El impacto en el gobierno nacional de las medidas asumidas en los 72 días de gestión
El Nuevo Testamento en Gálatas 7 [1] dice: “No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra”.
Y este gobierno no va a ser la excepción. En 72 días produjo una brutal y regresiva distribución del ingreso al devaluar nuestra moneda en más de un 100% no bien inició la gestión y liberar los precios, medidas que fueron adoptadas con el grado de concentración económica imperante, en el que son contados con los dedos de una mano las empresas que fijan el importe de la harina, del arroz, del maíz, del aceite, de la leche, de la yerba, del azúcar, de la carne de vaca, de pollo, de cerdo, de los medicamentos, etc. También del combustible, del aluminio, del cemento, del acero e igual con los servicios de luz y gas, con mercados cautivos, los que se prestan a “ajustar” sus valores sobre un costo que nunca se da a conocer.
En lugar de emplear la fertilidad de nuestro suelo y la rica naturaleza energética y de minerales de todo tipo que la Argentina cuenta para abastecer a un valor razonable a la población y posibilitar su industrialización y, de esa manera, generar trabajo local, el gobierno de Javier Milei es funcional a la proclama del embajador Marc Stanley: “El mundo necesita lo que tiene la Argentina” [2].
Javier Milei en función de ese mandato es que afirma “que en la Argentina está prohibido limitar las exportaciones” y que se debe reducir el déficit fiscal. Jamás dice que la causa de que nos privemos de consumir y de vernos obligados a vender alimentos y combustibles al exterior para obtener divisas, así como del déficit fiscal generado, es una deuda externa por más de 100.000 millones de dólares tomada en el gobierno de Cambiemos, de la que nunca se investigó en qué se empleó.
Si uno dijera que con esa suma se recuperaron los puertos, esencialmente el de Rosario, que se construyen barcos y que tenemos nuestra línea marítima de bandera, o que se construyeron un millón de viviendas, cuando no se compró un ladrillo.
A su vez, el Estado nacional debe adquirir los dólares a los exportadores con sus ingresos en pesos y esa operación significa emisión de dinero (ingresan dólares al BCRA pero, a cambio, el BCRA emite dinero por esas divisas). Para que ese dinero emitido no vaya al mercado paralelo, la autoridad monetaria coloca títulos de deuda (Lebac, Leliq, Notaliq y pases pasivos) que son encajes remunerados (retenciones de dinero que hace el BCRA), que tomaron dimensiones extraordinarias, alcanzando a ser más de dos veces la base monetaria y pagando por ello intereses a los bancos en pesos, pero por un equivalente a 2.000 millones de dólares por mes.
El nivel y la magnitud del endeudamiento se agravó considerablemente durante la gestión encabezada por Alberto Fernández, que de las reservas internacionales del BCRA les vendió a precio oficial las divisas a las empresas privadas para que cancelen su deuda externa.
Los endeudamientos de Cambiemos y del Frente de Todos tornan imposible pagar la suma de deudas externas. Situación que se torna más compleja cuando 13 provincias [3] desde 2016 también se endeudaron por 16.334 millones de dólares.
De allí que cuando Milei dice que la causa de la inflación es el déficit fiscal, propone llevar todo el gasto público consolidado (se denomina gasto público argentino) al 25% del PIB y pretende comprometer a las provincias en ese objetivo con la firma de un pacto el 25 de mayo de 2024, desconociendo la realidad, es funcional a la venta, a como dé lugar, de recursos y activos del país
Según la Secretaría de Hacienda de la Nación, el gasto consolidado promedio (2009-2021) del gobierno nacional alcanza el 24,4% del PIB (27,5% en 2020 y 24,3% en 2021); el de la CABA y las provincias, el 15,7% (16,5% en 2020 y 15,1% en 2021), y el de los municipios, el 3,3% (3,5% en 2020 y 3,4% en 2021); lo que suma 43,5% del PIB.
