La condena del TOF 2 no obedece a un «lawfare ni a un partido judicial», aseguró la ex mandaataria en redes sociales, quien justificó sus dichos sobre la «mafia judicial» señalando que la «confirmación» de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido.
La vicepresidenta sostuvo que la condena de 6 años de prisión en su contra no obedece a un «lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial«. La exmandataria señaló que la «confirmación» de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia el lunes por cadena nacional. Cristina aseguró además que el periodismo es «fundamental en el lawfare» e indicó que «la complicidad de los medios» es necesaria para «hacer condenas» que no tienen sustento. Y al final de su intervención afirmó que «En 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros».
«Hay otro aspecto fundamental en el lawfare que es el periodismo. Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios», señaló Fernández de Kirchner al hablar a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.
El recuerdo del vaticinio de 2019
Fernández aseguró que tal cual lo había dicho el 2 de diciembre de 2019, la condena a 6 años en su contra por administración fraudulenta con la obra pública «estaba escrita».
Al expresarse en sus redes sociales después del fallo del Tribunal Oral Federal 2, la exmandataria planteó que «no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos», pero «si una causa en la cual un juez, el inefable Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme».
Además, Fernández señaló que cuando era presidenta de la Nación no tenía «manejo de las leyes que son aprobadas» por el Poder Legislativo y marcó que «el presidente de la república tampoco administra el presupuesto».
«Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto«, a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.
La vicepresidenta sostuvo que el Grupo Clarín «nunca pudo sacarle» a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que «al que pudieron sacarle» esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri «ni bien asumió».
«El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen», completó la exmandtaaria.
La dirigente afirmó que no va a ser candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023.
Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, expresó: «El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa».
Además, recordó la fusión entre Clarín y Cablevisión durante el mandato de Néstor Kirchner y el pedido por Telecom, durabte su mandato al que no accedió. «Esto es lo que me están cobrando. Esta es la verdad. Por esto me están condenando. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015. No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada».
A continuación, las principales definiciones
– Tal cual lo anunciamos esta mañana, tal cual lo dijimos el 2 de diciembre de 2019, la condena estaba escrita. No es que fuéramos clarividentes o adivinos, era mucho más sencillo. Si en una causa en la cual un juez, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente y la envió a Santa Cruz; y luego 8 o 9 años después, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, la resucita por una denuncia del entonces funcionario Javier Iguacel. Inclusive después de que fue analizada, juzgada y sobreseída en el sur. Está claro que cuando hace eso un juez –y no estuvo solo por fue ratificada esta conducta por todas las instancias superiores, hasta la Corte Suprema– la idea era condenarme.
– Lo raro es que la condena de hoy es por «administración fraudulenta». Como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, y así lo hice mi defensa, probé que de acuerdo a la Constitución yo no tengo el manejo ni de las leyes del Presupuesto, que son aprobadas por diputados y senadores. Tampoco el Presidente administra y ejecuta el Presupuesto. Después de la reforma de 1994, quien tiene el deber jurídico de administrar y ejecutra el Presupues es el Jefe de Gabinete. En este juicio solo declararon como testigos y no es que quiera decir que fueron responsables.
– A lo largo del juicio se probó que ninguna de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola en su alegato histriónico eran ciertas. A punto tal que cuando les tocó replicar cado uno de los hechos, de los documentos, de las pericias, de los testimonios que se desarrollaron durante el juicio no pudieron replicar nada.
-Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal, esta es una condena que tiene su origen en un sistema de lawfare, también lo he llamado «partido judicial». Pero esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. La confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre el conjunto de los argentinos por fuera de los resultados electorales.
– El presidente de la Nación hizo mención ayer en una cadena nacional. Yo estaba en Calafate y empecé a recibir mensajes sobre un sitio en el que se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que tuvo lugar el 17 de octubre, son esas casualidades. Un viaje en un avión privado a la estancia de Joe Lewis, el ciudadano británico que tiene secuestrado el Lago Escondido.
-En ese viaje, viajaron cuatro jueces. Juan Mahiques, un juez de Casación puesto a dedo por Mauricio Macri, nunca concursó para su cargo. El otro era Julián Ercolini, el juez que instruyó esta causa. Mahiques es el padre del fiscal Mahiques que instruyó en esta causa también. Y el juez Yadarolla y Cassyals. Si uno mira, está todo el fuero federal. Faltaría la Cámara en lo Civil y Comercial, pero se la conoce como la «Cámara en lo Comercial y Clarín».
-Además iban dos funcionarios del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro a quien recuerdo muy bien porque fue quien puso las fallas en mi casa, cuando sucedieron los episodios después del atentado. Además, días posteriores al atentado contra vida, hizo acciones de inteligencia sobre toda la gente que entraba y salía de mi edificio.
-D’Alessandro es además, por su cargo, quien controla a los vendedores ambulantes que van por toda la ciudad. ¿Recuerdan la banda de vendedores ambulantes que terminaron atentando contra mi vida? El otro funcionario de Larreta fue el jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Mahiques. Hijo de Carlos Mahiques, hermano del fiscal de la causa de Vialidad. Son la familia judicial en su máximo esplendro.
-En el propio tribunal (TOF 2) que me juzgó a mí. El camarista Hornos –quien va a tomar la apelación de esta sentencia– es el tío de la señora del presidente del tribunal (Rodrigo Giménez Uriburu) que me condenó. También recordemos que es el jugador del equipo Liverpool, donde también juega el fiscal Luciani, ¿en dónde? en la quinta de Macri. ¿Qué otro jugador hay en ese equipo? Mariano Llorens, que está en la Cámara Federal, donde siempre fallan condenándonos.
– Este es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa y falsa denominación de Poder Judicial. Un Partido Judicial, una mafia, un estado paralelo. ¿Quién pagaba el avión? Era el Grupo Clarín, Magnetto, a través de sus personeros. Jorge Rendo, al que no hay político ni juez que no lo conozca, el operador todo terreno de Magnetto y el Grupo Judicial.
