Edición n° 2761 . 13/06/2024

Cortocircuito en el área energética/Desencuentro de funcionarios entre sí y con empresas del sector

La crisis del gas abrió grietas y acusaciones cruzadas entre funcionarios. Reproches y desconfianza de grandes empresas.

( Raúl Dellatorre / Páginas 12 / Motor Económico ) Los ecos del conflicto por el estres en el abastecimiento de gas antes de que finalizara mayo siguen rebotando en las paredes de varios despachos y nadie se animaría a garantizar que es un «problema superado», cuando por delante está el invierno. Abundan los cuestionamientos cruzados, la figura de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía, quedó en el centro de las acusaciones, y la ausencia de coordinación entre diversas áreas y organismos del Estado de un mismo sector quedó a la luz. Tarifas y subsidios, ajuste fiscal e inflación, gestión pública y la relación con grandes empresas, son algunos de los espacios en donde se observa un reordenamiento de posiciones que derivaría en más novedades en las próximas horas.

El barco de transporte de GNL (gas natural licuado) de Petrobras estaba anclado en la terminal de Escobar, sobre las costas del Paraná de las Palmas, desde antes del viernes 24 de mayo. Pero recién empezó a descargar el líquido combustible hacia la planta regasificadora del mismo puerto el miércoles 29 a las 9 de la mañana. La demora, que estiró casi en una semana la resolución del problema de falta de gas para las estaciones de servicio de GNC y para algunas industrias, puede ser explicada desde el punto de vista «administrativo» o por razones políticas. Veamos.

«Hubo un problema con la carta de crédito que presentó Argentina, el viernes 24 la empresa (Petrobras) la rechazó y, por supuesto, ya lo solucionamos», explicó el vocero Manuel Adorni el miércoles 29. Pero el problema administrativo se transformó en político cuando la falta del suministro se convirtió en desabastecimiento. ¿Y cual es la explicación?

Petrobras, desde hace 10 días, tiene nueva presidenta. Magda Chambriard no sólo se referencia políticamente con Lula Da Silva, sino que además es una funcionaria muy cercana a a Dilma Rousseff, quien ante de ser presidenta de Brasil fue ministra de Energía, y actualmente es titular del Banco de Desarrollo del BRICS. Institución con la que Argentina, hasta el año pasado, tenía una muy estrecha relación y hasta se diría que preacordado un respaldo financiero importante durante este año si se confirmaba el ingreso del país al BRICS.

Milei no sólo rechazó violentamente la posibilidad de participar del BRICS sino que además trató de forma despectiva e indecorosa a Lula y a Dilma, además de no ocultar sus simpatías por Jair Bolsonaro, acusado entre otras perlas en su trayectoria, de promover el intento de asalto al Congreso el 8 de enero de 2023, en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, a una semana de la asunción de Lula como presidente. Fuentes vinculadas al comercio entre ambos países confirman lo que era ya una presunción fuerte: la actitud de Petrobras hacia la Argentina en los negocios será, desde ahora, «a cara de perros», y la negación a desembarcar el GNL sin el «perfeccionamiento» del documento de pagos es sólo una muestra.

El contrato de compra de diez barcos de GNL a Brasil, cuya entrega se completará entre el mes de julio y primera semana de agosto, fue firmado por la gestión anterior de Petrobras y se cumplirá, pero bajo estricto control de las condiciones de pago acordadas. Argentina debe desembolsar, en total 580 millones de dólares por la operación. Fuentes especializadas aseguran que el precio por tonelada de la compra del GNL es muy superior (se habla de «hasta un 80 por ciento») al abonado por el gobierno anterior, en 2023. Simplemente, porque el año pasado se adquirió por licitación, y la actual operación fue por compra directa y en situación de emergencia, pagando el llamado precio spot (contado y entrega inmediata). ¿Imprevisión o inoperancia?

Ajuste y tarifas


El Gobierno prevé definir esta semana, según informó este sábado la agencia Noticias Argentinas, el incremento que se aplicará sobre el precio de la energía mayorista, lo que permitirá conocer hasta donde llegarán los aumentos en las tarifas de luz y gas durante junio. Consultoras privadas estiman que los aumentos podrían rondar el 40 por ciento, señala la columna de José Calero, de dicha agencia.

El objetivo es reducir subsidios por unos 130 millones de dólares mensuales en el invierno. El incremento se aplicará sobre el precio de la energía mayorista, uno de los tres componentes principales que integran la tarifa, junto con el transporte y la distribución.

El Gobierno ya definió que mantendrá en junio el congelamiento de las tarifas en transporte y distribución, con la meta de reducir el impacto de las subas sobre los índices de inflación. Pero, a su vez, busca seguir achicando el costo fiscal.

El apuro por mostrar resultados en la lucha contra la inflación choca con la intención de seguir reduciendo el costo de subsidios residenciales. Pero en su afán de demostrar resultados en materia fiscal, también empujó el retraso del pago de la energía a generadoras eléctricas y proveedoras de gas a Cammesa. Una madeja que se sigue enredando por una mezcla de inconsistencia en la política económica, inoperancia en el manejo del Estado y fallas de diagnóstico.

Un ejemplo de todo ello: los incumplimientos de pagos a empresas energéticas y el desprolijo manejo de la mayor demanda de gas por el frío (que todos menos el gobierno parecían saber que ocurriría como una de las consuecuencias del cambio climático, que el gobierno niega), parecen haber alejado intenciones de inversión en el sector, más de lo que le pueda atraer una abollada Ley Bases y el régimen de incentivos que incluye.