comenzó esta semana en Buenos Aires, en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, constituye el primer paso hacia la institucionalización latinoamericana de una estrategia geopolítica impulsada por organizaciones del sionismo internacional en articulación con Israel y los Estados Unidos. La iniciativa busca proyectar sobre América Latina y el Caribe un esquema de cooperación política, parlamentaria, económica y securitaria concebido para consolidar una nueva etapa de subordinación regional.
Los Acuerdos de Isaac, presentados por sus promotores como la expresión latinoamericana de los Acuerdos de Abraham, proponen construir una infraestructura permanente de legislación, cooperación tecnológica, seguridad e integración económica destinada a acompañar la expansión de esa arquitectura sobre la región.
Convocados por la Israel Allies Foundation y American Friends of Isaac Accords, legisladores de más de una docena de países, funcionarios, embajadores, dirigentes políticos y referentes religiosos participan de una reunión cuyo propósito declarado consiste en consolidar una red parlamentaria permanente de apoyo a esa estrategia. La presencia del presidente Javier Milei, del canciller Pablo Quirno, del senador brasileño Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente Jair Bolsonaro y una de las principales figuras de la nueva derecha continental—, junto con representantes legislativos de toda la región, permite dimensionar el alcance político del encuentro. Buenos Aires se convierte así en el principal laboratorio institucional desde el cual el sionismo político busca producir legalidad, construir alianzas parlamentarias y proyectar su estrategia sobre América Latina y el Caribe.
La definición más precisa del encuentro provino de Stafford Fitzgerald Haney, presidente de American Friends of Isaac Accords, quien sintetizó el método de expansión del proyecto al afirmar que la seguridad de Israel y su posición internacional se construyen «relación por relación, ley por ley, amistad por amistad». La frase desplaza explícitamente el centro de gravedad desde la diplomacia hacia la producción de legalidad.
Josh Reinstein, presidente de la Israel Allies Foundation, explicitó esa misma orientación al convocar a los legisladores latinoamericanos a promover el traslado de las embajadas de sus países a Jerusalén, impulsar la adopción de la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) y consolidar respuestas legislativas comunes frente al “terrorismo”.
Los Acuerdos de Isaac proponen una red permanente de cooperación en materia de comercio, inversión, innovación tecnológica, inteligencia artificial, infraestructura, energía, agua, agricultura, seguridad, educación, comunicación estratégica y relaciones parlamentarias. La arquitectura incorpora, además, organismos financieros, universidades, empresas tecnológicas, fundaciones privadas y espacios de formación de dirigentes. El proyecto excede, por lo tanto, la política exterior clásica para intervenir sobre dimensiones económicas, legislativas, culturales y tecnológicas que estructuran la relación entre los Estados y el capital global.
La Argentina ocupa dentro de ese diseño un lugar singular. Axel Wahnish, embajador argentino en Israel y uno de los principales articuladores de la relación entre Javier Milei y el gobierno de Benjamin Netanyahu, definió al país como la «fuerza impulsora» de los gobiernos latinoamericanos comprometidos con la agenda promovida por Estados Unidos e Israel.
El discurso pronunciado por Javier Milei durante la apertura de la conferencia terminó de otorgar contenido doctrinario a esa orientación. El Presidente afirmó que la Argentina había decidido abandonar «décadas de neutralidad cómplice», definió al país como «la punta de lanza de la defensa de Occidente en América Latina» y sostuvo que el gobierno argentino asumía la responsabilidad de conducir regionalmente la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo. «No alcanza con admirar a Israel; hay que aprender de Israel», señaló.
El discurso se organizó alrededor de una misma matriz conceptual, donde terrorismo, antisemitismo, defensa de Occidente y seguridad aparecen integrados dentro de un único horizonte político. Milei sostuvo que quienes justifican el terrorismo «se convierten en cómplices del terrorismo» y reivindicó la incorporación de la definición IHRA como parte de una batalla cultural y política que, según afirmó, debe extenderse a toda América Latina. Esa construcción dialoga directamente con los objetivos presentados durante la conferencia: armonización legislativa, cooperación en inteligencia, conformación de caucus parlamentarios y producción de nuevas categorías jurídicas comunes.
La cumbre de Buenos Aires llegó precedida por una intensa actividad legislativa que ofrece una clave para comprender el proceso de institucionalización que los Acuerdos de Isaac buscan consolidar en la región. Durante la semana anterior, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al denominado Súper RIGI, aprobado por 130 votos contra 106, un régimen que amplía los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos superiores a los mil millones de dólares en sectores considerados estratégicos por el propio Gobierno, entre ellos inteligencia artificial, centros de datos, infraestructura digital, biotecnología, minería crítica y nuevas tecnologías. En paralelo, comenzó el tratamiento de una reforma integral de la Ley General de Sociedades, orientada a flexibilizar la constitución de empresas, profundizar la digitalización de los registros y adecuar el régimen societario a un esquema de mayor apertura para el capital privado.
La institucionalización de los Acuerdos de Isaac encuentra así una antesala en un Congreso que comienza a discutir reformas orientadas a redefinir las condiciones de inserción internacional del país y el marco legal sobre el que se proyectará esa nueva arquitectura regional. La producción de legalidad se convierte en el punto de encuentro entre una estrategia geopolítica y una transformación del régimen económico interno. La institucionalidad aparece concebida como el instrumento destinado a garantizar continuidad política a una estrategia cuya proyección excede los ciclos electorales y las alternancias de gobierno.