El discurso de Javier Milei sobre recortar el excedente del gasto político en todo el país no alcanza a ser el 4% del PIB. Por eso propone la recreación del sistema de capitalización privada previsional (retorno a las AFJP) y que las obras públicas se hagan bajo el sistema de participación público privada (PPP), en un retiro del Estado que sucede en países como Chile, Perú, Paraguay, los hermanos países de América Central, pero no en Brasil que en el año 2023 el gasto público total significó el 43,49% de su PIB. Tampoco en España, en donde el gasto estatal fue del 48,72% del PIB, ni en Francia, que fue del 54,3% del PIB, y tampoco en Japón, que significó el 42,77% de lo que produjo en el año.
La Argentina tuvo una destacada labor en la lucha contra el COVID gracias a las políticas estatales de salud, que tuvieron que reemplazar el caro e ineficiente sistema privado. Y este país creció sostenidamente y a una tasa promedio del 3,4% anual entre los años 1943-1974, básicamente, por el gasto estatal y el consumo interno. Y se degrada hasta llegar a ser lo que es hoy con niveles de pobreza que rondan al 60% de la población, por la política de ajuste fiscal y de disminución de la demanda interna para aumentar los saldos exportables
Es más, los países que tienen mayor gasto fiscal son los más desarrollados y los que menos tasas de inflación sufren. Japón tuvo una tasa de inflación del 2,6% anual en el año 2023. España de 3,5% anual, Francia 4,9% anual y Brasil 4,62% anual.
También es mentira la relación entre inflación y emisión monetaria. El mismo Javier Milei, en su discurso, se jactó de que la base monetaria es solo el 3% del PIB, cuando en los países de mayor gasto público la base monetaria es seis, siete y hasta ocho veces mayor sobre el PIB y la tasa de inflación no supera en ningún caso el 5% anual. La Argentina de Milei a enero de 2024 tiene una inflación anual de 254,2% y es la mayor tasa del mundo [4].
El pacto del 25 de Mayo
En ese marco lineal y no corroborado por la realidad, Milei propone a las provincias acordar en 10 temas, como las tablas de Moisés, cuando, de este gobierno, las provincias reciben:
- Una coparticipación real que desciende día tras día por una menor recaudación nacional.
- A eso se le suma el recorte de las transferencias nacionales, incluida la suspensión del FODIN —Fondo de Incentivo Docente—; del Fondo Compensador del Interior con lo que se subvencionaban las líneas de colectivos del interior; y del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
- La limitación y hasta la eliminación de los fondos fiduciarios PROCREAR (construcción de viviendas); del Fondo de Vivienda Social; del Fondo de Protección de Bosques Nativos; del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, etc.
- La caída de los propios impuestos locales (fundamentalmente, el Impuesto a los Ingresos Brutos) dado el menor nivel de actividad interna por la disminución del consumo y del gasto público.
- El aumento por la devaluación del pago de las 13 provincias que deberán afrontar, en lo que resta del año, vencimientos de su deuda externa por 1.770 millones de dólares, que deberán ser cancelados con reservas del Banco Central. La provincia de La Rioja no pudo pagar 26 millones de dólares de los intereses en febrero de 2024, por lo que inicia una ronda de consultas con sus bonistas.
- Por supuesto, la mucho menor asistencia a los comedores comunitarios del Ministerio de Capital Humano de la Nación implica que las provincias y sus municipios deban correr con esa cada vez mayor tarea.
