La democracia recuperada superó enormes obstáculos. Desde levantamientos militares hasta renuncias de presidentes, pasando por juicios políticos a integrantes de la Corte Suprema, hiperinflaciones y endeudamientos tan descomunales como dañinos, una pandemia universal, la tentativa de asesinato de CFK. Con sus debilidades, la convivencia republicana sigue la marcha que inició cuatro décadas atrás.
Aun las tensiones más complejas terminaron cediendo y el sistema conservó en todos estos años su estructura de toma de decisiones. El ideal patriótico se mantuvo, a pesar de la vocación rupturista de los que perjuran en su nombre.
Lo que fue urdido para fracturar la columna vertebral del pacto democrático que sucedió a la dictadura, lastimó las conciencias de los que ven en el otro a un conciudadano y envalentonó a aquellos que en el otro ven un riesgo.
En la cabeza de los primeros prevaleció el juramento colectivo de 1983, que lleva en su esencia la tolerancia de todas las conductas, en tanto sea posible contradecirlas sin violencia. En el ánimo de los segundos manda el desprecio ideológico y el odio de clase.
Del total de ataques a los que está expuesto el cuerpo social sólo hay uno que posee la virtualidad de herir de muerte al estado constitucional de derecho y transformarlo en una tiranía. Es el empleo del aparato de poder para acechar, cazar y encerrar a los adversarios del mandatario o a los que pudieran oponérsele.
No existe imagen que describa mejor a los despotismos de la historia contemporánea que calabozos ocupados por perseguidos políticos.
Por eso es que hemos asistido con vergüenza ética al conocimiento de hechos en que han estado involucrados agentes de inteligencia orgánicos y externos, fiscales, funcionarios, periodistas, jueces y demás personajes vinculados a operaciones de espionaje y persecución política montadas por el dispositivo que gobernó entre 2015 y 2019.
Ese reproche resultó insoportable cuando supimos que tales prácticas ilícitas se coronaban con las escuchas clandestinas de las conversaciones de esos detenidos con sus abogados o se diversificaban con el seguimiento subrepticio de las madres dolientes de soldados caídos en misión: no dejaron libertad sin vulnerar ni garantía constitucional en pie.
Cae el telón del período 2019/2023 y, 40 años después de aquella primavera, los argentinos nos debemos un veredicto que asigne responsabilidades políticas concretas a los que vulneraron el pacto democrático.
Por ahora, esa deuda permanecerá pendiente, porque a partir de este 10 de diciembre, la sociedad estará sujeta a una administración guiada por los mismos intereses que, cuando les tocó gobernar, traicionaron aquel pacto sagrado.
Entonces, esta cuestión nos brinda cuatro certezas.
La primera: desde el poder querrán conducirnos al abismo de un país sin más normativa que los códigos mafiosos que articulan la puja entre los dueños del mercado.
La segunda: la construcción común seguirá siendo agredida sin contemplaciones, las mayorías (desde los más vulnerables hasta el segmento medio) pagarán las utilidades de unos pocos y la democracia será progresivamente señalada de manera negativa por sus supuestas flaquezas.
La tercera: la pugna política establecida entre los que postulan la ley de la selva y los que militan la comunidad organizada será, está vez, definitiva y su resultado marcará los siguientes 40 años.
La cuarta: la única opción que tenemos para seguir celebrando nuevas décadas de democracia en paz y justicia social, regidos por la producción, el trabajo y la soberanía, vendrá de la mano de la comunidad organizada.
David Selser
Militante Peronista
Integra el Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M)