Dicho avance fue contestado desde el interior de la Cámara con un proyecto de declaración encabezado por la diputada nacional Lorena Pokoik y acompañado por diputados y diputadas de Unión por la Patria, entre ellos Eduardo Valdés, Juan Grabois, Juan Marino, Natalia Zaracho, Itai Hagman, Andrea Freites, Aldo Leiva, Ana María Ianni, Jorge Araujo Hernández, Juan Carlos Molina e Hilda Aguirre, que expresa el rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de promover los Acuerdos de Isaac y a la realización de la cumbre en Buenos Aires.
La iniciativa manifiesta preocupación por la profundización de vínculos estratégicos con Israel en un contexto atravesado por el procedimiento abierto ante la Corte Internacional de Justicia, las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra altas autoridades israelíes, las resoluciones de Naciones Unidas y los informes de organismos internacionales de derechos humanos sobre el genocidio contra el pueblo palestino.
Los diputados advierten que los textos completos de los Acuerdos de Isaac no han sido difundidos oficialmente, reclaman que el Poder Ejecutivo informe su naturaleza jurídica, los compromisos asumidos por la República Argentina, los mecanismos previstos para su implementación, los organismos estatales involucrados y la eventual intervención que corresponde al Congreso Nacional conforme a la Constitución.
La dimensión securitaria constituye uno de los componentes más relevantes de los Acuerdos de Isaac y, al mismo tiempo, uno de los menos discutidos en el debate público latinoamericano. Los documentos elaborados por las organizaciones impulsoras del proyecto muestran que la “cooperación” propuesta incorpora inteligencia artificial, ciberseguridad, intercambio de información, inteligencia financiera, contraterrorismo, control migratorio, protección de infraestructura crítica, comunicación estratégica, innovación tecnológica, formación de cuadros especializados y coordinación entre organismos de seguridad como componentes permanentes de una misma arquitectura institucional.
La incorporación de esas áreas responde a una concepción específica del poder. En los documentos de trabajo de los Acuerdos de Isaac convergen procesamiento masivo de datos, supercomputación, capacidades de vigilancia, infraestructura digital y tecnologías de doble uso —civil y militar— desarrolladas por uno de los complejos tecnológicos más sofisticados del mundo.
La definición de antisemitismo elaborada por la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ocupa un lugar destacado en la agenda de la conferencia, y su incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales constituye desde hace años uno de los principales objetivos de las organizaciones del sionismo internacional. Su utilización ha sido cuestionada por especialistas, relatores de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y también por sectores del judaísmo antisionista, que advierten sobre su empleo para equiparar las críticas a Israel, la denuncia del genocidio contra el pueblo palestino, el rechazo al sionismo como proyecto colonial o las campañas internacionales de solidaridad con manifestaciones de antisemitismo, donde sus referentes ingresan en un universo asociado a las amenazas contra la seguridad, y por ende, la justificación para perseguirlos y criminalizarlos.
En la Argentina, ese proceso encontró una expresión concreta y reciente durante el secuestro en Libia de Paula Giménez y Lucas Aguilera, directores de investigación de NODAL que integraban la misión humanitaria Global Sumud Land Convoy, organizada para denunciar el bloqueo israelí sobre Palestina y trasladar ayuda humanitaria hacia Gaza. Mientras ambos permanecían privados de libertad en territorio libio, el canciller Pablo Quirno cuestionó públicamente la decisión de participar de la misión y en lugar de concentrar la comunicación oficial en la protección consular de ciudadanos argentinos sometidos a una detención arbitraria, el discurso institucional desplazó el eje hacia el propio accionar del convoy, contribuyendo a construir una narrativa de deslegitimación y criminalización sobre una misión humanitaria internacional.
El mismo Pablo Quirno aparece hoy entre los principales funcionarios encargados de impulsar la implementación de los Acuerdos de Isaac y de los memorandos de cooperación tecnológica suscriptos con Israel. Resulta central advertir la continuidad de un mismo horizonte político, donde la solidaridad internacional con el pueblo palestino comienza a convivir con categorías discursivas que la aproximan al universo del terrorismo, el extremismo o las amenazas a la seguridad.
La puesta en funcionamiento del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), bajo la órbita de la SIDE y con asistencia técnica del FBI, aporta otra dimensión a ese proceso de institucionalización, días antes de la Cumbre. Concebido para integrar información de inteligencia, coordinar la actuación de organismos nacionales y fortalecer la cooperación internacional frente a amenazas terroristas, el organismo incorpora entre sus funciones la elaboración de estrategias, protocolos operativos e iniciativas legislativas vinculadas al contraterrorismo.
La conferencia de Buenos Aires expresa, en definitiva, un cambio de escala. Los Acuerdos de Isaac comienzan a traducirse en legislación, cooperación tecnológica, inteligencia, producción normativa y redes parlamentarias permanentes. La expresión utilizada por Stafford Fitzgerald Haney —»ley por ley»— resume una estrategia de construcción institucional concebida para proyectarse más allá de los gobiernos que hoy la impulsan.
En ese escenario, la Argentina comienza a desempeñar un papel que trasciende largamente la relación bilateral con Israel. Buenos Aires funciona como cabeza de playa de una arquitectura concebida para proyectarse sobre América Latina y el Caribe, en un contexto marcado por la profundización del genocidio contra el pueblo palestino, la expansión del conflicto en Asia Occidental y la creciente disputa global por tecnologías críticas, infraestructura digital, recursos estratégicos y control de los flujos de información. La región reaparece, en ese marco, como retaguardia estratégica de un orden internacional en transformación, donde la producción de legalidad comienza a ocupar un lugar tan decisivo como la diplomacia o la economía en la definición de las nuevas relaciones de poder.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
