Tras las críticas hacia el poder judicial realizadas este lunes, la vicepresidenta recordó hoy otra de las anomalías del máximo tribunal: se trata del nombramiento, vía decreto, de los cortesanos Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, con la firma del entonces presidente Macri y bajo la iniciativa de Pepín Rodríguez Simón, operador judicial del expresidente, que lleva 588 días prófugo en Uruguay
La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a remarcar las irregularidades que caracterizan a la actual conformación de la Corte Suprema. Tras la publicación de una nueva carta -que incluyó un video narrado por ella misma- en la que llamó “a construir una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo”, este martes la presidenta del Senado recordó otra de las anomalías del máximo tribunal, de las que no había incluido en su relato del lunes. Se trata del nombramiento, vía decreto, de dos jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, con la firma del entonces presidente Mauricio Macri: la iniciativa había sido idea por Fabián Pepín Rodríguez Simón, histórico operador judicial del expresidente.
En la nueva publicación, Cristina Kirchner cita el video en el que el propio Mauricio Macri confiesa que el decreto presidencial de nombrar a los dos magistrados por DNU había sido orquestado por Rodríguez Simón. «Ayer el periodista Víctor Hugo Morales señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre La Corte de los Cuatro: “el 50% de esta Corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay”, comentó la vicepresidenta.
En el texto publicado, Cristina Kirchner hizo una detallada síntesis de la evolución de la Corte Suprema, desde que Néstor Kirchner terminó con la mayoría automática menemista hasta la actualidad. Tras reivindicar la «Corte ejemplar» -aquella conformada por Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petrachi, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- la mayor parte del texto de la expresidenta figura bajo el título “La Decadencia”. Allí marca los tremendos cambios que ocurrieron a partir del 10 de diciembre de 2015, cuando ella dejó la Casa Rosada, entre ellos, el nombramiento por decreto de Rosatti y Rosenkrantz; la cumbre entre Lorenzetti, Claudio Bonadío -al que la vicepresidenta llama el juez sicario– y Sergio Moro, “el juez que encarceló durante casi dos años al expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva»; la llamada “doctrina Irurzun», por la cual todo exfuncionario peronista tenía “poder residual” y debía ser encarcelado durante el proceso judicial.
En tanto, CFK también puso la lupa en los últimos fallos escandalosos de la Justicia, desde la existencia -tal como informó Página/12- de un plan canje entre Stornelli y Maqueda, la declaración de inconstiticionalidad del Consejo de la Magistratura, el rechazo de la Corte al planteo de nulidad por parte de la defensa de la vice en la causa conocida como Vialidad y hasta el fallo del viernes pasado en que Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens -éste último visitante de Macri en Olivos y Casa Rosada-, desprocesaron al expresidente por el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
La situación judicial de Pepín Rodríguez
El pasado 12 de julio, un Tribunal de Apelaciones de Uruguay rechazó la solicitud de refugio político de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial de Macri durante su gobierno, que es investigado por delitos de extorsión. De este modo, Rodríguez Simón suma probabilidades de ser extraditado al país, aunque su defensa anticipó que presentará un recurso de casación, lo que seguirá dilatando el proceso.
Su intención de ser protegido por el país vecino ya sufrió tres rechazos contundentes: el primero fue de la Comisión de Refugiados (CORE) que emitió un informe que, si bien no era vinculante, fue recogido por la jueza en lo penal de primera instancia, Adriana Chamsarian, y por la sentencia del tribunal de alzada, que es del mes pasado pero se conoció ahora. Todos coinciden en que no hay argumentos para suponer que es un perseguido político sino que es juzgado por delitos comunes y simplemente intenta eludir rendir cuentas ante la justicia.
Rodríguez Simón es investigado por la jueza María Servini en una causa por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo. Macri también está imputado en ese expediente, igual que empresarios y funcionarios de AFIP, entre otros. Pero es un caso donde no hay detenidos.
