Referentes del sector textil advirtieron ante el Congreso por una caída histórica de la actividad. Según datos del Observatorio de la Industria de la UTN, la desaparición de fábricas coloca al entramado productivo cerca de los niveles mínimos registrados durante la pandemia. El informe revela que, desde noviembre de 2023, 724 empresas cerraron sus fábricas producto de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
Durante un plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas en la Cámara de Diputados de la Nación, se reveló que la parálisis productiva y la política de apertura de importaciones del gobierno de Javier Milei, provocaron el cierre de 724 empresas textiles desde diciembre de 2023 hasta la fecha. El dato, proporcionado por el Observatorio de la Industria de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), fue el eje central de un debate donde empresarios y cámaras del sector alertaron por la destrucción masiva de capacidades productivas en todo el país.
El titular de la comisión de Comercio de la cámara baja, el diputado Juan Brügge, fue el encargado de abrir el encuentro subrayando la gravedad del informe técnico de la UTN. Las cifras exponen un escenario donde la industria textil y del calzado lideran la merma de establecimientos fabriles dentro de un contexto general donde ya se perdieron más de 26.000 PyMEs en todos los rubros de la economía nacional.
El informe de la UTN: Al borde del abismo productivo
El relevamiento elaborado por el Observatorio de la Industria de la UTN arroja conclusiones contundentes sobre el impacto de la actual política económica. Según el estudio, basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), el número total de empresas activas en Argentina descendió a 488.177. Esta cifra se sitúa apenas a un paso del piso histórico de 486.782 unidades productivas alcanzado en septiembre de 2021, durante el punto más crítico del aislamiento por la pandemia de Covid-19.
La diferencia sustancial que marca el informe es que, mientras en el 2021 el factor de cierre fue sanitario, en la actualidad la destrucción responde a una combinación de políticas de libre importación, recesión y una caída abrupta del consumo interno. El sector fabril perdió en términos globales 3.025 fábricas, siendo la rama textil y de calzado la más golpeada con las 724 unidades mencionadas por Brügge, aunque el informe general de la UTN eleva la cifra del rubro a 753 si se incluye calzado.
Voces de la industria: «Nos hacen bullying»
Los representantes de las cámaras empresarias que expusieron en el Congreso describieron una situación de asfixia terminal. Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, graficó el malestar del sector con una frase lapidaria: “A veces pienso que a los textiles nos hacen bullying”. Fasano advirtió que las ventas cayeron un 33% y que la presión impositiva, que grava las ventas en un 42%, impide cualquier posibilidad de mejora salarial o inversión.
En sintonía, Daniela Rabinovich, titular de la Federación de Indumentarias y Afines, remarcó que el sector no solicita privilegios, sino condiciones razonables para competir. Destacó el valor estratégico de la confección por su capacidad de generar empleo federal e inclusivo.
Por su parte, Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, denunció que la industria es víctima de una «usura de la patria financiera» y reclamó un rol activo del Estado para frenar el deterioro social derivado de la crisis.
La competencia con las plataformas de comercio electrónico chinas también fue un punto del debate. Carolina Carregal, gerenta de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), contrastó la situación local con las tendencias mundiales y subrayó que, mientras países como México, Brasil y naciones de la Unión Europea suben aranceles o controles a la producción asiática, Argentina optó por bajarlos.
Cruces políticos y reclamo de emergencia PyME
El debate en comisiones no estuvo exento de fuertes cruces políticos. Diputados del oficialismo y del PRO cuestionaron los reclamos, tildando al sector de estar «sobreedulcorado» con proteccionismo estatal o acusándolo de evasión fiscal. Estas posturas fueron rechazadas por empresarios como Leo Bilansky, quien responsabilizó directamente al DNU 70/23 y a la Ley Bases por la situación.
Bilansky, junto a otros referentes como Carlos Volpe (propietario de Sweeper), Carlos Elizalde (Cámara de Indumentaria de Pergamino), Federico Rodríguez (CAYBIN) y Eduardo Levy (Cámara Textil de Santa Fe), exigió el tratamiento urgente de una Ley de Emergencia PyME que atienda las necesidades del sector.
El plenario concluyó con la advertencia de que la capacidad instalada en las fábricas textiles oscila apenas entre el 27% y el 32%. Con este diagnóstico, el reclamo generalizado de los industriales al Congreso fue la necesidad de medidas que «saquen la soga del cuello» a las empresas que aún resisten, bajo la premisa de que «nadie se reconvierte si está muerto».