- El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial fue empleado por el ministro Sergio Massa para que las provincias con más dificultades presupuestarias llegaran a finalizar el año 2023. Era una deuda en pesos, pero ajustada por la inflación. En el caso de la provincia de Chubut, el gobernador Mariano Arcioni, que contrajo la deuda (ajustada a febrero de 2024 es de 119.091 millones de pesos), no afrontó su pago que es mensual y se comenzó a abonar en febrero de 2024 (el vencimiento es de 13.800 millones de pesos). La devaluación de más de un 100% que se refleja en la inflación acumulada de diciembre y enero del 50,1%, más la crítica situación fiscal provincial, hace que el gobernador Ignacio Torres le pida al Banco de la Nación Argentina (que es el agente fiduciario), al Ministerio de Economía y al ministro del Interior del gobierno de Milei, una refinanciación para poder pagar. La respuesta fue negativa, pero el ministro de economía de Chubut, Facundo Ball, publicó en las redes sociales: “Señor ministro, quiero agregar a sus mails para exponer las mentiras y la mala fe de su gobierno los mensajes que tengo en mi teléfono. Y desmiéntame si no le comunicó exactamente lo mismo al gobernador diciéndome que es político y es una decisión personal de Milei”. Esa decisión personal de Milei hizo que el Banco de la Nación Argentina le retuviera la garantía que es el Fondo de Coparticipación Federal de Impuestos por los 13.800 millones de pesos. Paralelamente el juez federal de Chubut negó facultades al DNU para confiscar la coparticipación y la provincia la percibió al día siguiente (jueves 29 de febrero 2024).
En síntesis
El “Pacto del 25 de Mayo” es la misma receta liberal y funcional al poder económico local y extranjero que opera en el país, en desmedro de la población a la que quiere empobrecer más para que disminuya el consumo de energía y alimentos y aumenten de esa manera los saldos exportables, llegando a decir que el menor consumo frena el proceso inflacionario, pero no dice a qué costo.
Sí, lo decía claramente Roberto Dromi en su decálogo menemista: “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado” y Milei lo repite con la defensa de la propiedad privada y que el Estado debe propiciar, como es el caso del Régimen para Grandes Inversiones (RIGI), que se creaba en el proyecto de Ley Ómnibus en 68 artículos que indicaban una amplia gama de exenciones impositivas igual a la promoción fiscal que rige para las ensambladoras de Tierra del Fuego o para la industria del conocimiento, que le ahorra a Marcos Galperín 88 millones de dólares anuales en impuestos, y que va a enviar como proyecto de ley al Congreso de la Nación.
- La inviolabilidad de la propiedad privada.
- El equilibrio fiscal innegociable.
- La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
- Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
Nota: Obviamente no se plantea el equilibrio fiscal ni la reforma tributaria cobrando impuestos a los ricos y, menos que menos, la investigación de la deuda y de la evasión fiscal que propone el proyecto del senador Oscar Parrilli (Expediente 535/22 – Senado de la Nación).
- La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
Nota: En cuanto a coparticipación federal de impuesto, se debe reclamar el cumplimiento de la disposición transitoria 6.ª de la Constitución nacional, sobre que el congreso debía, y no lo hizo, sancionar una nueva Ley de Coparticipación
- Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
Nota: La misma Constitución nacional de 1994 le cede los recursos naturales a las provincias y es el principal interés del capital extranjero (Marc Stanley dixit).
- Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
Nota: La aberración del Capítulo 4to del DNU 70/23 que la Justicia Argentina dio lugar al reclamo de las centrales sindicales por violaciones flagrantes al derecho de los trabajadores
- Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
Nota: Para seguir reduciendo el gasto público requiere pagar cada vez menos de jubilaciones y pensiones y propone el retorno del sistema de capitalización
- Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
- La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
En lugar de asociarnos y fortalecer los acuerdos del Mercosur, Unasur, Celac y con los BRICS ampliados, propicia una subordinación a los Estados Unidos y al capital financiero internacional (Marc Stanley dixit) para que seamos un mero proveedor de materias primas, combustible y alimentos a los países desarrollados
La pregunta obligada es por qué las provincias acordarían con el pacto del 25 de Mayo; solo tiene negocios puntuales a costa del ambiente y del empobrecimiento de la población. Si así lo hicieren, les caben los artículos 29 y 119 por traición a la patria.
