(Por Raúl Dellatorre en Página/12/ Motor Económico)
Semana tras semana, se suman noticias acerca de cierres de fábricas, suspensiones masivas en grandes establecimientos industriales, retiro del país de firmas internacionales, cesión de negocios en cuyas actividades esto significa mayor concentración. Todos factores indicadores de una tendencia a la reducción de la producción que ya comienza a traducirse –no hizo falta esperar que avanzara demasiado el segundo semestre– en un aumento del desempleo.
Sin embargo, el gobierno celebra sus logros económicos como si nada de esto ocurriera. Pero hasta las propias estadísticas de desaceleración de la inflación muestran datos dramáticos. Mientras diversos rubros muestran una reducción en la tasa de ajuste de precios como consecuencia directa de la brutal caída del consumo, los mayores aumentos se verifican en sectores donde las tarifas las regula o las define directamente el sector público.
No son sólo los factores que alimentan la inflación sino, en algunos casos, son directamente determinantes de si una empresa continuará en la actividad o bajará definitivamente las persianas, al no poder afrontar el encarecimiento de costos fundamentales. Tal es lo que sucede en la industria con los aumentos de costos de la energía.
«La política energética implementada por el gobierno nacional de Javier Milei ha tenido como efecto inmediato la caída de la demanda interna, recesión económica (caída del 4,6% del PBI en el primer cuatrimestre, y del 13,6% en la industria), aumento del costo de abastecimiento de insumos energéticos y pérdida de competitividad de la actividad manufacturera».
Lo anterior es lo que señala un documento recientemente elaborado por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira), que encabezan, entre otros, Ricardo Pignanelli (Smata), Abel Furlán (UOM), Héctor Ponce (Lácteos) y Héctor Amichetti (Gráficos). Se titula «Soberanía Energética y Desarrollo nacional. El impacto de la política energética sobre la industria».
Apunta como principales decisiones de corto plazo que constituyen esa política, y que han tenido efecto inmediato sobre la actividad industrial, al «aumento de tarifas, a través de quita de subsidios más el incremento de ingresos de (concesionarias) distribuidoras y transportistas», y la tendencia a nivelar el precio local de los combustibles con «la paridad de exportación», es decir, con el precio internacional obtenido por el exportador.
En el caso de la energía eléctrica, el trabajo revela que en los primeros seis meses de gobierno de Milei (comparando valores de junio 2024 contra diciembre 2023), los aumentos tarifarios promedio para pymes en general (incluido comercio) e industrias medianas, alcanzaron en el AMBA (Edenor, Edesur) al 305,3 por ciento, mientras que en la provincia de Buenos Aires (Edelap, EDES, EDEN y EDEA), excluído el conurbano, al 295,8 por ciento.
En el caso del servicio del Gas Natural, el estudio de Csira calcula incrementos en esos mismos seis meses, para un Comercio chico del 805%; Comercio mediano del 822%; Pyme chica del 902%; Pyme mediana/Comercio grande de 386%.
«A diferencia del resto de las variables que influyen directamente en la competitividad de la industria, el precio de la energía depende de la política energética implementada por el gobierno nacional y de la disponibilidad local de los recursos estratégicos (petróleo, gas, etc). En la actualidad, Argentina cuenta con los recursos y la producción para autoabastecerse, en buena medida como resultado de los planes de promoción de producción que acompañaron la recuperación de YPF instrumentada en 2012», señala el documento.
En las últimas dos décadas, recuerda este trabajo, la demanda eléctrica se expandió un 52,5%, impulsada por el consumo residencial (+107,1%) en el marco de la expansión de la red y la mayor electrificación de las viviendas.
El consumo comercial también presentó un ascenso entre puntas (45,3%), aunque su mayor expansión se produjo entre 2005-2015 (39,5%). La gran demanda industrial/comercial interrumpió su expansión en 2015 (15,4%) y, a partir de entonces, su tendencia ha sido declinante (-6,8%).
La referencia e interrelación entre política energética en cada período y evolución de la demanda es notable. No es de extrañar que la actual crisis, con caída de la actividad que no reconoce diferencias entre pymes y grandes industrias, la incidencia del costo de la energía juege un papel determinante.
Otros estudios de origen sindical señalan que la relación entre costos laborales y costos de la energía han tenido una variación en su incidencia enorme en los últimos meses. En muchos sectores en los que el costo laboral en grandes empresas osciló en los últimos años entre el 7 y el 10 por ciento de los costos totales, hoy apenas representan el 2 ó 3 por ciento. En tanto, la energía pasó de representar entre un 5 y 10 por ciento del costo en aquellos años, a una incidencia del 25 por ciento o más en la actualidad.
La desregulación sectorial como programa energético trajo como consecuencia, señala, una reforma estructural en la que destaca los siguientes factores:
* Deja la planificación sectorial en manos del sector privado.
* Define a la maximización de la renta privada como nuevo ordenador de la dinámica sectorial.
* Liberación de precios y exportaciones.
* Abandono del autoabastecimiento como política pública.
Finalmente, el documento de la Confederación de sindicatos industriales señala que para alinear el diseño del sector energético con un proyecto de desarrollo industrial resulta necesario, entre otros puntos:
* Consolidar el rol del Estado en la planificación y regulación del sector energético.
* Recuperar el autoabastecimiento como eje rector de la actividad energética para garantizar el desarrollo industrial.
* Concretar un plan de desarrollo de obras de infraestructura que garanticen a la economía nacional una mayor competitividad vía una mejora de los precios energéticos.
* Impulsar un régimen de inversión privada en Hidrocarburos y Energía Eléctrica con el objetivo de consolidar su crecimiento en el marco de un plan de desarrollo nacional.
* Garantizar precios y tarifas accesibles para hogares, comercios e industrias.
Son, en definitiva, lineamientos de un proyecto alternativo que hoy debería ser materia de una encendida discusión, en vez de quedarse contemplando pasivamente un derrumbe anunciado.
